Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre
MILENIO CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNAnte alumnos de la UdeG, el sacerdote Alejandro Solalinde, en vez de agua bendita, roció gasolina sobre el caso Iguala:
Dijo (La Jornada de ayer) que al ex alcalde José Luis Abarca “lo encontraron en Veracruz y lo fueron asembrar a territorio opositor en el DF, en Iztapalapa…”.
El gobierno federal, aseguró, “ha estado administrando esta información para aprovechar tiempos políticos”, ante una “porquería de país”.
¡Chingatum est!
El mismo sacerdote fue quien dijo hace casi un mes que los normalistas agredidos y levantados la noche del 26-27 de septiembre habían sido muertos y sus restos “calcinados” (lo que ofendió tanto a los padres que le impidieron oficiar misa y conminaron a salir de Ayotzinapa).
Jesús Murillo Karam dijo el viernes que Solalinde se negó a revelar la fuente que le contó lo que, todo indica, en efecto sucedió.
¿Cuánto pudo, pero no quiso, contribuir al aceleramiento de las investigaciones?
Ahora debiera seguir hablando y demostrar la demencial versión de la captura en Veracruz del sembrado en Iztapalapa.
CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVEQueda claro que la policía no. Ni siquiera cuando, como ocurrió el lunes en Acapulco, ocho hombres que se enfilaban a tomar el aeropuerto pateaban con sevicia a un policía estatal que se desangraba en el suelo.
La orden del gobernador Rogelio Ortega es categórica: soporten mientras la violencia de los manifestantes no toque a personas. Y como no queda claro si los policías forman parte de la categoría de “personas”, la indignación post-Ayotzinapa tiene, por lo pronto, permiso para golpear, medio matar policías.
El sábado a las puertas de Palacio Nacional también se agredió resueltamente a la fuerza pública. El incentivo es muy alto para que, al grito de “¡todos somos Ayotzinapa!”, los grupos sociales que no están perdiendo la oportunidad de transmutar la tragedia en botín multipliquen los ataques contra la autoridad.
La Policía Federal tiene instrucciones parecidas. Aguantar, aguantar, porque lo peor sería obsequiar una imagen de represión a quienes parecen buscarla entusiastamente. ¿Qué hacer entonces?
La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, levantada el lunes, puede dar un norte. A la pregunta de si los propios manifestantes pacíficos deben denunciar a quienes realicen actos de vandalismo o violencia, un sorprendente 69 por ciento de guerrerenses y 74 por ciento de mexicanos respondieron sí.
Me sumo a esa mayoría. Es hora de dolor, indignación, protesta. Pero no puede ser tiempo de robar, herir, denigrar, matar. Tiempo de canallas.
Llamemos a las cosas por su nombre. La violencia después de la tragedia está siendo patente exclusiva de algunos grupos, de algunos manifestantes.
EXCÉLSIOR RAZONES JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZToda acción genera una reacción. El lunes en Monterrey, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, en un acto donde se estaba colocando la primera piedra de un nuevo cuartel para la Policía Militar, dijo que los militares ‘‘aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece’’.
Dijo mucho más, en una intervención que buscaba, sin duda, interlocutores políticos, me imagino que dentro y fuera del propio gobierno. Pidió tomar “decisiones acertadas para ponderar desafíos y para consolidar el rumbo” e insistió en que ‘‘la indolencia, la insensibilidad, el silencio, la violencia desmedida y la complicidad, obstruyen y limitan la verdadera esencia de la justicia’’. Agregó que ‘‘el rumor, la intriga y la deslealtad corroen cimientos, mancillan convicciones, frenan el potencial que tiene el país y debilitan las instituciones’’.
Si alguien cree que ese es el tono habitual de una intervención pública del secretario de la Defensa se equivoca rotundamente. Un general secretario no suele hablar de temas políticos, pero en esta ocasión lo hizo porque por el tono del discurso pareciera que quería advertir a la sociedad que hay hechos que han traspasado los límites, tanto que ‘‘el desarrollo y el progreso de la nación están en juego”.
