Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. La diputada marcelista Selene Ávila no se arrepiente de haber calificado de “traidores” a sus pares oficialistas que se negaron a etiquetar recursos adicionales para los damnificados del huracán Otis en Guerrero. “Si me mandan al rancho del presidente López Obrador compro un ticket de ida y vuelta. Me pueden separar de la bancada de Morena, pero no de la Cámara de Diputados”, nos dijo en charla vía celular.
Ya encarrerada, la emprendió contra Ignacio Mier, coordinador de la bancada guinda en San Lázaro: “Su ambición (de ser candidato a gobernador de Puebla) dejó sin un peso a Guerrero”, asegura.
La aguerrida legisladora afirma que el citado coordinador le vio la cara al grupo de diputados afines a Marcelo Ebrard. Jura que primero dijo “sí” a la reserva presentada por los diputados afines al excanciller de etiquetar 15% de los excedentes petroleros, calculados en 300 mil millones de pesos. Pero conforme avanzaban las horas iba posponiendo la aprobación de reserva hasta que de plano les dijo que no pasaba y no pasó en el pleno. Una mayoría de diputados de Morena, PVEM y PT votó en contra y allí tronó el cuete. Selene sabe que está fuera de la bancada de Morena. El PAN, el PRI y el PRD ya la invitaron a formar parte de sus respectivas bancadas. Está también la opción de quedarse como independiente. Aún no decide.
En San Lázaro hablamos con otro diputado de Morena que no es marcelista, pero que está consciente de que en el Congreso ya no hay margen de negociación. “Se hace lo que dice el Presidente. Por eso no le movemos ni una coma. El problema es que en las urnas el pueblo nos va dar una lección”, sintetizó.
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Hoy es el “Día D” para los 54 aspirantes a abanderar a Morena en las nueve gubernaturas de 2024. En la Ciudad de México hay cinco tiradores, pero la cosa está entre Clara Brugada y Omar García Harfuch. En Puebla se perfilan Alejandro Armenta e Ignacio Mier. No se descarta, sin embargo, la opción de una mujer. Hay dos que tienen posibilidades: Olivia Salomón y Claudia Rivera. Las encuestas dan por hecho en Veracruz que será Rocío Nahle, mientras que en Jalisco, donde compite Antonio Pérez, padre del Checo, los momios juegan a favor de Carlos Lomelí.
En Guanajuato destacan dos aspirantes: Antares Vázquez y Ricardo Sheffield; mientras que en Chiapas la decisión está entre Sasil de León y Eduardo Ramírez. En Tabasco dan por hecho que será Javier May. Mientras que en Yucatán, todo favorece a Joaquín Huacho Díaz. Allí la opción femenina más fuerte la representa Verónica Camino Farjat. En Morelos, por último, dan por hecho que Margarita González Saravia, directora de la Lotería Nacional, será la candidata.
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El mismo día que Xóchitl Gálvez se registró como precandidata del PRI a la Presidencia, Javier Corral, renunció al PAN, tras más de cuatro décadas de militancia. El de Chihuahua explicó sus razones: “El partido está enredado con el PRI más corrupto de la historia”. Xóchitl, en cambio, reconoció el “papel histórico” del PRI en la construcción de instituciones.
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Tengan, para que aprendan, los que quieren reelegir cuatro años más a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. De acuerdo con The New York Times, la FGJCDMX ordenó a Telcel entregar los registros telefónicos y de texto, así como la ubicación, de varios políticos y activistas mexicanos, incluidos militantes de Morena. En la lista de espiados, aparecen Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez; los morenistas mexiquenses Higinio Martínez y Horacio Duarte, la senadora del PAN Lilly Téllez y la activista Alessandra Rojo de la Vega, entre otros. Por supuesto que Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, negó que se esté espiando. “Se investiga exclusivamente con fines jurídicos”, aseguró.
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El Inai es uno de los organismos autónomos que López Obrador quiere borrar del mapa. No sólo lo asfixia quitándole presupuesto, sino que desde el 22 de marzo de 2022 lo dejó, primero, con cinco comisionados, luego con cuatro.
Los senadores de la mayoría oficialista, sometidos a los dictados de Palacio Nacional, no mueven un dedo para elegir a los tres comisionados que faltan. No son representantes populares, sino súbditos del Presidente. Está claro que el primer mandatario no quiere transparencia ni derecho a la información, mucho menos la protección de datos personales. No conviene que se le caiga el discurso anticorrupción.
Ese bloqueo al “Instituto de la Transparencia” —como lo llama— llevó a su comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, a denunciar los ataques contra el Inai ante la CIDH en Washington. Allí dijo: “Importa la autonomía del órgano garante, porque los derechos humanos que tutela son esenciales para la democracia. Ataques contra su autonomía, como es la falta de integración de su pleno, importan, porque de esa independencia depende la efectividad del derecho a la información y la protección de datos personales”.
FIN
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