Estados Unidos, 30 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que limita las admisiones de refugiados a un máximo de 7,500 personas por año, el número más bajo desde la creación del Programa de Admisión de Refugiados en 1980. La medida representa un giro radical en la política migratoria estadounidense y ha generado preocupación entre organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. 
La nueva directriz establece criterios de selección más estrictos y da prioridad a solicitantes provenientes de Sudáfrica, particularmente a personas blancas de origen afrikáner, bajo el argumento de que enfrentan “discriminación injusta o ilegal”. La Casa Blanca justificó la decisión como parte de una estrategia para “proteger los intereses nacionales” y “revisar el sistema migratorio en función de amenazas emergentes”.
En su red Truth Social, Trump escribió: “Estados Unidos no puede seguir admitiendo refugiados sin control. Esta medida garantiza que quienes realmente lo necesitan y comparten nuestros valores tengan prioridad”. La publicación fue acompañada de cifras sobre el número de refugiados admitidos en años anteriores, comparándolos con los nuevos límites.
Diversas organizaciones, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han expresado su rechazo a la medida, señalando que la selección basada en criterios étnicos contradice los principios del derecho internacional humanitario y podría sentar un precedente peligroso en materia de discriminación institucional.
El Departamento de Estado deberá implementar la nueva política a partir del 1 de diciembre, lo que implicará la revisión de miles de solicitudes pendientes. Hasta el momento, no se han anunciado excepciones para casos urgentes o de reasentamiento por razones médicas o familiares.
La orden ejecutiva se suma a una serie de decisiones recientes que han endurecido la política migratoria de Estados Unidos, incluyendo la suspensión de programas de reunificación familiar y la reducción de visas humanitarias.
Analistas advierten que esta nueva postura podría tensar aún más las relaciones con organismos multilaterales y con países que históricamente han colaborado en el reasentamiento de refugiados.
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