Oaxaca de Juárez, 26 de junio. Otra masacre. Ahora en Irapuato, Guanajuato. Chavos que bailaban y se divertían durante la celebración del Día de San Juan Bautista, en la colonia Barrio Nuevo, fueron atacados a balazos por un comando armado. Saldo: 11 muertos y al menos 20 heridos. Más vidas que prometían, truncadas, más familias destrozadas por el dolor; más sangre inocente que se derrama en este país sin control y a merced del crimen organizado. Tenemos autoridades que no garantizan la vida a los ciudadanos, complicidades inconfesables y la misma promesa de siempre: “No habrá impunidad”.
Leo en el portal Zona Franca declaraciones del presidente de Canaco-Servytur en León, Alejandro Arena Barroso. No puedo más que coincidir: “Es un acto claramente de terrorismo, porque no tiene otra explicación lógica que se haya hecho una masacre de este tipo en una fiesta popular”.
Y luego se enojan porque en EU declaran a las organizaciones criminales como terroristas. ¿No lo son?
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Miro una y otra vez el video de esa matanza en Irapuato y siento indignación, impotencia, rabia y pesimismo. A mi memoria regresa la imagen de López Obrador en la mañanera del 18 de septiembre de 2020, riéndose de la primera plana de Reforma, que en su nota principal anunciaba: Suma México 45 masacres. Luego vino el chiste que nadie celebró: “Ahí están las masacres, je, je je…”.
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Muy a tiempo exoneró la SCJN a Xavier Nava, exalcalde de San Luis Potosí. Hace tres años y medio, el Congreso local lo sometió a juicio político y lo inhabilitó por 18 años. Lo acusó de haber afectado derechos de ejidatarios en la capital del estado, para construir una obra vial.
El fallo de la Primera Sala de la Corte fue interpretado como un “gancho al hígado” del gobernador del PVEM, Ricardo Gallardo, promotor del juicio político. Hablamos con Nava después de que le restituyeron sus derechos político-electorales. Lucía radiante, aliviado, repuesto después de haber ganado esa larga batalla legal. Nos dijo, sonrisa en boca: “Nos quisieron sacar a la mala de la vida pública. Los Gallardo (padre e hijo) utilizaron este mecanismo porque no encontraron otro para afectarnos”. La Corte resolvió que se violaron los derechos fundamentales de Nava; que hubo invasión de facultades del Poder Judicial por parte del Congreso del estado y lo rehabilitó. “Estamos de nueva cuenta con toda la intención de poder participar para conformar un bloque que pueda desafiar a quienes ahora están en el gobierno y que han mantenido a San Luis en la zozobra, en la inseguridad, afectando los derechos de mucha gente”, remató.
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Muy polémica resultó la ratificación, en la Comisión Permanente, de Juan Antonio Ferrer como embajador de México ante la Unesco, con sede en París, Francia. Ferrer dirigió tres años el extinto Insabi durante el mandato de López Obrador. Su gestión terminó en medio de señalamientos de opacidad en el uso de recursos públicos.
Su nombramiento causó alboroto en el Senado, donde la mayoría oficialista lo ratificó como embajador en la Unesco.
Lilly Téllez se adelantó a Gerardo Fernández Noroña y a su manía de apagar el micrófono a oradores de la oposición que tocan temas que incomodan al oficialismo. Llevó su propio megáfono a la tribuna. Le dio al presidente de la Mesa Directiva una cucharada de su propia medicina.
La diputada del PT Lilia Aguilar no lo toleró. Tijera en mano, ayudada por otra senadora, cortó el alambre del megáfono, pero no callaron a Téllez. La senadora del PAN repetía: “Ferrer corrupto” y “¡Suelta la tijera!”, mientras forcejeaba con las dos oficialistas, a las que calificó de “legisladoras pandilleras”.
Previamente, en tribuna, Lilly alcanzó a explicar los motivos de su rechazo al nombramiento de Ferrer: “El responsable que pagó 400% más caros los ventiladores, las mascarillas y las pruebas de covid-19; ese ladrón que dejó hospitales sin insumos y enriqueció a Andy López Beltrán, en lugar de ir a la cárcel lo van a mandar a París, pagado con tus impuestos, después de haberte dejado sin medicamentos, sin servicios de salud, sin servicios hospitalarios”.
Así es la 4T.
FIN
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