Oaxaca de Juárez, 4 septiembre
MILENIO CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVEEstamos ante la obra de infraestructura más importante de la época contemporánea, dijo el director del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Manuel Ángel Núñez. Y por lo expuesto ayer será difícil llevarle la contra.
Comencemos por el tema de la tierra. Ayer publiqué aquí que el Frente en Defensa de las Tierra alistaba de nuevo los machetes, bajo la premisa de que el nuevo aeropuerto se edificaría en el mismo lugar del fracasado proyecto de 2001-2002 y ellos no venderían una hectárea. Tuve oportunidad de preguntarle al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, cómo resolverían la situación. Me respondió con lo mismo que el presidente Peña Nieto expresaría horas más tarde: las 4 mil 600 hectáreas del polígono donde estará el aeropuerto fueron adquiridas ya por el gobierno federal.
Esa compra no anula un eventual conflicto con algunos grupos de Atenco y Texcoco, pero ya no será por las tierras. Por lo demás, el proyecto es muy impresionante: el número de personas que podrán ser transportadas; los 160 mil empleos de inicio, mayoritariamente para trabajadores del oriente del Valle de México; un esquema lógico y creíble de financiamiento; un bello y modernísimo diseño arquitectónico; reforzamiento al doble de los mantos acuíferos; un bosque de 700 hectáreas; las palabras del gobernador Eruviel Ávila: gracias por hacerle justicia al oriente; las de Miguel Ángel Mancera: un triunfo de la cooperación y la coordinación.
En fin. Demasiado bueno para ser cierto. Pero el proyecto arranca muy bien. No recuerdo una puesta en escena parecida.
EXCÉLSIOR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ RAZONESEl año pasado se descubrieron dos mil 163 tomas clandestinas para el robo de combustible de Pemex. Significa que ha habido un crecimiento, no en el robo de gasolina, que nadie sabe exactamente a cuánto asciende, sino en el descubrimiento de tomas clandestinas, de mil 493 por ciento en los últimos nueve años. Son cantidades formidables y constituyen una de las mayores mermas que tiene Pemex en su accionar cotidiano.
La mayor parte de las tomas clandestinas se han detectado en Tamaulipas: el año pasado casi 400. El crimen organizado en la región se financia del robo y la comercialización de combustible, mucho más que de sus otras actividades, desde el secuestro hasta la extorsión. Cerrar la llave de ese financiamiento es clave para las autoridades, como lo fue en Michoacán cerrar el flujo de recursos que provenía de la explotación y exportación de mineral de hierro por parte deLos Templarios.
Los daños que causa este tipo de explotación son enormes: por supuesto económicos, pero también sociales y ecológicos. Los derrames provocados por las tomas clandestinas están asolando muchas regiones del país y se repiten en todos los estados, el más reciente en Nuevo León, pero también en Jalisco, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Tabasco, en Puebla, en Sinaloa, en prácticamente todos los estados ha habido derrames y accidentes, de mayor o menor gravedad. El más grave, sin duda, la explosión en San Martín Texmelucan, en Puebla, que dejó decenas de muertos y heridos.
La Gendarmería tendrá en esa labor, por lo menos en Tamaulipas, una de sus primeras responsabilidades, pero en esa lucha participan también el Ejército, la Marina y las emergentes fuerzas de seguridad locales. Pero aún se está muy lejos de haber cortado el flujo de recursos provenientes del robo de gasolinas. Para ello se deben descubrir las tomas clandestinas, pero también a sus consumidores, que en ocasiones son simples conductores, pero en otros se trata de empresas importantes y establecidas. Si se roban miles, posiblemente millones de litros de gasolina, alguien los comercializa, pero también alguien los compra y los utiliza. Y eso incluye desde ciertas gasolineras hasta empresas productivas. Ese es el círculo que se debe romper para acabar con una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, por lo menos en todo el Golfo de México.
