Oaxaca de Juárez, 26 de junio. Cárteles, capos de la droga y fentanilo volvieron a emerger esta semana en Estados Unidos como un problema, para ese país y para México. La mirada, cuando menos en lo que se aclaran las cosas, está sobre políticos y empresarios muy cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes también forman parte de las élites mexicanas cuyas ramificaciones se extienden mucho más allá del obradorato. En el centro de los reflectores se encuentran Alfonso Romo, el empresario regiomontano que fue el jefe de Oficina de López Obrador al iniciar su sexenio, y Manuel Bartlett, quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad, muy cercano al expresidente.
El nombre de Romo se asocia a Vector Casa de Bolsa, que pertenece a Vector Empresas, del cual es presidente honorario desde abril del año pasado. Romo fue fundador de Pulsar, que es la firma matriz detrás de ese grupo financiero, el cual fue señalado ayer por el área de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) como una de las tres instituciones mexicanas sospechosas de lavar dinero procedente de las ganancias del tráfico de fentanilo, a las que sancionaron administrativa y civilmente. En el caso de Vector Casa de Bolsa, el gobierno estadounidense la está vinculando con los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Bartlett es el elefante en la sala que reapareció ayer en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, donde los fiscales del Departamento de Justicia que llevan el caso de Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, revelaron que piensan dar a conocer las grabaciones de horas de tortura que ordenó en 1985 contra el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. De acuerdo con extractos del expediente y testimonios de Víctor Lawrence Harrison, un testigo protegido de esa agencia, Bartlett estuvo en la casa en Guadalajara donde torturaron y asesinaron a Camarena Salazar. Bartlett siempre lo ha negado, pero la investigación por su probable participación en aquel crimen está abierta.
Los dos nuevos ingredientes en la cocina del presidente Donald Trump para seguir presionando al gobierno mexicano coincidieron con una audiencia la víspera en el poderoso Comité Judicial del Senado en Washington, donde Matthew Allen, el jefe de la oficina de la DEA en Los Ángeles, enfatizó que los cárteles mexicanos están fuertemente involucrados en actividades terroristas sofisticadas. “A esto es a lo que nos enfrentamos, cárteles paramilitares con alcance global, asesinando familias y vigilando a personal estadounidense en nuestro propio territorio”, agregó. “Esto no es sólo crimen; esto es terror”.
En su primer día del segundo mandato en la Casa Blanca, Trump designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones trasnacionales extranjeras terroristas, que es el paraguas general mediante el cual el FinCEN acusó a Vector Casa de Bolsa de haber lavado millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021 –cuando Romo estuvo asociado estrechamente a López Obrador–, y del Cártel del Golfo en 2023. También señalaron que, entre 2018 y 2023, pagaron más de un millón de dólares a empresas chinas que han sido identificadas como parte de la red que transporta precursores químicos a México para fabricar drogas sintéticas.
Vector Casa de Bolsa no fue la única institución financiera mexicana acusada. El FinCEN señaló a CIBanco de haber lavado más de 10 millones de dólares para los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva en 2023 y 2024, y haber facilitado pagos –transferencias electrónicas– de 2012 a 2024 a empresas en China, Japón y Corea del Sur que transportaron precursores químicos a México. La tercera institución financiera imputada fue Intercam, a la que vincularon con lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante transacciones procedentes de pagos a empresas chinas entre 2021 y 2024.
CIBanco es un banco comercial propiedad de Latin Financial Services, una sociedad estadounidense, y tiene más de 200 sucursales en México, mientras que Intercam fue fundada en 1996 por Eduardo García Lecuona Mayeur, quien es el presidente del Consejo de Administración, en donde figuran familiares de empresarios relacionados con los dos gobiernos obradoristas. El señalamiento del FinCEN es muy delicado en los tres casos, porque no hay señalamientos directos de que sus propietarios estuvieran al tanto de operaciones financieras de los cárteles de las drogas y empresas chinas transportadoras de fentanilo ilegal, pero los encontró responsables de los delitos porque, a través de ellas, se realizaron transacciones electrónicas, aplicando con todo rigor el decreto de Trump contra los cárteles mexicanos.
La acción del Departamento del Tesoro pareció tomar por sorpresa al gobierno mexicano. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que actuaría “con todo el peso de la ley” si el Tesoro les daba pruebas de los vínculos de las instituciones financieras con actividades ilícitas, sin que recibieran “ningún dato probatorio”. Lo sorprendente del comunicado no es lo que dice, sino lo que no dice: la acción del FinCEN fue unilateral. Ni les informó previamente, ni pidió su cooperación en esta investigación, como sucedía en el pasado.
La secrecía del gobierno de Estados Unidos en operaciones contra los cárteles mexicanos y sus jefes ha sido una característica sobresaliente desde la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López hace casi un año en Sinaloa, durante el gobierno de Joe Biden, que continuó en el de Trump con acciones de espionaje sobre territorio mexicano, amagos militares por aire y tierra en los mares internacionales frente a las costas mexicanas, la cancelación de visas a políticos del régimen y la negativa reiterada de no darles información sobre lo que han estado haciendo.
Tanto el gobierno de López Obrador como el de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido mantenidos en la oscuridad de las iniciativas y acciones de Estados Unidos contra los cárteles, y está entregando a cuentagotas información sobre qué políticos, empresarios y artistas tiene en la mira, que añaden incertidumbre sobre los siguientes pasos que tomará Trump para acabar con el control territorial de los cárteles en México, su poder superior al del gobierno, con sus cadenas de suministro de fentanilo, su logística corporativa y sus tácticas militares que mantienen de rodillas al Estado mexicano.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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