Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. La captura de Hernán Bermúdez Requena, acusado por la Fiscalía de Tabasco de ser el líder del grupo criminal llamado La Barredora, fue realizada aparentemente el viernes pasado en un suburbio de Asunción, la capital paraguaya, que es una ciudad que se parece a Toluca y que sobresale por el lujo de sus mansiones. Nueve meses llevaba buscándolo el gobierno mexicano, que llegó a pensar hace no mucho que podría estar en Puerto Rico, negociando con Estados Unidos ser testigo cooperante. Se acabó la búsqueda, y funcionarios mexicanos hicieron trascender un video de la captura, rápida y limpia, con la que se realizó la acción.
El buen cierre de semana para la presidenta Claudia Sheinbaum abre, sin embargo, un nuevo frente de batalla con su mentor Andrés Manuel López Obrador, quien, cuando el gobernador de Tabasco, Javier May, denunció a Bermúdez Requena y, a manera de acusación, pidió que los exgobernadores Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y Carlos Merino, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, rindieran cuentas, le pidió a su sucesora que los cuidara. Los dos son parte de una estructura criminal que está investigando el gobierno de Estados Unidos que toca al expresidente.
Sheinbaum siguió la petición de su antecesor, pero la terquedad del senador López de no poner de su parte, haciéndose cuando menos a un lado de la coordinación en el Senado, al tratar de mantenerlo alejado del escándalo, fue imposible. La presidenta le ofreció a mediados de agosto ser embajador, pero el senador doble A se negó, le dijo que no dejaría la coordinación y que él, como decía en público, no sabía de las actividades criminales de Bermúdez Requena.
En Palacio Nacional han comentado que la principal presión que ha realizado Estados Unidos en las últimas semanas tiene que ver con el senador, pidiéndole que le abran una investigación y lo lleven a proceso, apoyando sus exigencias con documentos sobre sus presuntas actividades criminales. Merino, sobre quien no existen esas demandas estadounidenses, ha metido la cabeza en un hoyo, y la presidenta tampoco ha actuado en su contra.
Las contradicciones dentro del régimen barren a todos.
La semana pasada se planteó en este espacio la puesta en marcha de un encubrimiento huachicolero que, aunque estaba ubicado en el contexto del caso contra los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, por el tema del huachicol fiscal y la corrupción en las aduanas, está conectado con los involucrados en las investigaciones contra Bermúdez Requena y que, de acuerdo con las investigaciones en México y Estados Unidos, involucran al senador doble A y a dos hijos del expresidente: Andrés (Andy), con el tema del buque asegurado en Altamira, y Gonzalo López Beltrán, en el ferrocarril transístmico.
La organización criminal La Barredora, según la investigación estadounidense, era parte del entramado criminal que se construyó en el sexenio pasado al amparo, sostienen sus hallazgos, de Palacio Nacional. Bermúdez Requena –se desprende de éstos– era un instrumento de funcionarios importantes en el régimen, que lo habían respaldado. Las investigaciones permitirían llegar al senador López, al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, y a un racimo de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, así como operadores políticos de Morena, para que fueran a declarar ante el Ministerio Público y deslindar responsabilidades.
La profundización de esta investigación en México es lo que está en duda que suceda. Para botón de muestra: unas 72 horas antes de que se anunciara la captura de Bermúdez Requena, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo, a una pregunta específica en la mañanera presidencial, que no era posible llamar a declarar al senador López hasta no detenerlo. No es cierto. La fiscalía debió haberlo llamado a declarar, al igual que a Merino, por las imputaciones que hizo en su contra el gobernador de Tabasco, Javier May, no por ser culpables de algo –hasta que se les demuestre lo contrario–, sino para que aporten ante el Ministerio Público lo que sepan de su excolaborador.
La acción de Gertz Manero no es nueva. Utilizó el mismo modus operandi con el gobernador Rubén Rocha Moya, que no ha rendido declaración pese a ser imputado por el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de colaborar con la organización criminal, y que su fiscalía alteró la investigación del asesinato del diputado Héctor Melesio Cuén, su enemigo político. El común denominador de todos ellos es la estrecha relación que tienen con López Obrador.
La captura de Bermúdez Requena desveló también problemas de coordinación o comunicación en el gabinete de seguridad. Un comunicado del gabinete de seguridad colocado en la plataforma X el 12 de septiembre señaló que se había logrado la captura de Bermúdez mediante una “operación conjunta” del gabinete de seguridad mexicano, en colaboración con las autoridades paraguayas, con quienes se instrumentaron las acciones “necesarias” con el gobierno sudamericano “para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”.
Es decir, informaba entre líneas que Bermúdez Requena había sido deportado –procedimiento legal si, como ha trascendido, entró sin documentos a ese país– y había llegado a Tabasco, quedando a disposición de la fiscalía estatal que lo acusó. Pero poco después, ese comunicado fue borrado de X. Un regreso a México en fast track estaba en el interés de una parte del gabinete de seguridad, pero no de otra. El estatus legal de Bermúdez Requena es que permanecerá en Paraguay mientras se formaliza el pedido de extradición, y el gobierno sudamericano y sus tribunales determinarán si procede o no la extradición.
Ayer, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, rechazó someterse a una extradición simplificada, que es un procedimiento acelerado de entrega que consiente voluntariamente la persona. Un juez paraguayo determinó el sábado que Bermúdez Requena, por razones de seguridad, quede bajo la custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas.
Este espacio abre un periodo en el cual crecerán las tensiones en México y las presiones dentro del régimen, en la medida que el calor vaya aproximándose cada vez más a López Obrador y su entorno, y la protección institucional se vaya debilitando.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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