Pero también se debe acabar con esa práctica porque pocas son tan nocivas para el medio ambiente: los derrames, como decíamos son continuos, la gente que vive cerca de las tomas clandestinas está en peligro, la calidad de vida se deteriora. El tema es preocupante porque los derrames se han generalizado y los daños de todo tipo crecen. Y van de la mano con una creciente abandono de cuidados de empresas que tampoco están haciendo algo por cuidar su entorno. Los casos de la minera de Cananea o de la laguna de Cajititlán, en Jalisco, donde esta semana se recogieron 82 toneladas de peces muertos por la contaminación de sus aguas (que los pobladores atribuyen a una empresa tequilera) son los ejemplos mayores de un fenómeno que se repite cotidianamente.
Los círculos se deben cerrar: las tomas clandestinas deben ser erradicadas para evitar un robo a la nación. Los delincuentes que viven de ese robo deben ser perseguidos y encarcelados, pero también tienen que ser castigados quienes se aprovechan de él y lo explotan en su beneficio. Pero también el círculo se debe cerrar para evitar daños ecológicos cada día más frecuentes y para romper con otra cultura, la que cree que todo está permitido, sea utilizar gasolina robada de ductos clandestinos o verter sus desechos en cauces de ríos o lagunas. En última instancia se trata de romper con una cultura de la impunidad que termina siendo, en éste y en muchos otros ámbitos, el mayor problema real que tenemos en el país.
La 22 y Atenco
Anunciado ya el nuevo aeropuerto, tomadas todas las previsiones legales y políticas para garantizar su construcción, habrá que poner atención en grupos desestabilizadores, sobre todo en un eje que funcionó muy bien, particularmente desde el anuncio de la construcción del aeropuerto en el gobierno de Fox, en 2001, hasta, por lo menos, 2006: el de la alianza tácita entre la Sección 22 y los grupos de Atenco. Son dos organizaciones distintas con diferentes agendas públicas, pero donde están involucrados los mismos dirigentes y grupos políticos. Cada acción de Atenco o de la 22 en esos años fue replicada por sus contrapartes. El límite fue la toma de la ciudad de Oaxaca en 2006 y la de Texcoco ese mismo año. Sólo se rompió ese mecanismo cuando en esos dos escenarios actuó la fuerza pública, luego de un largo periodo de desgaste gubernamental. Hoy la 22 tiene más margen que antes, mientras que los que quedan de Atenco, mucho menos numerosos, se aprovisionan de apoyos de otros grupos. Habrá que estar muy atentos a ese eje desestabilizador.
Otro tema, Ebrard critica de forma ridícula que el gobierno del DF haga obras con el federal. Le debería dar vergüenza.
LA JORNADA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ASTILLEROAdemás de las abundantes razones históricas y prácticas para temer que los grandes negocios impulsados por la actual administración sean pasados por las aduanas de las comisiones, los porcentajes y otras formas de alegre salpicadura de recursos entre políticos y empresarios que al final de estos procesos suelen quedar con intereses y acciones entreveradas, hay indicios preocupantes de que las famosas reformas estructurales fueron aprobadas merced a múltiples procesos de compra de voluntades políticas de legisladores en lo individual, de aparatos partidistas de control legislativo y de directivas partidistas en sí. Bonos especiales,moches, fiestas con premio sexual, cargos en la estructura del Congreso (o, como en el caso de Raúl Cervantes, la descarada oferta de hacerlo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que presidiría), presidencias de mesas directivas, espacios amables en los medios de comunicación aliados, y mucho dinero en efectivo.
Ayer estalló un escándalo entre senadores panistas que abunda en esa hipótesis de la fabricación corrupta de reformas corruptas que darán lugar a grandísimos negocios corruptos. El colimense Jorge Luis Preciado, conocido por su pragmatismo (usó un área del Senado para celebrar el cumpleaños de su esposa con música y bebida, y ahora construye un castillo con fines hoteleros en su estado natal), fue acusado por el jalisciense José María Martínez de haberle ofrecido medio millón de pesos para que aprobara alguna de las reformas que ahora Peña Nieto proclama casi como creaciones divinas, sin mácula de debilidad humana.
