Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. La reforma a la Ley de Amparo es un nuevo golpe a este medio legal que nos protege frente a actos de la autoridad que violen los derechos de los ciudadanos.
Los senadores la quieren aprobar la semana que entra, luego de una consulta exprés a especialistas, convocada para lunes y martes próximos.
Expertos en derecho, organizaciones civiles, académicos, han advertido los riesgos de quedarnos indefensos ante cualquier arbitrariedad de una autoridad, si la iniciativa no se modifica.
¿Que riesgos ven expertos consultados?
1.- La reforma restringe las suspensiones en amparos contra normas generales, haciendo que los efectos de una sentencia sólo beneficien al demandante individual, no a la sociedad en general.
Esto deja en indefensión a colectivos y personas sin recursos para litigar individualmente, vulnerando tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.- Al debilitar el amparo —principal mecanismo para impugnar actos de autoridad que violen la Constitución—, se reduce la capacidad de los ciudadanos y empresas para contrarrestar decisiones arbitrarias del gobierno.
Esto podría fomentar un “cierre del acceso a la justicia”, especialmente para opositores y colectivos.
3.- Reduce la certeza jurídica al limitar la defensa contra regulaciones abusivas, lo que eleva las primas de riesgo para inversionistas.
Las empresas enfrentarían mayores vulnerabilidades regulatorias, encareciendo el financiamiento y desincentivando la inversión extranjera y nacional.
4.- En materia penal, complica la revisión de prisión preventiva y facilita su aplicación sin contrapesos, aumentando el riesgo de detenciones arbitrarias.
Ese es el segundo trancazo que Morena y rémoras le dan a ese contrapeso contra el abuso en el poder. El primero fue de López Obrador en 2024. Le quitó al amparo sus efectos generales.
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Gerardo Laveaga, abogado, escritor y académico, advierte que algunos gobernadores y presidentes municipales –no especificó cuales– deben de estar felices con las modificaciones a Ley de Amparo.
“Podrán amenazar con revocar permisos a dueños de bares, restaurantes y otros negocios, sabiendo que no se concederán suspensiones. La extorsión oficial se disparará”, vaticinó.
Los morenos se rehusaron a convocar un parlamento abierto para discutir a fondo los cambios a la Ley de Amparo que protege libertades y derechos constitucionales.
La presión mediática los llevó, eso sí, a programar la mencionada consulta exprés “para escuchar opiniones” de expertos.
Esa forma precipitada de legislar un tema tan delicado no gustó nadita en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ana María Kudisch, presidenta de la Barra, dice de la consulta fast track:
“Nos están dando un jarabe para la tos. Lunes y martes nos van a convocar para que hablemos cinco minutos y con eso creen que ya nos dieron garantía de audiencia.
“Van a sacar la reforma en fastrack y como ellos quieren. Eso es lo que preocupa a la abogacía colegiada.”
En la Barra Mexicana Colegio de Abogados hay 9 mil abogados especializados en 40 materias de derecho que, según Kudisch, están en la mejor disposición de hacer un trabajo “probono.”
Un reclamo reiterado en la charla con la presidenta de la Barra es que el oficialismo no los escucha.
“Hay cosas en la Ley de Amparo que son poco claras. Van a hacer dudar a los jueces de cómo resolver. Y cuando un juez duda de como resolver, va a haber múltiples criterios.
Agrega:
“Eso nos tiene sumamente frustrados. Han lastimado a la abogacía mexicana de una manera inaceptable, y al lastimar a la abogacía mexicana, lastiman a las personas que quieren tener acceso a la justicia.
“Han ido minando que la gente pueda defenderse de la autoridad. Es gravísimo porque lastima tus derechos humanos, tu libertad, tu acceso a la justicia”.
Para los expertos sería ideal que modificaran el proyecto de Ley después de una profunda reflexión colectiva. No se engañan. Saben que Morena no le mueve ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, destaca que la demanda de juicio de amparo se ha incrementado, porque no hay acceso a derechos básicos como la salud misma.
Destaca que hay 631 mil juicios de amparo en lo que va de ese año. Esto representa un incremento del 18% respecto al 2018.
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El asesinato del estudiante Jesús Israel, en el CCH Sur, encendió las alertas en la UNAM.
Nos confirman que hay discusiones de las autoridades universitarias con alumnos y padres de familia de ese plantel, sobre los ajustes que a los protocolos de seguridad.
“Por instrucciones del rector Leonardo Lomelí, se está trabajando fuerte para atender problemas puntuales, como los de una riña en la FES Acatlán, o la detención de sujetos que amenazaron a vigilantes y resultaron narcomenudistas”, dicen en Rectoría.
Agregan: “La UNAM trabaja para que no haya espacio para la violencia.”
FIN.
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