Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. Un audio del que nadie sabía nada regresó de manera intempestiva al centro de la arena pública a los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, investigado por haber creado una red de corrupción en las aduanas marítimas. En el audio, obtenido por los reporteros Sebastián Barragán y Omar Fierro, del portal Aristegui Noticias, se escucha supuestamente al contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunciar ante Ojeda una trama criminal de contrabando de combustible que involucraba a sus sobrinos políticos, a lo que el secretario le pide que la presente escrita.
La Marina, según se informó oficialmente, no encontró nada irregular en sus pesquisas, mientras que la Fiscalía General de la República tiene abierta una causa penal por las denuncias del contralmirante Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024. El año pasado, poco antes de renunciar a la fiscalía, Alejandro Gertz Manero dijo que Ojeda le había comentado en 2023 de presuntos actos de corrupción en la Marina, los cuales investigó sin encontrar pistas sobre el contrabando de combustible; con lo que le dieron una salida al exsecretario para no ser investigado.
Se desconoce la profundidad de la investigación contra los sobrinos políticos de Ojeda: el contralmirante Fernando Farías Laguna, que se encuentra prófugo, y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso. Documentos internos de la Marina, sin embargo, revelan que la red de protección de los Farías Laguna se comenzó a construirse desde que Manuel Roberto y su tía, Sandra Luz Laguna, esposa de Ojeda, maniobraron para que el almirante José Luis Arellano Ruiz fuera designado subsecretario, cargo que ocupó durante casi todo el sexenio.
Arellano Ruiz, de acuerdo con los documentos confidenciales, recibió como encomienda de los Farías Laguna establecer relaciones con políticos y empresarios que le indicaran, incluido que los acercara a la entonces candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, para proponerle financiamiento para su campaña a cambio de aceptar nombrar al secretario de una terna que le iban a presentar. Nunca pudieron estar cerca de la presidenta. Arellano Ruiz, además, validaba las empresas que le presentaban los Farías Laguna en obras, dragado y construcciones marítimas.
El subsecretario no fue el único mando naval a su servicio. En total, de acuerdo con los documentos elaborados en 2021, fueron 34 oficiales que trabajaron para ellos, tejiendo una amplia red de complicidades en las aduanas de Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En los informes no aparece ninguna referencia al contrabando de combustible, pero sí figuran dos personas que están en la investigación del huachicol fiscal, sus operadores principales: el capitán de corbeta, Miguel Solano, que era el responsable de recolectar lo recaudado en las aduanas, concentrarlo en la Ciudad de México, desde donde se dispersaban los recursos a todos los mandos en la red, y el capitán de fragata Clímaco Aldape Utrera, que era quien hacía todos los trámites legales o ilegales de los sobrinos para evitar que negociaran directamente con los representantes del crimen organizado.
La relación directa con el crimen organizado la llevaba el teniente de navío Octavio Sánchez Alatorre, que estaba comisionado en Guaymas, desde donde se desplazaba por todo el país para facilitar el trasiego de drogas por los puertos de Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, pactando con todos los cárteles de la droga, pero en particular, por lo amplio de su negocio de contrabando, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Era el apoyo de Solano y Aldape Utrera, y quien se encargaba de comprar vehículos para los cabecillas de la red, organizar las fiestas y contratar artistas para su entretenimiento.
Sánchez Alatorre no era el único que tenía relación con el crimen organizado. El vicealmirante Miguel Rivas Hernández, se indica en los informes, ayudaba a mover unidades especiales de la Marina para brindar protección a diversos grupos delictivos según la región y facilitaba los cambios de adscripción de personal de la infantería de Marina. Otro fue Joaquín Cruz Ballado, hermano del almirante Jorge Luis Cruz Ballado, que le facilitó al crimen organizado el trasiego de drogas a través de la aduana y la Administración del Sistema Portuario Nacional en Lázaro Cárdenas.
Los Farías Laguna, de acuerdo con los documentos, operaban principalmente con mandos medios, pero habían involucrado en la red a oficiales de alto rango. Uno de ellos fue el almirante Raúl Pérez Vázquez, uno de sus candidatos a relevar a Ojeda, quien les ayudó en la integración de los primeros administradores de aduanas. Otro, el vicealmirante Benito Armando Galeana Abarca, que protegía a administradores de aduanas y a funcionarios de Hacienda donde operaban los sobrinos políticos. Un contralmirante clave era Martín Francisco Mouton, en ese entonces director de Construcciones Navales, que autorizaba licitaciones a las empresas que ellos le presentaban, en especial “Construcción, Infraestructura y Comercialización”, que tenía vínculos con miembros del gabinete del expresidente.
El contralmirante Ibrahim Manuel Maja Castro les sirvió desde el Estado Mayor y apoyó en asignaciones, agregadurías, ascensos y cambios de adscripción; cuya responsabilidad era similar a la del contralmirante Audberto López Rosas, jefe de la Sección 1ª del Estado Mayor, que tiene que ver con recursos humanos, quien cobraba, como muestra, 500 mil pesos por ascensos a contralmirante o agregadurías. Los Farías Laguna tenían a varios mandos infiltrados en la Unidad Naval de Inteligencia, como el contralmirante Gabriel Guzmán Comparán, y el contralmirante César Mora Arenas, que investigaban a civiles y militares sin conocimiento del jefe del área.
Todos los mandos al servicio de los Farías Laguna tenían compensaciones mensuales por sus servicios. Por ejemplo, al contralmirante Marco Antonio Bandala, que era el administrador en Manzanillo, donde, de acuerdo con los informes, facilitaba el ingreso de mercancías, le daban ocho millones de pesos. Al contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, cuando estaba en la aduana de la Ciudad de México, cinco millones. El dinero de la corrupción abundaba. Al menos, dice el informe, la recaudación superaba los 50 millones de pesos a la semana.
La red de corrupción de la Marina en las aduanas no fue institucional. La difusión del audio de Guerrero Alcántar y de los documentos confidenciales revela la tensión interna en una institución que no estaba podrida, no así un buen número de oficiales.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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