Oaxaca de Juárez, 8 de diciembre. Miguel Mancera vetará la nueva Ley de Vivienda aprobada el martes por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. “No la voy a dejar pasar, me dieron pie para decir ni madres. No voy a permitir que le cobren nuevos impuesto a la gente ”, nos dijo anoche el mismísimo Jefe de Gobierno.
En breve charla en sus oficinas del Palacio del Ayuntamiento, el alcalde capitalino lamentó que la votación de la citada Ley haya neutralizado el impacto que pudo haberse logrado con la petición que hizo a la Asamblea para que retire impopular artículo 21, apartado C, numeral 7 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México.
Ese artículo proponía que una parte de los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerara parte de la riqueza de la Ciudad de México. La Ley regularía su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la Ciudad.
La propuesta generó gran polémica en medios, redes sociales, círculos legislativos y judiciales. Se habló de atraco, de corrupción, de ladrones. La oposición conservadora aprovechó la pifia para compararla con leyes “de la URSS”.
Afirmaciones como la de que Mancera “es comunista” o quiere formar su “cochinito” para la campaña presidencial del 2018, proliferaron en redes sociales.
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Simultáneamente al anuncio del retiro de ese articulo, la Asamblea Legislativa aprobó, con excepción de Morena, la nueva Ley de Vivienda, que en su articulo 94 dice textual:
“El gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas.
“Esta captación se destinará a la defensa y fomento del interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como el mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y en general del entorno urbano de la Ciudad de México”.
Antes de llegar al Palacio Legislativo escuchamos con Pepe Cárdenas la entrevista que hizo en Radio Fórmula a la asambleísta del PRI, Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda, una entusiasta de la polémica Ley.
El conductor le pidió una respuesta con monosílabos a la pregunta de si se va a tocar la plusvalía. Dunia respondió: “No”.
¿Habrá leído el artículo 94 de la Ley de Vivienda que habla de captación de plusvalía?
Mancera nos dijo que fue precisamente Dunia la que insistió en que el término “captación de plusvalía” quedara inscrito en la Ley.
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Cuenta el ombusdman nacional, Luis Raúl González Pérez, la anécdota de un cuadro de Los Beatles en el Estadio Azteca –donde nunca estuvieron—que le obsequiaron ya hace tiempo.
Esa imagen, que descolgó de las paredes de su casa, le sirvió para alertar al primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, contra las “imágenes truqueadas” y alteración de escenarios en lugares donde hay denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad recurren a esas trampas para tapar excesos cometidos.
La anécdota viene al caso porque González Pérez dice, sin asomo de duda, que en los poco más de dos años que lleva al frente de la CNDH, el asunto “más complejo” que ha tenido que enfrentar es el de Tanhuato.
Allí hubo siembra de armas, ejecuciones arbitrarias, cuatro mil disparos desde un helicóptero, un quemado en vida, tortura, manipulación de los cuerpos, barbarie por parte de la Policía Federal. El saldo de este enfrentamiento, que si lo hubo, entre Federales y presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, dejó 22 muertos.
Las causas de la saña que utilizaron los federales la resumió el Ombudsman con una palabra: Venganza.
Semanas antes, los narcos del CJNG habían derribado un Helicóptero en Jalisco. Murieron soldados y policías federales. En otro hecho emboscaron a los federales.
El asunto se investiga en la PGR. En tiempos de Areli Gómez no avanzó mucho. El ombudsman espera que Raúl Cervantes, actual procurador, la concluya a la brevedad y determine que fue lo que ocurrió.
El informe que presentó la CNDH sobre esos hechos provocó “incomodidad” en el gobierno federal.
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Otra experiencia negativa que le tocó vivir es lo que podríamos llamar “malinchismo” de las autoridades frente a instituciones nacionales.
Dice que el gobierno mexicano atiende con más celeridad las resoluciones internacionales.
Ilustra su afirmación con el caso de los 43 de Ayotzinapa.
El Informe de la CNDH fue el 25 de julio del 2015. Decía que la investigación de la PGR se concentraba en la organización criminal Guerreros Unidos que, según la versión oficial, incineró a los estudiantes.
Derechos Humanos pidió, en ese Informe, que se investigara a la banda de Los Rojos. Eso y otras cosas no fueron del gusto de las autoridades.
Proporcionó, en la más absoluta confidencialidad, once “apodos” que no se estaban investigando. Algunos fueron identificados y detenidos.
La CNDH fue la primera que mencionó a Huitzuco como posible ruta de desaparición de los normalistas. Meses después, el GIEI retomó esa pista y la incorporó a su informe.
Le adjudicaron todo el merito a los expertos internacionales que estuvieron muchos meses en el país, sin alcanzar el objetivo para el que fueron traídos: aclarar que pasó con los normalistas desaparecidos.
González Pérez , por cierto, puso al subsecretario Roberto Campa en lugar aparte. “Es un facilitador para los derechos humanos, respeta a la institución”, subrayó.
El Arsenal