Oaxaca de Juárez, 27 de enero. La bomba estalló este martes en Palacio Nacional. En una diapositiva proyectada durante la mañanera, el gobierno federal exhibió algo que hasta ahora solo se sospechaba: que dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existía una especie de “concierge VIP” financiado con dinero público para atender la vida privada de ministros y ministras.
La presidenta Claudia Sheinbaum mostró una lista oficial donde se detallan 59 apoyos que ya fueron cancelados por no tener ningún carácter institucional. La propia Corte reconoció que estos servicios existían dentro del área de Atención a Ministras y Ministros, y que formaban parte de una red de gestiones que iba mucho más allá del trabajo judicial.
Lo que apareció en la pantalla no fue una anécdota aislada. Fue un catálogo de privilegios.
Había desde contratación de agua, luz, gas, telefonía celular y televisión de paga en casas particulares, hasta compra de alimentos, despensa, flores para funerales, boletos de avión, reservaciones de hoteles, estancias vacacionales y mesas en restaurantes. Todo gestionado por personal de la Corte como si fuera una agencia de asistentes personales de lujo.
Entre los rubros más llamativos estaba la compra de boletos de conciertos y eventos mediante servicios como Ticketmaster y OCESA, la gestión de preventas y accesos preferenciales, e incluso la consecución de autógrafos de artistas o celebridades para los ministros.
También se reportó la compra de regalos para eventos privados, la reserva de salones de fiesta, y la asignación de vehículos oficiales para acudir a festejos personales.
No se trataba solo de entretenimiento. La lista incluye servicios que, en cualquier país, serían considerados abiertamente indebidos para funcionarios públicos: pago de tarjetas bancarias, gestión de cuentas en tiendas departamentales, trámites con American Express, recuperación de contraseñas de servicios electrónicos y verificación vehicular de automóviles personales.
Incluso había apoyos para recuperar objetos detenidos en aduanas de otros países, gestionar importaciones privadas y traer artículos exclusivos del extranjero.
La Corte también funcionaba como una especie de gestoría familiar. El personal podía tramitar inscripciones escolares, pago de colegiaturas y obtención de becas para hijos de ministros, así como atención hospitalaria para familiares que ni siquiera eran directos. En la pandemia, incluso se gestionaban traslados de enfermeras a domicilios privados.
En la diapositiva aparecen apoyos para conseguir camas en hospitales “para personas que se indiquen”, una frase que abre la puerta a posibles tratos preferenciales frente a pacientes comunes.
Y si algo se descomponía en casa, ahí estaba la Corte: reparación de refrigeradores, mantenimiento de elevadores privados, arreglo de plantas de luz, gas, electricidad, pintura, jardinería, barnizado de ventanas y hasta poda, drenaje y alumbrado.
Cuando alguien olvidaba algo en su casa, se activaba el sistema: traslado urgente de objetos personales dejados por olvido. Si alguien quería mudarse, había personal para cargar cajas, macetas, muebles y bultos.
La lista también incluye algo todavía más delicado: asignar personal de la oficina para hacer guardias en domicilios particulares y para el cuidado de menores de edad, lo que equivale a usar trabajadores públicos como niñeras o vigilantes privados.
En movilidad, los excesos tampoco se quedaban atrás. Había traslados de amistades, de familiares a consultas médicas, préstamos de vehículos oficiales a parientes y traslados de objetos personales por toda la República.
Todo eso fue reconocido como “trámites no oficiales”. De los 149 que existían, 59 ya fueron cancelados. Los otros 90 siguen en revisión, según la propia diapositiva.
Sheinbaum fue directa: esto no es austeridad republicana ni justicia social. Es una estructura de privilegios pagada por los contribuyentes para resolverle la vida cotidiana a una élite judicial.
Lo que más indignó en redes no fue solo el lujo, sino lo cotidiano del abuso. No eran joyas o yates. Eran cosas más simples, pero igual de graves: pagar cuentas, conseguir boletos, hacer filas, resolver trámites, llevar ropa a arreglar, pedir comida a domicilio. Todo lo que cualquier ciudadano hace por su cuenta, los ministros lo tenían cubierto con personal público.
La revelación llega en medio de la batalla política y constitucional entre el gobierno federal y la Suprema Corte por la reforma judicial. Pero esta vez, más que discursos, fue una lista la que habló.
Una lista que, para millones de mexicanos que hacen filas, pagan servicios y cargan sus propias bolsas, suena a otro planeta.
Y según la propia Corte, aún falta ver qué pasa con los otros 90 “servicios” que siguen vivos.
Publimetro
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