Oaxaca de Juárez, 15 de diciembre. Las investigaciones en Estados Unidos sobre la narcopolítica en México no tienen exclusivamente el sello del régimen que instauró Andrés Manuel López Obrador. De hecho, una de las averiguaciones más avanzadas es en Chihuahua, donde el crimen organizado ha penetrado en los más altos niveles del gobierno de Maru Campos. El Departamento de Estado canceló recientemente la visa a un funcionario de primer nivel, y otro, todavía de mayor rango, está próximo a perderla. Incluso, por omisión o comisión, hasta la gobernadora podría ser la segunda mandataria estatal a quien el gobierno de Donald Trump le revoque la visa.
Las investigaciones no son nuevas. Comenzaron con el repunte de extorsiones a los migrantes, que tuvieron un alza espectacular por la política de fronteras abiertas de López Obrador y del presidente Joe Biden, que detonó un negocio criminal estimado en 100 millones de dólares mensuales, muy superior a las ganancias por tráfico de cocaína. Al bajar la migración en la parte final del gobierno de Biden y el inicio de la administración de Trump, las extorsiones y los secuestros se volcaron hacia los mexicanos, con una crueldad para forzar a pagos rápidos que incluyó la difusión de videos de las víctimas en tiempo real, que mostraban cuando las torturan y mutilan.
Las pesquisas en Chihuahua se revigorizaron luego de que Trump clasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca. La orden ejecutiva de Trump le dio al Departamento de Seguridad Nacional las operaciones contraterroristas en las zonas fronterizas en Estados Unidos y en México, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, directora nacional de Inteligencia, lo que la convierte en la principal asesora del presidente y del Consejo Nacional de Seguridad en la materia.
Las operaciones contraterroristas se están manejando desde Fort Bliss, en El Paso, donde se encuentra la principal base militar para Texas y Nuevo México, y se alberga el Centro de Inteligencia de El Paso, donde desde hace 50 años la DEA coordina información sobre el narcotráfico en toda América Latina. El contraterrorismo, sin embargo, no es una tarea de la DEA.
Participan, como en el caso de Chihuahua, el área de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, responsables de la captura de Ismael El Mayo Zambada el año pasado en Culiacán, con la ayuda de Joaquín López Beltrán, además del Servicio de Marshals, que decodificó las comunicaciones interceptadas por la CIA que sirvieron para la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, en 2016, en la llamada Operación Cisne Negro, que encabezó la Marina.
Las investigaciones, apoyadas por dos testigos protegidos del FBI, narran con detalles escalofriantes cómo fue la emboscada y asesinato de cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, en 2022. De acuerdo con lo que se ha podido conocer de sus declaraciones, los dos testigos señalaron que una abogada de narcos vinculada con un alto funcionario de la fiscalía estatal fue la que puso a los agentes, informando –porque mantuvo la comunicación con ellos todo el tiempo– del momento en que llegarían al punto donde planeaban atacar, consecuencia de sus investigaciones sobre la extorsión a migrantes.
La extorsión a migrantes la maneja La Línea, que se escindió del Cártel de Juárez y se ligó al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese grupo, que se calcula controla 80% del crimen en el estado, tiene subordinada a La Empresa, que comenzó con cholos mexicano-estadounidenses en ambos lados de la frontera, y que manda en 20% restante. Los testigos protegidos estuvieron presentes cuando se decidió el asesinato de los agentes ministeriales y de Migración, que, para poder ser emboscados, fueron convocados a Chihuahua por un alto funcionario de la fiscalía estatal, con el pretexto de revisar sus trabajos.
Los secuestros y las extorsiones, de acuerdo con las investigaciones, son controlados desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, que constantemente se ve involucrado en temas de violencia. El criminal que las manejaba era Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, líder de la banda de Los Mexicles, también de origen mexicano-estadounidense, que se escapó de esa cárcel a finales de 2022 para morir días después en un enfrentamiento. Su muerte no eliminó el control desde el Cereso 3, sino que pasó a manos de La Línea, que ha crecido sus negocios criminales y expandido desde su origen en Ciudad Juárez.
Los Ceresos, que antes eran responsabilidad de la fiscalía, ahora lo son de la Secretaría de Seguridad, pero antes, como en la actualidad, se generan tensión y motines cuando se pretende mover a los reos de la prisión, porque se desarticula el entramado criminal. Pero el cambio de mando en la responsabilidad no eliminó las sospechas sobre la vinculación institucional en Chihuahua con el crimen organizado. Al contrario de lo que ha trascendido de las investigaciones en Estados Unidos, hay molestia contra la gobernadora Campos porque no ha hecho ningún ajuste en los cargos relevantes de la administración y procuración de justicia.
La investigación del gobierno de Trump en Chihuahua tiene una carga subjetiva adicional y un tono de venganza contra Biden. Se pudo notar públicamente a fines de octubre, cuando Gabbard habló de la detención de Martha Alicia Méndez, La Diabla, señalada de operar una red transfronteriza de tráfico de bebés, manejada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y dijo que era parte del “horror” que prosperó durante el gobierno de Biden.
La gobernadora Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha: que dinero sucio sea inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027. En la medida en que avancen los tiempos sin acciones, el gobierno de Chihuahua se irá metiendo en más problemas, porque los estadounidenses, para estos momentos, están eliminando los límites para enfrentar a los cárteles.
Nota: En relación con una afirmación en este espacio el viernes pasado, el director de Desarrollo de Texas Ribs, Juan Carlos Perezcano, afirmó que la cadena de restaurantes no pertenece al facturero Raúl Beyruti, sino que ha sido propiedad de la familia Perezcano desde su fundación en 2004.
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