Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Durante muchas semanas, me he resistido a escribir sobre el tema de los 43 normalistas desaparecidos. Uno se preguntaría ¿Qué queda por decir cuando el tópico ha sido repasado por miles de personas? Sin embargo, parecería que estamos atravesando por una etapa de descontento generalizado a causa de la entonces desaparición de 43 estudiantes de Normal de Ayotzinapa. No obstante, en esta ocasión me gustaría hablar del descontento silenciado, sin dejar de lado el ámbito internacional y cómo este mismo ha repercutido en el desprestigio de México en el extranjero.
Me gustaría comenzar mencionando que me uno al dolor de los padres que perdieron a un hijo en tan lamentables circunstancias, pero no puedo dejar de lado mi lógica y no puedo justificar a padres que exigen justicia ahora que deben lidiar con las consecuencias de la muerte de un hijo y no antes, cuando éste hijo se dedicaba a cerrar carreteras, tomas gasolineras e incendiar camiones en lugar de estar como cualquier estudiante en las aulas. De ahí que me pregunte por qué asociaciones como Human Rights Watch o Amnistía internacional recriminan a México un crimen de Estado, cuando lo ocurrido no fue producto de una política propia del mismo, sino una decisión reprobable de un presidente municipal inmiscuido en el crimen organizado.
“México mata estudiantes”, vemos en las pancartas, alegando que las víctimas se les desapareció por el hecho de ser estudiantes, y no por el hecho de ser jóvenes que cometían todo tipo de acciones, menos las que caracterizan a cualquier estudiante común. Siendo igualmente reprobable lo cometido, no podemos seguir permitiendo que en el escenario internacional se tache a México de maquinar toda una guerra sucia en contra de estudiantes, cuando esa no era la ocupación de estos jóvenes.
La comunidad internacional sí debe reprocharle a México la falta de transparencia en las instituciones; los partidos políticos sí son responsables de que sus candidatos formen parte de células delictivas, y los votantes sí somos responsables de quiénes ponemos en el poder. Ayotzinapa sólo es producto de la poca capacidad que tiene el Estado de repartir justicia equitativamente, el Estado sí es responsable de justificar las acciones reprobables de los estudiantes, de hacer pintas en las calles, de quemar camiones, de tomar gasolineras y cerrar carreteras porque esos son delitos que a nadie (y mucho menos alguien que se precie de ser estudiante), se le deben de aceptar.
Hoy México enfrenta la dura tarea de mejorar su imagen ante el mundo, si no quiere que el desprestigio de ésta cause más cierres comerciales o extrañamientos de países importantes en nuestras relaciones exteriores, más nunca se logrará lo anterior con la pasividad que muestran los gobiernos de resolver esta situación, y dejando que sean los activistas (que muchos de ellos lucran con el dolor ajeno), quienes expongan los fracasos del Estado de Derecho.
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