Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. El plan para la paz y la justicia que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo para Michoacán no va a ir a ningún lado. Lo anunció rodeada por la mayor parte de su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, para proyectar determinación y músculo al “no dejar solos a los michoacanos”; pero en realidad se burló de ellos y de los mexicanos, indignados por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La cuchufleta presidencial se escondió detrás de las imágenes de lo que, en otro momento, se podría interpretar como un Estado sólido, que lo único que demostró es que está al frente de un gobierno débil, donde no puede cortar el cáncer porque políticamente está impedida.
Sheinbaum sabe que el principal obstáculo es el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, habiendo recibido hace no mucho los pormenores de su involucramiento con los grupos criminales en Michoacán, contenidos en un informe de inteligencia donde se advierten todos sus vínculos. Otro gobernador en situación idéntica, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, tampoco ha sido tocado por ella. Sus razones, adoctrinada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, son que si salieran del gobierno, las críticas serían para ella y afectaría el movimiento cuatroteísta.
Como López Obrador, es más importante blindar al régimen que luchar por la paz. Rocha Moya, imputado como cómplice del Cártel de Sinaloa por su exlíder, Ismael El Mayo Zambada, quien reconoció en Palacio Nacional que, aún después de que fuera capturado en Estados Unidos, mantuvo comunicación con sus fieles y con Los Chapitos –embarcados en una guerra fratricida desde hace 14 meses– hasta hace unos meses, está libre y sin presiones de la presidenta. Ramírez Bedolla, igual. En ambos casos, de acuerdo con el informe de inteligencia producido por las áreas que reportan al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no son parte del problema, como se discute públicamente, sino el problema.
Ramírez Bedolla tiene una relación orgánica con Los Viagras, un grupo criminal muy violento que forma parte del paraguas de Cárteles Unidos, que surge de las cenizas del Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva, en los municipios de Tierra Caliente, donde surgieron a principios de 2013 los grupos de autodefensa. Uno de sus líderes fundadores fue Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, quien fue pareja de Anabel Bedolla, tía del gobernador.
Comparán Rodríguez y Fructuoso Comparán Bedolla, primo hermano del gobernador, fueron juzgados por un Gran Jurado en Florida en 2021 por introducir metanfetaminas a Estados Unidos por la frontera con Texas, y sentenciados a 10 años de prisión –porque se declararon culpables– en la Corte del Distrito Sur de Miami en 2023. Comparán Rodríguez fue alcalde de Aguililla al mismo tiempo que el gobernador de Michoacán era Leonel Godoy, cuyo hermano, Julio César, era miembro del cártel de La Familia Michoacana, que fue absorbido más adelante por Cárteles Unidos. Esta organización se fortaleció para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación, que, en el realineamiento de las organizaciones criminales en México, ha ido penetrando comunidades e instituciones en Michoacán.
El informe de inteligencia vincula a Ramírez Bedolla con toda esta estructura criminal, lo que no parece afectar a la presidenta Sheinbaum por ser militante de Morena. El gobernador es el indiscutible ganador del plan para la paz en Michoacán que presentó Sheinbaum el domingo, en una ceremonia en Palacio Nacional, donde lo colocó a su derecha, junto al secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Parece un sinsentido, inexplicable incluso para una sociedad kafkiana como la mexicana, que una persona identificada por el gobierno como vinculada al crimen organizado pueda siquiera estar en un espacio privilegiado como el del domingo.
No es la única ironía. Al incorporarlo de lleno a la ceremonia y obligar a su gabinete legal y ampliado a trabajar con él, le otorgó un blindaje legal y un salvoconducto sin fecha de caducidad, para que ni la Fiscalía General solicite una orden de aprehensión, ni la Guardia Nacional o elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo detengan. La declaración del secretario Omar García Harfuch en el evento, de que no habría impunidad para los delincuentes, es una tomadura de pelo, porque si este fuera un país de leyes, habrían incurrido en un delito por omisión de responsabilidad. Y no es todo.
El plan ayuda también a las organizaciones criminales con las que, de acuerdo con el reporte de inteligencia, se vincula al gobernador. El general Trevilla anunció el domingo que el Ejército y la Guardia Nacional sellarían todo el estado para que no pudieran salir ni entrar criminales. Esta estrategia sin precedente parece tener dedicatoria al Cártel Jalisco Nueva Generación, el único que no es originario de Michoacán, lo que no significa que no actuarían contra los demás. Sin embargo, si cesan los enfrentamientos entre esa organización y el resto de las michoacanas, que son aliadas, no habría violencia ni nadie a quién perseguir. Es decir, se construiría la pax narca.
Si bien lo que está sucediendo en Michoacán es una anomalía política, por describirlo de alguna manera, no es extraño. López Obrador tejió relaciones sospechosas con el Cártel de Sinaloa, en particular con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y cuando hubo señalamientos directos contra políticos de Morena de estar aliados al narco, los defendió y acusó a sus enemigos de siempre de una campaña para atacarlo. Sheinbaum está siguiendo su libreto.
Ramírez Bedolla no es un topo en el régimen. Opera bajo la complacencia de la presidenta, que conoce los pormenores de sus vinculaciones. Lo considera también un político inepto que está rebasado. Pero es su inepto y su presunto delincuente. Las razones ideológicas y políticas para protegerlo, como sucede con Rocha Moya, son más grandes que la ley y su necesidad de marginarlos para evitar su toxicidad nuclear.
La violencia y la inseguridad en Michoacán, como en Sinaloa, se lo han dicho personas en quienes confía en el tema de la seguridad, no podrá resolverse a menos que sea sacado del juego; es decir, que se inicie un proceso de desafuero para que deje de gobernarlo. No sucederá. La impunidad para los miembros de Morena es la impronta del régimen.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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