Oaxaca de Juárez, 13 de julio. El terrorismo es la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, según el diccionario de Oxford Languages. México cumple con la definición. Llevamos mucho tiempo con hechos que infunden terror y atemorizan a la población.
El último evento con estas características ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, zona metropolitana de Guadalajara. Un hecho que, por sus características, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, calificó de “acto de terror brutal”.
Los elementos de la fuerza pública agredidos acudían al lugar donde una madre buscadora fue informada de que había restos humanos. Era una emboscada.
La llamada fue el imán para atraerlos al lugar donde los delincuentes hicieron explotar siete minas (una octava falló) matando a seis policías e hiriendo a otros doce.
Sí, leyó usted bien, minas como las que se usan en las guerras fueron utilizadas en Jalisco para atacar a las fuerzas de seguridad.
El ataque llevó al gobernador Alfaro a suspender las labores de búsqueda de fosas clandestinas.
A esos niveles han llegado los ataques de la empoderada delincuencia organizada, que quita y pone alcaldes en diversas regiones del país, reconoce el propio AMLO.
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El rosario de agresiones inició hace dos semanas con siete descuartizados en Chilpancingo, Guerrero. El mismo día asesinaron cinco taxistas allí mismo y en Tixtla. Ayer mataron a uno más.
Siguió el coche bomba en Celaya, los policías secuestrados en Chiapas, los desplazados por la disputa en este estado entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
El cuadro de horror se completa con el asesinato de la fiscal antisecuestros en Colima, los colgados en Paseo Toyoacan de Toluca; los nueve asesinados en la Central de Abastos de la capital del Edomex, los cinco fusilados en Apodaca, Nuevo León.
Hemos llegado al extremo de que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, tuvo que irse a vivir por tiempo indefinido a un cuartel, luego de recibir amenazas de grupos de la delincuencia.
Pero también a que el Poder Judicial determinara que los jueces de Colima regresen al trabajo a distancia, ante los riesgos que corren con el crimen organizado.
A esta crisis de violencia, el presidente López Obrador ha respondido con un discurso que la niega y culpa la prensa de “amarillismo.”
“La sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad, no sea exacto”, ha dicho en la mañanera.
Le molesta que se publique la realidad que vivimos. Ha llegado, incluso a pedir “autocontrol”, por no decir “autocensura”.
Su delirio lo ha llevado a afirmar que “vivimos en un país seguro”.
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En su afán para exhibirla como “corrupta”, AMLO sugirió a Claudio X. González –al que señala como patrón visible del Frente Amplio por México–, que pida al “Instituto de la Transparencia” (INAI) – información sobre los contratos que obtuvo Xóchitl Gálvez del gobierno de Fox, cuando era la delegada en la Miguel Hidalgo.
¿Se le habrá olvidado que tiene paralizado al INAI por falta de quorum? ¿No se acordará que fue él quien vetó a los nuevos comisionados de ese instituto elegidos por el Senado? Son preguntas.
Xóchitl no tardó en regresarle el descontón. En un mensaje desde Saltillo, donde realiza una gira proselitista, le dijo al presidente:
“Mi empresa es tan chingona que hasta su Gobierno nos contrata, pero nunca he recibido un cochupo ni un moche ni he recibido sobres amarillos”.
“Yo no me robé el dinero, yo no cobro en sobres amarillos, como sus hermanos. Yo cobro en transferencias electrónicas; entonces, que le busque, que le revise, que cheque.
“Es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía. ¿O acaso no lo sabe?”
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Morena puso como condición a los aspirantes a la candidatura presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, la renuncia a sus cargos.
Sheinbaum dejó la jefatura de gobierno; Marcelo la cancillería; Adán Augusto, la secretaria de Gobernación, Monreal la presidencia de la Jucopo en el Senado, Gerardo Fernández, la diputación, y Manuel Velasco el Senado.
Para evadir las leyes electorales que prohíben las campañas anticipadas –es lo que hacen las corcholatas– Morena alegó que se trataba de un proceso interno.
Pues ahora Mario Delgado, jefe nacional de Morena, quiere que las reglas internas del guinda las aplique el Frente Amplio por México con sus aspirantes a la sucesión de AMLO.
No hay Ley que obligue Creel a dejar la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro; a Xóchtil, Beatriz Paredes o Mancera al Senado.
Pero el líder morenista adelanta que presentará denuncias ante el INE “por uso indebido de recursos públicos.”
“Son funcionarios que están asistiendo en horarios hábiles y de trabajo a actos políticos, lo cual ha sido sancionado de manera sistemática por los tribunales electorales”, alegó
FIN.
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