Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Tareck Zaidan El Aissami Maddah, el ministro de Petróleo de Venezuela, cabeza de una de las dos facciones más poderosas del chavismo en el gobierno de Nicolás Maduro, renunció el lunes, escasas 72 horas después de que se anunció que había una operación anticorrupción en la paraestatal Petróleos de Venezuela, donde tres funcionarios cercanos a él fueron detenidos, presuntamente porque desaparecieron 3 mil millones de dólares de ventas de crudo, que se sospecha habían sido descongelados como condición para que Caracas iniciara en México conversaciones con la oposición, y que eran para programas sociales.
El golpe a esa facción chavista está poco claro en cuanto a su motivación, pero existe la posibilidad de que se trate de un enfrentamiento en la cúpula de poder en torno a Maduro. El jefe de la negociación con la oposición venezolana, que llevó a Estados Unidos a descongelar activos venezolanos, fue Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional, que forma parte de la otra facción de poder en el Palacio de Miraflores, donde se encuentra su hermana Delcy, ministra de Economía y Finanzas y vicepresidenta ejecutiva, y la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Sea lo que fuera ese movimiento, la purga dentro del gobierno venezolano arroja fuertes olas a México, que podrían llegar a convertirse en un tsunami para funcionarios y cercanos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por los vínculos con El Aissami Maddah. El exministro está siendo investigado por Estados Unidos por su presunta participación en la conexión Puerto Rico, donde funcionarios venezolanos lavaron dinero en Cancún, uno de los principales centros de las actividades criminales de Caracas, como parte de una madeja intercontinental que vincula, además, a funcionarios de una decena de países, incluido México, guerrilleros, empresarios y cárteles de las drogas.
En febrero de 2017 la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a El Aissami Maddah, que había sido nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela un mes antes, como un narcotraficante, acusado de coordinar cargamentos de drogas para Los Zetas, con la colaboración de Samark José López Bello, un empresario señalado como su prestanombres.
López Bello estaba encargado de supervisar una cadena de petróleo, distribución, ingeniería y telecomunicaciones a través de dos holdings, Alfa One y Grupo Sahet. Dos años después, en agosto de 2019, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció que había añadido a El Aissami Maddah y a López Bello a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de dinero.
Para este entonces, El Aissami Maddah ya había sido nombrado vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, y entre sus funciones estaba la supervisión de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, que en 2019, de acuerdo con un correo de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeado y distribuido en los llamados Guacamaya Leaks, se conocieron detalles criminales en torno al programa de “ayuda humanitaria Petróleo por Alimentos” con la empresa mexicana Libre Abordo, donde enviaban a Venezuela 210 mil toneladas de maíz –aparentemente de los faltantes del multimillonario fraude en Segalmex, que proveyó el grano a esa nación– y mil cisternas de agua potable, a cambio de 2 millones de barriles diarios de petróleo, que se incrementaron a 30 millones. Uno de los agentes estadounidenses del FBI que participa en la investigación de la conexión Puerto Rico comentó que el desfalco en Segalmex no obedecería a un pésimo manejo administrativo, sino a una operación secreta de México con Venezuela.
El programa Petróleo por Alimentos creció rápidamente, por lo que los volúmenes de petróleo obligaron a que la empresa que encabezaba el empresario Joaquín Leal, que tenía nula experiencia en el sector petrolero pero presumía fuertes vínculos con el gobierno de López Obrador, incorporara a una empresa asociada, Schlager Business Group, para poder cumplir con el acuerdo. Pero en 2020, el Departamento del Tesoro norteamericano identificó a tres personas y ocho entidades de haber formado una red para intentar evadir las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en el sector petrolero.
El facilitador de esa red era El Aissami Maddah y la principal acción punitiva fue en México. En el esquema ilegal que beneficiaba a Petróleos de Venezuela, cuyo acrónimo es PDVSA, fueron mencionados directamente Leal, Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García, copropietarias junto con Leal de Libre Abordo y de Schlager Business Group, que también fueron señaladas por el Departamento del Tesoro.
El contacto de Leal era Alex Nain Saab Morán, quien junto con El Aissami Maddah orquestó el esquema con las empresas mexicanas. Saab Morán, señalado por la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz como prestanombres de Maduro, trabajó con el empresario mexicano libremente, pese a que en julio de 2019 fue acusado en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, de corrupción, sobornos y lavado de dinero por más de 350 millones de dólares, por lo que fue encarcelado tiempo después.
El capítulo mexicano de la conexión Puerto Rico involucró a Jorge Luis Brizuela Guevara, un empresario venezolano que, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, era en realidad un agente de la inteligencia bolivariana de Maduro, a quien le atribuyeron los militares mexicanos el diseño del programa Petróleo por Alimentos, que trabajaron institucionalmente con las empresas mexicanas El Aissami Maddah y Saab Morán, y que facilitaba con sus contactos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia la llegada de venezolanos vinculados al presidente Maduro, incluido su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Nicolasito, parte central de la estructura criminal venezolana y perfilado para ser el sucesor en el Palacio de Miraflores.
La operación anticorrupción en Venezuela no parece tener vínculos o ser consecuencia de la conexión Puerto Rico, pero se empalma, al haber quedado en entredicho el grupo de poder con el que tenían negocios ilegales, por lo que funcionarios mexicanos están sujetos a investigaciones multinacionales.
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