Oaxaca de Juárez, 28 de julio. Dos generales –uno de ellos en activo–, tres gobernadores, dos miembros del gabinete y uno de los líderes en Morena, son la última relación de nombres que quiere el gobierno de Donald Trump. El mensaje llegó a través de un alto funcionario del gobierno mexicano que recientemente estuvo en Washington en una gira de trabajo. Los nombres no sorprendieron a quienes los conocieron, salvo en un caso, el del general en activo, que los tomó totalmente desprevenidos.
Este es el último mensaje que ha enviado Washington a Palacio Nacional, ya sea en forma directa o a través de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Pero agrupa a lo que se supone, por la información que ha trascendido, que esta lista es prioritaria. No es la única que ha recibido la presidenta Claudia Sheinbaum, pero es la primera que tiene un énfasis específico sobre un perfil de sospechosos por presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El gobierno mexicano no tiene información sobre cómo se han conformado las listas en Estados Unidos, elaboradas por el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y la DEA. Tampoco cuenta con criterios claros respecto de qué podría negociar o ceder ante la administración Trump si las presiones se transforman en exigencias. Tampoco ha trascendido si la presidenta ha discutido ese escenario con su gabinete de seguridad, pero si no lo ha hecho, se le está haciendo tarde y agotando el tiempo para atajar un proceso, que en su favor, no es automático.
Un caso que serviría de estudio para mostrar la complejidad de estos procesos, es el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2021, tres meses después de asumir el poder Xiomara Castro, con quien negociaron la medida y pudieran juzgarlo acusado de tráfico de drogas vinculado al Cártel de Sinaloa. En el caso hondureño, el gobierno de Joe Biden consideraba que Castro no tendría la fuerza para llevarlo a tribunales, y acordó con ella la extradición. Por las declaraciones hechas en el gobierno de Trump, las señales son que preferirían una solución de esa naturaleza en México.
El caso hondureño traza una ruta legal de cooperación binacional, pero no es comparable con México. Desde la oposición, Castro denunció por años la corrupción de Hernández y su vinculación con el narcotráfico. En México, las denuncias de nexos del régimen con el narcotráfico vienen de la oposición, muy reducida políticamente y hoy sin posibilidades reales de recuperar el poder, y de la prensa. Otra diferencia es que al ser adversaria de Hernández, Castro no tenía compromisos internos que generaran resistencias a su decisión.
Los incentivos que tenía Castro son lastres en el caso de Sheinbaum. Todos, salvo los dos generales, son militantes de Morena y fueron encumbrados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los militares, sin ser parte del régimen, han sido el pilar y sostén del movimiento obradorista, que en varias ocasiones giraron de la institucionalidad a la incondicionalidad. En ese sector encontraría la principal resistencia.
El ejemplo es cuando detuvieron en Los Ángeles al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, cuando tras la reacción a bote pronto de López Obrador para imputarlo instintivamente, el titular de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, le transmitió el enojo de una veintena de generales y la exigencia de defenderlo. En 24 horas, el expresidente cambió 180 grados su posición. Sería equivocado pensar que en el caso del general en activo no habría una reacción similar.
No obstante, existen otros espacios para la presidenta si ese mensaje se transforma en demanda, y los costos para el país se elevan. No hay ninguno en esa lista, seguramente salvo el general en activo, que no podría ser parte de una negociación porque no le cuesta mucho a la presidenta. No sería deseable extraditarlos, dentro de la lógica del régimen, por los riesgos de que se conviertan en testigos cooperantes y hablen lo que se presume que saben, o declaren lo que les instruyan los fiscales en cortes estadounidenses.
No obstante, tiene una salida legal para la presidenta: iniciar un proceso en contra de los miembros de Morena que han sido imputados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, para que sean juzgados en México. Incluso, si llegaran a ser encontrados culpables, podría demorar su extradición, como hicieron tantos gobiernos mexicanos con Rafael Caro Quintero, pero la defensa de Sheinbaum de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, tras la cancelación de su visa estadounidense, y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por Ismael El Mayo Zambada, no parece estar en sus cálculos.
Pero la presión no va a cejar, y lo saben en Palacio Nacional. De hecho, ha venido aumentando a través de diversos funcionarios del gobierno de Trump, causando temores e incertidumbres. Puede ponerse peor, como que un día de estos, la procuradora Pam Bondi anuncie que han iniciado un proceso judicial contra una alta figura del régimen o del Ejército, y pida al gobierno mexicano que lo detenga y lo extradite. Este sería el peor de los mundos para la presidenta Sheinbaum. No sólo perdería la iniciativa, sino que estaría acorralada y vulnerable. La meterían en una encrucijada, como en la que estuvo López Obrador con los casos de Caro Quintero y Ovidio Guzmán López, que tuvo que ser obligado a detenerlos y, en el segundo caso, extraditarlo.
No hay que olvidar que López Obrador lidió con el guante de terciopelo de Biden, mientras Sheinbaum tiene enfrente a Trump. Parece inevitable que apretarán el acelerador para obtener un pez gordo del régimen, que la obligará a tomar decisiones. Tener algo de tiempo en este momento para que se corran los escenarios, los riesgos, las consecuencias, las salidas de escape y el control de daños, es una ventaja para Sheinbaum, que de concretarse estará en el punto donde no será si la afecta o no –la dañará sin duda–, sino minimizar el impacto para mantener el control de lo que pasa en México.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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