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Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. José Antonio Álvarez Hernández, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, manifestó que existe un rezago por parte de los abogados, en la actualización del Sistema Acusatorio Adversarial, mejor conocido como Juicios Orales, aunado a la falta de difusión del nuevo sistema por parte del gobierno a la sociedad oaxaqueña.
Manifestó que en el país es una novedad el tema de Juicios Orales, además de que los abogados egresados hace cinco generaciones, en las universidades no les impartían las materias o conocimientos sobre el Sistema Acusatorio Adversarial, el cual se está ajustando en los nuevos modelos educativos de nivel superior.
Expresó que a esto se suma un rezago de años y “falta de costumbre” por parte de la sociedad en el nuevo sistema judicial, ya que se acostumbraron al sistema tradicional de la impartición de justicia, el cual es difícil de asimilar.
Dijo que otra problemática es la falta de información por parte del gobierno a la sociedad sobre el sistema, donde para muchos es desconocido aún, muestra de ello es que desde su implementación en la Mixteca desde el 2008, la ciudadanía no conoce los Juicios Orales.
Mencionó que a esto también se suma la falta de preparación del personal que intervienen en la procuración e impartición de justicia, “creo que todavía la ciudadanía se va a desgastar un poco más para recibir resultados favorables o desfavorables del sistema, porque apenas se va en proceso la aplicación de los Juicios Orales”.
Álvarez Hernández, aseveró que en el caso de Oaxaca, el cual modificó el Código de Proceso Penal en el 2008 por la entrada del Sistema Acusatorio Adversarial, ahora, éste se tienen que adecuar al Código Procesal único, aprobado por el Congreso de la Unión, del cual se tienen que regir, y por ello adecuarse a la Ley Federal, aprobada en días pasados, “ya que es el que nos va a regir”, enfatizó.
Dijo que con el Sistema Acusatorio Adversarial, en los medios de comunicación se deben cuidar las formas para difundir la información, “ya que no se debe linchar o señalar de responsables a determinada persona, hasta que la autoridad emita un dictamen, por lo cual siempre se debe manejar el término de presunto responsable, para que la autoridad sea la que determine si es culpable o inocente”, puntualizó.