Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Ante la omisión irresponsable, tardía y hasta criminal en el combate en un incendio forestal, las asambleas comunitarias de San Dionisio Ocotepec, Santiago Matatlán y San Lucas Quiaviní acordaron que no permitirán la instalación de casillas en sus municipios para las elecciones del próximo 2 de junio. 
Y es que sólo con denuncias en redes sociales, bloqueos carreteros, tres demandas de juicio de amparo y la retención de tres delegados de Paz, el gobierno morenista de Salomón Jara Cruz se vio obligado a intervenir para sofocar el incendio en San Luchas Quiaviní que dejó cinco comuneros calcinados.
Las autoridades de San Dionisio Ocotepec, Santiago Matatlán y San Lucas Quiaviní, junto con sus agencias y rancherías, “levantamos la voz enérgicamente para exigir la intervención inmediata del gobierno del estado y del gobierno federal, con equipo especializado de mitigación de incendios vía aérea”.
La soberbia e incapacidad del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, se reflejó en una entrevista que concedió a El Imparcial, donde justifica que “los incendios son provocados; que ahí en la línea de fuego están trabajando nuestros delegados de Paz y que todos piden un helicóptero para combatir, pero hay un protocolo y se necesita demostrar la necesidad urgente del mismo, y se tienen que programar. Se solicitó a la Marina, pero no fue inmediato”.
Efectivamente, la nave aérea llegó pasado el mediodía del sábado 2 de marzo (cinco días después de iniciado el incendio) y unas horas más tarde suspendió sus tareas al presentar una falla. Este domingo 3 de marzo reanudó sus actividades, las cuales destacó el gobierno del estado al asegurar que “el incendio registrado en San Lucas Quiaviní, San Felipe Güilá y San Pablo Güilá se encuentra 90% bajo control y 50% de liquidación”.
Respecto de los delegados de Paz, pobladores de San Pablo Güila retuvieron a Donato Vargas, funcionario de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, junto a otros funcionarios, quienes serán liberados, advirtieron los inconformes, hasta que el gobierno del estado cumpla con la ayuda para sofocar el incendio.
El otrora sedicente “luchador social” le echó más gasolina a la irritación de las comunidades al reiterar “que los helicópteros cisterna abonan, pero no son una solución a fondo en el combate contra los incendios forestales”, al tiempo que exhortó a la población de las comunidades afectadas “a cuidar la roza, tumba y quema, así como a no caer en la falsa información y politización de estos temas”.
La realidad es que un documento firmado por los presidentes municipales Rafael Morales Curiel, de San Lucas Quiaviní; Fortino Ruiz Méndez, de San Dionisio Ocotepec, y Rogelio Hernández Sernas, de Santiago Matatlán, así como del agente municipal de San Pablo Güilá Matías Luis Santiago, de los comisariados comunales, del Frente no a la Minería por un Futuro de Todas reiteraron:
“Hemos tomado como decisión en asamblea que no permitiremos la instalación de casillas en nuestros municipios para las elecciones del próximo 2 de junio, así mismo no se permitirá el ingreso de candidatos y candidatas de los partidos políticos para hacer campaña en la zona sur del distrito de Tlacolula. Esto en respuesta a la nula y sistemática omisión en este acontecimiento tan grave para la vida de nuestros pueblos”.
Recordaron que “el día 27 de febrero de 2024 inició un incendio forestal en el territorio comunal de San Lucas Quiaviní, en el distrito de Tlacolula, Oaxaca. Debido a la omisión sistemática de las autoridades estatales y federales responsables, el incendio se extendió a los terrenos ejidales de San Pablo Güila, San Dionisio Ocotepec y a los terrenos comunales de Santiago Matatlán”.
“Los comuneros, ejidatarios y pobladores, hombres y mujeres, de las localidades y rancherías de estos municipios, fuimos convocados por las autoridades para combatir el incendio, pero no contamos con los medios efectivos ni técnicos para apagar el siniestro que está consumiendo miles de hectáreas de bosques”.
“El incendio ha traído como resultado la muerte de cinco comuneros de San Lucas Quiaviní que responden a los nombres de Rafael Antonio Morales, José Hernández López, Pedro Curiel Diego, Celso Diego y Felipe García. Así también, tres personas se encuentran en calidad de desparecidas”.
Mencionó que por esta omisión del gobierno de la “primavera oaxaqueña”, “presentamos tres demandas de juicio de amparo en contra de las autoridades responsables, para la preservación de la vida de las personas que enfrentan a ras de suelo el incendio. El juez segundo de Distrito atendió una de estas demandas, el juicio de amparo radicado corresponde al 2016/2024, en este caso se emitió la suspensión para preservar la vida de los combatientes”.
Sin embargo, abundaron, “hasta este mediodía del sábado 2 de marzo no hemos tenido una respuesta efectiva del gobierno del estado (emanado de las filas de Morena), que ha puesto como pretexto que no cuenta con el combustible necesario para mover el equipo táctico aéreo a la zona siniestrada”.
Proceso
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