Oaxaca de Juárez, 13 de junio. Un botín de 132 millones de pesos obtuvo entre 2012 y mediados de 2015 el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Rubén Núñez Ginez, a través de una red de lavado de dinero que tejió junto con al menos cuatro empresas, así como con personas físicas, con las cuales la Sección 22 suscribió convenios para ventas y servicios a los agremiados del magisterio.
Las investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indican que las empresas “entregaban, de manera directa o indirecta, una comisión del 3.5 por ciento quincenal calculada sobre la cobranza de la quincena respectiva” a Núñez y a su grupo de operadores.
Esto en detrimento de los maestros agremiados a quienes se les descontaba, vía nómina, el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos por su dirigencia cuando la Sección 22 tenía en sus manos el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Derivado de la indagatoria, desde septiembre de 2015 las autoridades congelaron el pago de salarios a Núñez y al menos otros cuatro dirigentes.
En conferencia de prensa, el subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, sostuvo: “Los recursos fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la suscripción de convenios ilícitos, al amparo de éstos convenios ilegales”.
Entre las empresas que fueron beneficiadas con los convenios que suscribió la Sección 22 destacan Ediciones Tratados y Equipos, SA de CV (Etesa); Vasa Holding Company, SA de CV, y Administradora de Negocios Monte Albán, SA de CV, así como personas físicas como Octavio Arturo Quintano Cassani, según el reporte de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las comisiones recibidas por la dirigencia de ese gremio se depositaban en siete cuentas bancarias en Banco Santander, que eran manejadas por Núñez, o por el secretario de Finanzas, Aciel Sibaja, quien se encuentra preso desde el 16 de abril pasado por el delito de blanqueo de dinero.
El informe detalla que tan sólo en una de las cuentas del sindicato, la número 65503473683, cuya denominación era “SECCION 22 OAXACA EMPRESAS”, a nombre de Núñez Ginez, se detectaron 187 depósitos por un total de 31 millones 967 mil pesos.
En otra cuenta contratada bajo la denominación “SECCION 22 OAXACA CAPP” en el mismo banco y terminación 942, cuyos titulares son el mismo Núñez y Claudio Felipe Mendoza García, se recibieron 52 depósitos por un total de 45 millones 290 mil pesos.
En una tercera cuenta, la 65500169635, a nombre de “SECCION 22 OAXACA FINANZAS”, y cuyos titulares eran Núñez y Sibaja, se registraron depósitos por 8 millones 143 mil pesos.
El informe destaca que en poco menos de tres meses, del 2 de marzo al 29 de mayo de 2015, las cuentas de la Sección XXII recibieron 853 depósitos por un total de 46 millones 548 mil pesos.
El reporte destaca que las comisiones que recibía la dirigencia de la Sección 22 eran utilizadas por Núñez y por Sibaja para beneficio propio, así como para financiar las movilizaciones que la CNTE realiza tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.
Las siete cuentas bancarias fueron congeladas por la UIF el 22 de julio de 2015. En tanto, en septiembre pasado también fueron congelados los salarios de los 35 líderes de la CNTE en Oaxaca.
El informe además destaca que Núñez, Sibaja, Francisco Villalobos —también detenido por la PGR este sábado—, Hugo Alberto Villalobos Ricárdez, María del Carmen López Vázquez, La Jicayán, y Efraín Picazo Pérez, recluido desde el 29 de octubre de 2015, incurrieron en los delitos de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, vandalismo, daño en propiedad ajena, robo calificado con violencia y delincuencia organizada, entre otros.
Higuera Bernal precisó que la PGR continuará investigando la posible participación de otras personas en el lavado de dinero, así como por la probable comisión de otros ilícitos.
“En éste, como en todos los casos, la Procuraduría General de la República continuará profundizando las investigaciones respectivas con estricto apego a derecho”, señaló el funcionario.
Prófugos, 3 de los más violentos
María del Carmen López Vázquez, La Jicayán, y Norma Cleyver Cruz Vázquez, La Chola, integrantes del grupo radical Los Pozoleros, que opera al interior de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, están prófugas de la justicia desde octubre pasado, cuando fueron aprehendidos los primeros cuatro líderes de este gremio.
Sobre ambas pesan una orden de detención por obstrucción de vías federales, robo de urnas y quema de papelería electoral en los comicios pasados, así como por la toma de instalaciones federales.
Sobre el maestro Adrián Ramírez Castillo, miembro de la Comisión Política de la Sección 22, también pesa una orden de aprehensión por haber robado en 2014 quien se agenció 300 computadoras adquiridas con recursos federales y que estaban destinadas para los docentes.
Líder en el sector de Juchitán de Zaragoza, a este maestro se le acusa además de su presunta participación en la destrucción de paquetería electoral durante las elecciones del 7 de junio de 2015 en Oaxaca.
Desde que fueron capturados los cuatro líderes de la CNTE en la entidad, Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega, Roberto Abel Jiménez y Efraín Picazo, presos en cárceles oaxaqueñas, las dos maestras dejaron de firmar como líderes de Valles Centrales y se dieron a la fuga.
A partir de entonces la Policía Federal intensificó la búsqueda de la Jicayán y La Chola. Incluso, cuerpos de Inteligencia y Estrategia Policial de la Policía Federal y de la Gendarmería mantienen una constante vigilancia en los domicilios de ambas.
Los trabajos de inteligencia se han extendido hacia otras regiones del estado, así como a otros estados circunvecinos para dar con el paradero de las docentes.
La Jicayán, líder de la Coordinadora en Valles Centrales, cobra un sueldo mensual de 263 mil 279 pesos, y La Chola, 124 mil pesos, según el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Razón
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