Hay quienes piensan que este discurso tiene relación directa con el proceso que ha iniciado la PGR a siete militares por el caso Tlatlaya. En parte puede ser, pero creo que podría tener mucha más relación con las infamantes acusaciones que han hecho algunos grupos responsabilizando al Ejército de no haber impedido la masacre de Iguala con el argumento de que en la zona hay un destacamento militar. Es una estupidez, como exigir a los militares que impidan los robos en la zona de Tecamachalco en el DF, porque allí están las instalaciones de la Sedena.
Pero creo que existe una preocupación mucho más profunda: cuando se habla de indolencia, insensibilidad, silencio, violencia desmedida, complicidad, rumores, intrigas y deslealtades que frenan al país y debilitan las instituciones, estamos ante una admonición, ante la percepción de que se corre el riesgo de la descomposición y la desestabilización del país. Y me imagino que un hombre tan ponderado como el general Cienfuegos ha hecho esa advertencia porque percibe como muy real ese peligro.
Claro que ha habido rumores, complicidades, insensibilidad e indolencia, pero por sobre todas las cosas ha habido, y sigue habiendo, una violencia desmedida, que se alimenta de la impunidad y la falta de respuestas acordes al desafío. El secretario de la Defensa pareciera que le habla a sus militares, le habla al gobierno pero también a los partidos y a la sociedad.
Los datos son duros: los hechos de violencia se repiten, comenzando por el incendio y destrucción de la Puerta Mariana del Palacio Nacional, los policías agredidos en Acapulco, los congresos y aeropuertos tomados, una estación del metrobús y una unidad del mismo incendiados, robos en tiendas, gasolineras, en casetas y todo ocurre con absoluta impunidad. Los 18 detenidos en Palacio Nacional estuvieron libres en horas igual que los que quemaron el metrobús. En Acapulco permitieron ocupar el aeropuerto (la única vía de comunicación relativamente segura con el puerto porque la autopista del Sol está bloqueada un día sí y el otro también) porque los manifestantes los amenazaron con sus molotovs y armas caseras, lo que no impide que ocho policías fueran agredidos y cuatro de ellos estén con heridas graves. Eso provocó que para el próximo puente haya casi 20 mil cancelaciones de hotel en Acapulco o que incluso muchos operadores estén pensando en que el tianguis turístico de marzo mejor sea en otro lugar, que garantice seguridad. Y no hay respuestas. Decía Albert Einstein que “nada destruye más el respeto por un gobierno y por las leyes, que la aprobación de leyes que no se pueden poner en ejecución”. Y eso es lo que está sucediendo: simplemente las leyes no se aplican (o se aplican selectivamente) y los costos institucionales crecen, tanto que se ha puesto en riesgo, según el secretario de la Defensa, el desarrollo y el progreso del país.
Las autoridades deben salir del actual pasmo político y económico, los partidos deben asumir sus responsabilidades en términos reales y la sociedad debería, deberíamos, identificar en los violentos de cualquier signo, pero sobre todo en los grupos delincuenciales, a nuestros verdaderos enemigos. Porque hoy, parafraseando una vez más al general Cienfuegos, hay demasiada indolencia, insensibilidad, silencio, violencia desmedida, complicidad, rumores, intrigas y deslealtades.
LA JORNADA ASTILLERO JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZJustamente por la trascendencia de sus acciones, decisiones y palabras (palabras de mando, órdenes) es de gran importancia republicana que los mandos de soldados y marinos sean extremadamente prudentes, equilibrados y sensatos. Por pasmo e incapacidad política, los encargados civiles de la silla presidencial han preferido sostener una línea general de acechante tolerancia ante las protestas generadas por la desaparición de 43 estudiantes, sabedores esos erosionados gobernantes de las consecuencias tal vez insurreccionales que significaría una represión política más. Ese cálculo de supervivencia ha llevado a la administración peñista a permitir la diaria y masiva comisión de hechos de motivación política que conforme a la legalidad vigente serían constitutivos de delitos y por tanto merecerían la acción de los órganos estatales de contención y castigo, en primer lugar los civiles.
