Oaxaca de Juárez, 16 de abril. La reducción de la jornada laboral en México ha emergido como una de las principales iniciativas en la agenda legislativa y política de 2025. La propuesta busca modificar el artículo 123 de la Constitución para reducir la semana laboral sin afectar el salario, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y alinear al país con estándares internacionales, lo que supondría un cambio significativo en el modelo laboral mexicano. A continuación, te contamos los aspectos clave de esta propuesta, el estado actual del proceso legislativo, a quién está dirigida y las implicaciones que tendría tanto para empleados como para empleadores.
¿En qué consiste la jornada laboral reducida que se quiere implementar?
La iniciativa propone una reducción de la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, estableciendo dos días de descanso por cada cinco laborados, sin afectar el salario de los trabajadores. Este cambio busca mejorar la calidad de vida de los empleados, fomentar el bienestar físico y emocional, y alinear a México con los estándares internacionales, ya que se encuentra actualmente entre los países con más horas de trabajo al año, según datos de la OCDE. No obstante, la reforma no implicaría un cambio inmediato, ya que una de las propuestas centrales que se están discutiendo en el Congreso contempla su implementación de forma progresiva.
Algunas de las iniciativas presentadas en 2025 plantean periodos diferenciados para que micro, pequeñas y medianas empresas tengan más tiempo para adaptarse al nuevo esquema. Aunque esta gradualidad ha sido una constante en el discurso de legisladores y representantes del sector productivo, aún no se ha definido un cronograma oficial ni reglas específicas. Por tanto, más que una decisión firme, la aplicación escalonada es una intención que forma parte del debate legislativo actual y podría ajustarse conforme avancen las negociaciones y se logre consenso.
La propuesta ha sido impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la ha presentado como un compromiso prioritario desde el inicio de su administración. La reforma cuenta con el respaldo de la bancada oficialista de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, así como de legisladores de Movimiento Ciudadano, lo que muestra una voluntad política transversal para avanzar en este cambio. El argumento central que sustenta esta iniciativa es la necesidad de modernizar el marco laboral y de garantizar condiciones de trabajo más humanas. Diversas organizaciones sindicales también han manifestado su apoyo, al considerar que esta medida representa un avance en los derechos laborales.
Estatus legislativo actual de la reforma
Actualmente, la reforma se encuentra en proceso de análisis dentro del Congreso. Aunque en 2023 ya se había aprobado un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, este no fue votado en el pleno antes de concluir la legislatura pasada. En 2025, la nueva legislatura ha retomado el tema con al menos seis iniciativas similares presentadas. Un grupo de trabajo especial coordina la discusión, organizando foros de parlamento abierto con participación de trabajadores, empresarios, académicos y representantes del gobierno.
Aunque aún no hay una fecha establecida para la votación en el pleno, los legisladores de Morena y aliados han manifestado su intención de avanzar con la reforma durante 2025. El grupo de trabajo creado en la Cámara de Diputados ha estado coordinando foros de parlamento abierto para recoger opiniones de todos los sectores involucrados. Si se logra construir un dictamen con consenso, este podría someterse a votación en alguno de los dos periodos ordinarios del año. No obstante, al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación dependerá de que se alcance mayoría calificada en ambas cámaras y la ratificación de al menos 17 congresos estatales, lo que implica un proceso legislativo complejo y sujeto a negociaciones políticas.
¿A quién se dirige la reforma?
La propuesta busca establecer la jornada máxima de 40 horas como un nuevo estándar general aplicable a toda persona trabajadora en México. Sin embargo, aún se analizan excepciones y particularidades que podrían presentarse en sectores como el transporte, el comercio, la salud o la industria manufacturera, donde las jornadas extendidas o la operación continua son comunes. La intención legislativa es diseñar un marco normativo que pueda adaptarse a las realidades de cada sector, sin que ello implique dejar sin efecto el derecho a una jornada digna. En los foros organizados por el Congreso, se ha subrayado la importancia de que esta reforma contemple modelos flexibles que aseguren su viabilidad operativa en distintas actividades económicas.
Impacto esperado en trabajadores y empresas
Para los trabajadores, el impacto esperado es principalmente positivo. Disponer de dos días de descanso semanales tendría efectos directos sobre su salud, productividad y bienestar general. Al contar con más tiempo libre, se abrirían espacios para la convivencia familiar, el autocuidado, la formación profesional y otras actividades personales. Además, el hecho de que no se reduzca el salario refuerza el carácter redistributivo de la medida. En cuanto a las empresas, el escenario es más complejo. Si bien muchas organizaciones podrían enfrentar ajustes operativos, contratación de personal adicional o reestructuración de turnos, también existen oportunidades de optimización y mejora en la gestión del tiempo laboral. Sectores empresariales han solicitado que la reforma se implemente con gradualidad y flexibilidad. De hecho, algunas cámaras industriales han planteado que, con un enfoque técnico adecuado, el cambio podría incluso favorecer una mejora en la productividad. El gobierno, por su parte, ha reiterado que acompañará el proceso con medidas de apoyo para facilitar la transición, especialmente en sectores sensibles y en empresas con menos capacidad de adaptación.
Foto: Freepk
Compartir
