Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. Un juez de distrito negó la suspensión provisional a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, contra la inclusión la lista de personas bloqueadas y descongelamiento de sus cuentas bancarias, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), debido a que no acreditó ser la titular.
La legisladora de Baja Califirnia promovió el recurso de amparo el pasado 2 de octubre ante el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, donde reclamó la emisión del acuerdo 282/2025, donde se le integró en dicha lista y se bloquearon las cuentas que tiene en Banco Mercantil del Norte.
La lista de acuerdos señala que la quejosa pidió la suspensión provisional del acto para los efectos siguientes: “Bajo los términos de la ponderación del buen derecho que le asiste a la suscrita, y derivado de lo ostensiblemente inconstitucional de los actos de las autoridades responsables, se solicita que sea otorgada la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se elimine de la lista de personas bloqueadas a la suscrita y, con ello, pueda acceder a los fondos de las cuentas que me fueron bloqueadas con motivo de actos inconstitucionales”.
Al respecto, Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Baja California, señaló que Brown Figueredo no exhibió la documentación que acredite que es la titular de las cuentas bancarias.
“Se niega la suspensión provisional, toda vez que si bien la parte quejosa solicita la medida cautelar y con su concesión no se transgreden disposiciones de orden público ni de interés social, lo cierto es que no se advierte que con la ejecución de dicho acto se causen perjuicios en su esfera jurídica, pues no acreditó ni aun de manera presuntiva su interés suspensional. Ello es así, puesto que la quejosa no exhibió documento alguno del cual se pueda advertir que es titular de las cuentas bancarias cuyo bloqueo reclama”.
Asimismo, el juzgador requirió a la autoridad responsable su informe previo respectivo que deberá rendir dentro de 48 horas, con la advertencia que en caso de ser omisa, “se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se hará acreedora a una multa de 230 a 2295 Unidades de Medida y Actualización”.
En septiembre pasado, Brown Figueredo, quien fue incluida por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de supuestos colaboradores de Los Mayos –facción del cártel de Sinaloa– en Baja California, negó que sus cuentas bancarias hayan sido congeladas o haber recibido alguna sanción del gobierno mexicano.
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