Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. Entre más tiempo tarde el senador Adán Augusto López Hernández en separarse de la coordinación de la bancada de Morena, más tuercas le irán apretando desde el gobierno federal. La instrucción en Palacio Nacional es desmantelar toda la red de negocios vinculados a él y acabar con la maraña de contratistas que son parte del financiamiento que ha construido desde antes de llegar incluso a la Secretaría de Gobernación en 2021, pero que fue fundamental para tener cientos de millones de pesos para fondear su campaña presidencial.
El entramado que fue hilando López Hernández pasó desapercibido durante la primera parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se calentaron los motores para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia, al abrirse la sucesión, el dinero, por sus volúmenes, comenzó a saltar. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le fue informando durante 2021 y 2022 la forma en que López Hernández se estaba haciendo de recursos y con qué fines, pero el presidente hizo a un lado sus alertas.
Donde pusieron atención a lo que estaba sucediendo fue en Washington, donde abrieron una investigación y le dieron un seguimiento por sospechas de estar vinculado con el crimen organizado. Agentes de inteligencia estadounidenses reconstruyeron la mecánica de sus negocios sospechosos a través de la notaría que su padre, Payambé López Falconi, había fundado por intermediación de Salvador Neme Castillo, cuando fue secretario general de Gobierno en la administración de Leandro Rovirosa Wade. Adán Augusto la heredó y, cuando fue gobernador y posteriormente secretario de Gobernación, la manejó su hermano Melchor.
Como aquí se ha expuesto, las investigaciones estadounidenses encontraron una presunta operación de lavado de dinero desde la notaría mediante factureros, que entraron a los negocios a gran escala como nuevos operadores financieros en el régimen, en la medida en que el gobierno de López Obrador iba eliminando a los factureros que habían trabajado con gobiernos anteriores.
El relevo de los factureros que operaron con el PRI y el PAN fue masivo, donde no sólo se contrataron servicios de amigos y conocidos, sino que, para asuntos de menor envergadura, se recurrió incluso a notarías de desconocidos. Sólo para tener una idea del dinero que se manejaba, una notaría pequeña que alcanzó una parte del pastel permitió que, en seis años, el jefe y su familia salieran de problemas económicos y pudieran crear un pequeño imperio inmobiliario en el país.
Los estadounidenses encontraron que la notaría de los López Hernández tenía como eje a Rosalinda, la hermana menor, a quien López Obrador, con quien convivió cuando vivió en la casa de Payambé en Villahermosa, nombró jefa de Auditoría Fiscal del SAT. La mecánica con la que operaban comenzaba con Rosalinda, que murió de cáncer en junio del año pasado, quien dejaba asuntos en “tránsito” por evasión de impuestos o en litigio, que su hermano Melchor resolvía en las oficinas de la auditoría del SAT en Guadalajara y León.
A partir de ese negocio, Adán Augusto y su cuñado, el entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón –esposo de Rosalinda–, construyeron una red de financiamiento para nuevas empresas que fueron constituyendo durante el sexenio pasado y que fue utilizada como matriz en el negocio del contrabando de combustible, según la investigación en Estados Unidos. Ese negocio se fortaleció con Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró Adán Augusto, siendo gobernador de Tabasco, como secretario de Seguridad, quien desde ese cargo creó un imperio criminal en el sur del país, convirtiéndose en brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Escandón, que actualmente es cónsul en Miami, le abrió la puerta en Chiapas a esa organización criminal, que convirtió la frontera con Guatemala en una zona de guerra entre los cárteles de las drogas.
Esta es una de las redes que van a empezar a intervenir en el gobierno federal, aunque desde 2019 el expresidente López Obrador debió haber sido alertado de los vínculos criminales del senador López Hernández, a quien se le detectaron elementos de los servicios de inteligencia del Ejército mexicano. La otra, más reciente, se enfocará en los financieros del senador, principalmente los hermanos Fernando y Carlo Padilla, sobre quienes existen también sospechas de que uno de ellos, Carlo, pueda ser prestanombres de Adán Augusto.
Fernando no es un nombre ajeno a la opinión pública. Ha sido una figura pública importante en su entorno desde que el principal operador financiero del senador, Daniel Flores Nava, murió en un extraño accidente al despegar de Veracruz en su avión en julio de 2023, a donde había ido a insistencia del entonces precandidato presidencial. Flores Nava, director general de Proyecta, una empresa que estaba llena de contratos en los megaproyectos de López Obrador, era socio de Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, que financió ocho campañas de Morena para gobernador en 2021, y que fue asesinado ese mismo año.
Padilla es quien, a través de empresas de salud, ha financiando la campaña de la senadora Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua, y está involucrado en el sector de las medicinas, donde Amílcar Olán, figura central de “el clan” de los López Beltrán, los hijos del expresidente, y Alejandro Calderón Alipi, quien dirigió el IMSS-Bienestar en el sexenio pasado y actualmente es secretario de Salud de Tabasco, son otros de los financieros del senador.
La pesquisa sobre las empresas constructoras tiene un elefante en la sala, iluminado por un reportaje de N+ Focus, la unidad de investigación de Televisa, el cual reveló que entre 2023 y 2024, el senador recibió aproximadamente 79 millones de pesos en transferencias de varias empresas privadas: GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo, algunas de las cuales habían sido señaladas como contratistas del gobierno de Tabasco cuando fue gobernador, y una identificada por el SAT como empresa fantasma. El senador ha tratado de explicar esos ingresos, pero parece nadar en un pantano. Las confusas explicaciones han sido motivo de exasperación en Palacio Nacional.
Un informe confidencial que le entregaron recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum señala que este caso es uno de los que le están produciendo un desgaste acelerado, que no puede atacarlo directamente ella por la delicada relación con López Obrador, pero que busca que las investigaciones permitan cortarle los brazos económicos que aún lo sostienen.
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