Chema Martínez es un pío panista que ha ganado fama al presidir una peculiar comisión sobre asuntos familiares y desarrollo humano que ha pretendido convertir en instrumento ultraderechista para impugnar los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Es un cruzado que teóricamente debería estar reñido con la mentira. El acusado, en cambio, es un personaje que impuso Gustavo Madero en sustitución de Ernesto Cordero para contar con un peón manejable, aguantador, sin compromiso militante con la veracidad o la higiene políticas. Otro senador, Martín Orozco (acusado de tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público desde 2007, cuando presidía el municipio de Aguascalientes, litigio que ha ido librando fuera de las rejas gracias a los cargos legislativos que ha ido teniendo), también acusó a Preciado de haberlo invitado a una fiesta con acompañantes de pago, al estilo de lo sucedido en Puerto Vallarta.
Comprar votos y voluntades en el Poder Legislativo federal para aprobar ciertos asuntos significaría que el máximo poder organizador de esas subastas esperase obtener altas ganancias de esos resultados. Son muy altas las probabilidades de corrupción en el negocio del siglo, el de los energéticos, donde Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya hacen heroicos esfuerzos declarativos (pero sólo declarativos) por negar que tan apetitoso pastel trasnacional y transexenal pudiese derivar en hechos de deshonestidad. Pero ni siquiera funciona la de por sí inservible Secretaría de la Función Pública, desguazada desde el arranque del peñismo según eso para dar paso a la comisión nacional anticorrupción que nomás no ha podido sacar adelante Los Pinos, a pesar de que muchas otras faenas aparentemente imposibles se cumplieron a tambor batiente.
En ese tufo generalizado de que el gobierno y las élites económicas se van repartiendo rebanadas de pastel, aparece el yerno de Carlos Slim como ganador del proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. El arquitecto Fernando Romero, casado con una hija del hombre que está en la cima de los más ricos del mundo, participó en la propuesta de la mano de una celebridad, el británico Norman Foster. A fin de cuentas, lo importante para el negocio crudo no es el diseño, sino la asignación de los contratos de construcción, mismos que se llevarán unos 120 mil millones de pesos. No será una sola firma la que se quede con todo el pastel, pero habrá que ver si en los reacomodos de élite, en las compensaciones por golpecitos ‘‘antimonopólicos’’, en el mismo proceso de enriquecimiento al estilo salinista de Telmex, nuevamente está Carlos Slim en la ruta de los grandes negocios asignados por razones políticas y sin verdadera transparencia.
Frente a la magnificencia aeroportuaria que ayer mismo salió a detallar el lic. Peña Nieto (con su personalísima pieza de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, probado desde el estado de México en cuanto a asignaciones de contratos y demás) se ha vuelto a alzar un machete que no se ha oxidado, el de los pobladores de San Salvador Atenco que ayer mismo realizaron una tomasimbólica de la maquinaria que ya está en actividad en los mismos terrenos donde los sueños de grandeza de Vicente Fox comenzaron a estrellarse.
Además de la poca transparencia real en cuanto a los procesos de asignación del negocio del aeropuerto, y el nuevo tropiezo con la piedra histórica de la resistencia en Atenco, hay voces que impugnan la viabilidad técnica del uso de esos suelos. Pero el peñismo va o cree ir con banderas desplegadas, imparable, envuelto en la bandera de la retórica y su sometida reproducción en la mayoría de los medios de comunicación, convencido de que está moviendo a México y no jodiéndolo como otros creen. Y, mientras llega a México La fiesta de la insignificancia, la nueva novela de Milan Kundera, ¡hasta mañana!
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