Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Tal y como el gobierno federal lo perfiló desde la semana pasada, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, señaló al equipo del exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro y a autoridades municipales en Teuchitlán, como los primeros responsables de que el horror que está escupiendo el rancho Izaguirre no se investigara a fondo ni se frenara. La imputación informal, sin tener plenamente documentadas sus hipótesis, generó soundbites en los medios y la confirmación de la existencia de restos óseos, conquistó los titulares. Pero lo más importante de este desaseo legal es que en una hora indujo a la opinión pública hasta dónde llegará y qué no tocará.
La estocada que le dio Gertz Manero a la fiscalía de Alfaro fue profunda. Narró una especie de catálogo de omisiones por parte de los fiscales jaliscienses durante dos diligencias ministeriales que realizaron en septiembre y octubre del año pasado, donde encontró 12 actuaciones irregulares, incompletas e insuficientes que podrían, primero, ser motivo de responsabilidades penales, donde el fiscal en ese entonces, Luis Joaquín Méndez, y su vicefiscal, Salvador González de los Santos, titular de la fiscalía estatal en el nuevo gobierno de Pablo Lemus, podrían estar en riesgo de ir a la cárcel.
Dentro de las omisiones, Gertz Manero deslizó que pese a tener testimonios, no establecieron vínculos de presunta complicidad de autoridades en la región –o sea, más allá del municipio de Teuchitlán–, con el crimen organizado, que toma relevancia porque el fiscal señaló en otra parte de su intervención, que a partir de la identificación de huellas dactilares, habían confirmado que ahí estuvieron sicarios que fueron detenidos en otras entidades. Es decir, ese campo de entrenamiento y exterminio, como se ha caracterizado a esa instalación del Cártel Jalisco Nueva Generación, produjo criminales que, por culpa de los fiscales de Alfaro, siguieron cometiendo asesinatos en el país.
Gertz Manero se comportó como un torero ante la prensa. Capoteó las preguntas rápidas, interrumpía adivinando con tino lo que querían que respondiera, respondía sonriendo que quizás no habían escuchado lo que había declarado antes, y tenía un lenguaje de cuerpo suelto, dueño del escenario, como lo tiene un político de vasta experiencia. Inteligente, tiró sobre el suelo del ‘Coliseo’ mexicano prensas políticas y elementos para que el imaginario colectivo se satisficiera. Al mismo tiempo, sus disparos de largo alcance en una dirección, alejaron la posibilidad inmediata de que voltearan a ver lo que también estaba haciendo: deslindar la responsabilidad de él mismo.
El fiscal fue habilidoso. Nada supo su oficina de los campos de la muerte en la región de los Valles de Jalisco, porque cuando se dio la primera intervención en el rancho La Estanzuela, de Teuchitlán, en septiembre de 2024, quien actuó fue la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de la Defensa. Gertz Manero se lavó toda responsabilidad aduciendo que la Guardia le dio vista a la fiscalía del estado porque eran delitos del fuero común. Esta es la primera inconsistencia en su presentación de ayer.
El comunicado de prensa nacional 164 de la Guardia Nacional, que dio cuenta de esa acción donde participaron el Ejército y la fiscalía estatal, encontró entre otras armas, cuatro fusiles de asalto y una granada, cuya posesión ilegal no es parte del fuero común, sino federal. De acuerdo con Gertz Manero, al no darle vista a la Fiscalía General por los delitos de posesión, utilización de armas de fuego de alto calibre y delincuencia organizada, no intervino. Sin embargo, no necesitaba que pidieran que actuara, porque entre sus facultades de atracción se encuentran los delitos de secuestro, posesión de armas de fuego y explosivos –había una granada en el rancho–, y delincuencia organizada.
Es decir, tendría que haber intervenido de oficio. Pero al no hacerlo, la Fiscalía General resultó omisa y negligente. Al emitirse de manera oficial el comunicado de la Guardia Nacional, su oficina debió haberse dado por enterada. Ni lo hicieron ni actuaron Víctor Manuel Guajardo Sosa, en ese entonces jefe de la Delegación de la Fiscalía General en Jalisco, ni otros dos funcionarios que tendrían que haber intervenido, Sara Irene Herrerías, que era la fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos –aspira a ser juzgadora en el nuevo Poder Judicial–, y Alfredo Higuera Bernal, que es el fiscal especializado en Delitos de Delincuencia Organizada.
El intento de Gertz Manero por dejar todo acotado a Jalisco y a la región de los Valles, donde se encuentra Teuchitlán, también deja libre de toda responsabilidad al entonces titular de la Guardia Nacional, el comandante David Córdova Campos, y a la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en ese entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a cuyo mando formal estaba ese grupo paramilitar que se creó para sustituir a la Policía Federal.
Con Gertz Manero a la cabeza, el gobierno federal quiere quedar exonerado de toda responsabilidad. Patear de lado y hacia delante los asuntos que le competen no es algo nuevo en el proceder del fiscal. Se inocula y protege al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ofreciéndole la cobertura para que no insista en la negación de lo que sucedió en el rancho Izaguirre, que planteó antes de tener información confirmada. La versión que adelantó es mediáticamente jugosa y, como se vio poco tiempo después de ofrecerla, controló la narrativa de Teuchitlán y la enfiló hacia el gobierno de Alfaro.
El fiscal deslizó algunas de las líneas que consolidará y que eliminará. Sin plantearlo de manera determinante, sugirió que una de las conclusiones de sus peritajes será que no había un campo de exterminio en el rancho Izaguirre, pero que había vínculos de autoridades municipales en Teuchitlán y Tala, la ciudad más grande de la región y cabecera del municipio del mismo nombre, distanciadas por 18 kilómetros, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con esto dejará satisfecha a una buena parte de la población, pero habrá otra parte escéptica que la verá insuficiente y, sobre todo, como sucedió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que la justicia sigue siendo injusta, porque es la política la que la orienta y manipula, por encima de todas las cosas.
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