Francisco Alejandro Leyva Aguilar
Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. Cuando el gobierno del anodino Salomón Jara en boca de Jesus Romero dice que la desaparición de Sandra Estéfana Dominguez tiene la posibilidad de estar vinculada con el crimen organizado, lo que hace es re-victimizar a la activista.
La presunción que hace el secretario de gobierno sobre la activista, más que una investigación seria, parece una justificación de la ineficiencia y la inoperancia de un gobierno al que la seguridad del estado, se les está saliendo de las manos y no haya la manera de zafarse de un asunto que le está pegando incluso al gobierno federal y en específico a la Presidente (con E) Claudia Sheinbaum.
El asunto de la desaparición forzada de Sandra Domínguez y de su esposo, ha llegado ya a instancias internacionales como a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ya emitió recomendaciones al gobierno del estado y al federal para que se apresten en cumplir los protocolos de búsqueda con perspectiva de género.
Los familiares de la activista Mixe, junto con el abogado que lleva el caso, Maurilio Santiago Reyes, fueron hasta Ginebra Suiza a presentar la queja ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, por la que esta oficina, ya se pronunció al respecto y ha emitido ya las recomendaciones pertinentes.
El escrito tiene 12 recomendaciones todas ellas alineadas a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El punto primero recomienda establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de Sandra Domínguez y de su esposo.
La segunda recomendación pide asegurar que dicha estrategia cumpla con los requisitos de la debida diligencia en cada una de las etapas del proceso de búsqueda incluyendo oficiosidad, inmediatez y exhaustividad de la investigación y garantizar la competencia y a independencia de los profesionales intervinieres.
Llama la atención la tercera recomendación que pide asegurar que la estrategia adoptada “explore todas las hipótesis investigativas existentes en el caso, incluso la posibilidad de que los hechos en referencia constituyan una desaparición forzada debido al alegado involucramiento de agentes estatales por acción, autorización, apoyo o aquiescencia”.
Además en la cuarta recomendación, la ONU pide garantizar que la estrategia adoptada determine las acciones a realizar para buscar y localizar a la activista y a su esposo e investigar sus alegadas desapariciones e identificar a los perpetradores en vista de todas las hipótesis existentes de manera integrada, eficiente y coordinada, contando con los recursos materiales necesarios y el personal adecuadamente capacitado para localizar a las personas desaparecidas.
Obvio en los numerales posteriores la ONU hace referencia a la actividad de lucha en favor de los Derechos Humanos que Sandra Domínguez hacía en comunidades indigenas de Oaxaca y también se ocupa de los señalamientos que ella misma hizo en contra de servidores públicos que bien pueden estar involucrados en su desaparición.
La ONU también le pide al estado mexicano que le informe sobre los avances que han tenido en la investigación que hoy cumple ya 17 días y que hasta el momento no se sabe absolutamente nada ni de la activista, ni de su esposo.
Ya sabemos cómo se las gasta Morena para desviar la atención de casos como este que empañan a la “primavera oaxaqueña”, que más bien parece no invierno, sino infierno oaxaqueño. Un grupo de legisladoras de ese engendro de partido político, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atrajera el caso de la desaparición de Sandra Domínguez, para tener el control de la investigación desde esta dependencia que le sirve más al estado mexicano que a la ciudadanía.
Las legisladoras morenistas, tratan de politizar el caso, quitándole la autenticidad que el abogado Maurilio Santiago le dio al interponer la queja ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
El estado mexicano está obligado ya a dar resultados e informar a la ONU los avances en las investigaciones de lo que puede ser una desaparición forzada, por tanto las declaraciones de Jesús Romero al presumir que se trata de un asunto del crimen organizado, son constitutivas de una violación a los derechos humanos y puede ser sancionado por ello, lo que con seguridad -si hay ley- sucederá porque van a interponer una denuncia en su contra por la ligereza de sus declaraciones.
Inútil como es, Jesús Romero cuando no encuentra otra explicación de tanta muerte y tanto feminicidios en Oaxaca, le echa la culpa a los criminales sin señalarlos por sus nombres, aunque el bien sabe que muchos, están en Morena u obedecen a sus intereses y si no, que le pregunte a su primo Donato Vargas, el principal sospechoso de la desaparición de Sandra Domínguez.
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