Oaxaca de Juárez, 20 de julio. Grupo Salinas aseguró haber cumplido con el pago de más de 250,000 millones de pesos en impuestos desde 2005, y acusó al gobierno federal de implementar una estrategia de hostigamiento fiscal con fines políticos. 
La empresa de Ricardo Salinas Pliego denunció que el SAT y la Procuraduría Fiscal le han intentado cobrar impuestos ya liquidados, utilizando reinterpretaciones retroactivas de la ley. Estas maniobras han derivado en créditos fiscales inflados con recargos, actualizaciones y multas, generando una presión indebida.
Advirtió que los litigios fiscales en su contra están siendo utilizados políticamente, e incluso manifestó que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum llevaron el tema a sus conferencias matutinas para influir en la opinión pública y presionar al Poder Judicial.
Grupo Salinas acusó que el gobierno federal ha:
Exhibido información de manera ilegal y acusándolos sin pruebas;
Ejercido una presión sistemática a jueces, magistrados y ministros;
Condenado a sus empresas públicamente antes de cualquier fallo;
Y denegar el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.
Con la ‘reforma’ judicial de López Obrador y Sheinbaum lo llevaron al grado de quitar a los jueces que más o menos actuaban de manera independiente para poner a juzgadores afiliados
dice el comunicado.
“Pagamos lo que nos corresponde”, afirma Grupo Salinas
El conglomerado empresarial enfatizó que no se niega a pagar impuestos, pero rechaza las “dobles cobranzas” y las condiciones impuestas “mediante chantajes públicos”.
Llevamos pagados más de 250,000 millones de pesos. Esa cantidad alcanzaría para construir tres aeropuertos como el AIFA
remarcó Grupo Salinas.
La compañía también señala que no es la única víctima de este tipo de presiones, pues otras empresas como Walmart, FEMSA, América Móvil e IBM también han sido objeto de lo que llama “extorsión fiscal institucionalizada”.
Esto, de acuerdo con Grupo Salinas, con el objetivo de forzar pagos bajo presión mediática y política, más que recaudar de manera legítima.
En un país donde la ley y el derecho ya no valen, desde la más alta esfera el gobierno ha institucionalizado la persecución política con la clara consigna de callar y castigar a quienes piensan distinto
puntualiza el comunicado.
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