Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. Eduardo Fernández*, el poderoso y temido presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los 90, soberbio, perverso y explosivo, quedó exhibido como un extorsionador. El juez Cuarto en Materia Civil en la Ciudad de México falló en su contra en septiembre pasado por un intento de extorsión contra Televisa y ordenó la publicación de extractos de la sentencia en desagravio de quienes quiso chantajear. Esta semana Fernández hizo público el expediente en Reforma y en El Universal apareció una síntesis del veredicto. Fue el tercer litigio que perdió ante Televisa. El primero fue en el 11º Distrito Judicial en Miami, y el segundo ante la Audiencia General en Madrid.
Aquí, el juez determinó que Fernández actuó con “real malicia”, y le ordenó no difundir información sobre la empresa, sus filiales o sus ejecutivos, como lo había hecho previamente en The Wall Street Journal y en Aristegui Noticias, advirtiéndole que de insistir en lo que llamó sus “intimidaciones” o en la difusión de cualquier dato sobre la situación financiera y bursátil de la empresa, tendría que pagar 50 millones de pesos por daño moral.
La extorsión, que se detalló en este espacio hace un año, tiene como punto de ebullición la carta que envió a los ejecutivos de Televisa el 14 de marzo de 2023, con base en la denuncia que interpuso la empresa dos semanas después en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con un “anexo” de dos puntos escandalosos por las pretensiones de Fernández: una “contraprestación” de 250 millones de pesos y un plan detallado de cómo quería que la entregaran. No tiene desperdicio el alcance de sus ambiciones.
La “contraprestación”, indicó en la carta, debía ser entregada en billetes “de la más alta denominación posible o el equivalente en USD en billetes de 100, o una combinación”. Una vez que juntaran el dinero en efectivo, “personal de ustedes me traerá los paquetes en un vehículo de carga apropiado, sin logos, de no más de 2.20 metros de altura total, 2.10 metros de ancho total y máximo 7.6 metros de largo”.
“Dicho personal estacionará el vehículo en la cochera del edificio cuya dirección se especifica enseguida y entregará el o los juegos de llaves en la pequeña recepción de la misma planta baja”, especificó. La dirección que proporcionó en Ejército Nacional era la de su oficina, y probablemente las dimensiones del vehículo tenían que ver con el elevador de automóviles que tiene el edificio donde se ubica.
Las instrucciones eran precisas. El dinero tendría que ser entregado el miércoles 29 de marzo de 2023 a las 7 de la mañana, y el vehículo sería devuelto el 31 de marzo a las cinco de la tarde en Goethe, una calle aledaña a su oficina. Las llaves las recogerían en la planta baja del edificio donde está su oficina. Su mentalidad al momento de escribir el anexo parecía más la de un criminal que la de un financiero, aunque no se entiende que alguien conocedor pidiera dinero en efectivo, conociendo las dificultades para bancarizarlo.
Fernández es una persona que conoce perfectamente las regulaciones bancarias y financieras, aunque también sus lagunas legales. Durante seis años fue el terror de los empresarios, como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, donde tuvo más poder de lo que hoy en día podrían sumar el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Era el arma financiera del gobierno, al emitir opiniones para que la Secretaría de Hacienda pudiera querellarse por delitos bancarios, bursátiles y financieros, donde su poder radicaba en que era él quien sancionaba quién permanecería libre y a quién encaminaba a la cárcel.
Empresarios y abogados que padecieron sus años en la CNBV recuerdan que eran convocados a reuniones secretas en la sede de la Comisión en Plaza Inn, por las noches, en un piso vacío donde había una gran sala de juntas con el logotipo de la dependencia, donde discutían la posibilidad de emitir opiniones de no delito a cambio de dinero. Nunca hubo denuncias por miedo, y cuando algún empresario no aceptó el arreglo propuesto y se atrevió a dar un paso adelante, terminó detenido en el Campo Militar Número 1, como sucedió en un caso específico, que recuperó la libertad hasta que el presidente Zedillo lo ordenó.
Fernández vivió tiempos turbulentos cuando dejó la CNBV, y quedó marcado como el operador del Fobaproa, el rescate bancario por el cual los mexicanos seguimos pagando su deuda, pero sobre todo por sus aventuras ilegales. Fue puesto bajo arraigo a principios de siglo, acusado de haber vendido al PRI en 25 millones de pesos información bancaria secreta sobre Amigos de Fox, el grupo que llevó a Vicente Fox a la presidencia. Después de librarse de la cárcel, fundó una pequeña casa de bolsa en Nueva York que manejó durante tres años algunas cuentas de ejecutivos de Televisa.
Su negocio quebró y sus deudas crecieron. Pidió ayuda a los ejecutivos hace unos tres años, que se la ofrecieron, sin efectivo de por medio. Indignado, recicló una denuncia contra la empresa en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, pese a que en 2016 la había exonerado, amparándose en el sistema de recompensas para whistleblowers (soplones). Su denuncia no prosperó y tampoco lo gratificaron. Un año y medio después escaló las presiones contra los ejecutivos de Televisa, que respondieron con la denuncia de extorsión en su contra, que la sentencia del juez selló encontrándolo culpable del delito. Su historia bien merecería una serie sobre la caída de un poderoso funcionario, temido por muchos en su momento, que terminó delincuente.
*Para efectos de transparencia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso, donde el juez, ilegalmente, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecido la pena económica a esa empresa.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
X:@rivapa
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