En ese delicado contexto, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, ha pronunciado el pasado lunes un discurso preocupante, al ‘‘formalizar’’ en Escobedo, Nuevo León, un proyecto para construir una ‘‘brigada de policía militar’’, con 3 mil elementos, que desde allí atenderá los requerimientos de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y la entidad anfitriona. Dedicado a exaltar la importancia de la unidad nacional, la suma de esfuerzos y la cohesión social, el general Cienfuegos planteó: ‘‘El rumor, la intriga y la deslealtad corroen cimientos… mancillan convicciones… frenan el potencial que tiene el país… y debilitan a las instituciones. Por lo tanto, hago un llamado a todos: sociedad, gobiernos y fuerzas armadas, a que cerremos filas en aras del interés nacional. El desarrollo y el progreso de la nación están en juego’’ (los puntos suspensivos están consignados en la página oficial de la Sedena,). Agregó un párrafo susceptible de interpretaciones múltiples: ‘‘Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos, sin amedrentarnos por juicios injustos; algunos sin duda, erróneos, carentes de fundamento, mal intencionados y que la institución armada nacional no merece’’.
Grave sería que el alto mando militar del país llegara a considerar antipatrióticos o amenazantes los ejercicios de análisis, crítica y denuncia respecto de lo que sucede en el país. Los jefes militares estarían entonces asignándose un papel de jueces sumarios que decidieran a partir de su criterio personal qué debe clasificarse como rumor, intriga o ‘‘deslealtad’’ y se sentirían legitimados para actuar por encima de cualquier restricción civil, política o legal, para defender el interés superior de la patria amenazada, al igual que sus fuerzas armadas, por ‘‘juicios injustos’’.
Por el contrario, la salud republicana requiere claridad, análisis, crítica y denuncia respecto de hechos como los sucedidos en Tlatlaya, donde el primer impulso de la administración federal, los jefes militares e incluso la CNDH fue liberar de responsabilidad a los fundadamente acusados de ejecuciones, de entre quienes ahora se ha procesado al segmento de más bajo rango. También es necesario analizar y someter a juicio las conductas cuando menos omisas que en buena parte de la República guardan los oficiales regionales frente a las evidencias de predominio y actuar ostentoso de bandas criminales, como Iguala lo demostró en el doloroso caso de los Abarca y los Guerreros Unidosmasacrando a opositores y estudiantes. No le corresponde a los propios jefes militares rechazar los ‘‘juicios injustos’’, pues esa función debe ejercerla sin presiones el Poder Judicial civil. Por el contrario, la circunstancia tan difícil del país y las evidencias de contaminación ante el poderío de los políticos corruptos y el crimen organizado deberían llevar a los propios generales ejecutivos a promover el verdadero imperio del derecho y el sometimiento de malos elementos y episodios criminales al juicio de la institucionalidad teóricamente equilibrante, el Poder Judicial Federal y la opinión pública y la movilización social que demandan paz, justicia y legalidad.
A la hora de escribir esta columna no se tenía información del encuentro que en Chilpancingo sostenían familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación y el procurador federal de Justicia. En el curso del día, profesores, estudiantes y activistas sostuvieron confrontaciones con grupos policiacos. El edificio del comité estatal priísta fue incendiado y destrozado (en Morelia, el ataque fue contra el inmueble de la directiva estatal panista), en una confirmación enérgica de que las protestas continuarán a pesar de los esfuerzos de la administración federal por aparentar que se va a retomar la normalidad en el país.
En ese contexto, los peritos forenses argentinos, que gozan de la confianza de la mayoría de los familiares de los 43, informaron que los restos de Iguala, revisados por ellos, no corresponden a los normalistas. Aún no tienen resultados de lo que Murillo Karam dijo rescatar del basurero de Cocula. En tanto, crecen las dudas y especulaciones en relación con el parte rendido por el titular de la PGR. A esa extendida desconfianza se sumaron las revaloradas palabras del sacerdote Alejandro Solalinde, quien da por buena la versión de que los Abarca fueron detenidos en Veracruz (PRI) y presentados en Iztapalapa (PRD y Morena).
Y, mientras el tuitero @chavagarha (d)escrito que ‘‘así fue que el tren bala a Querétaro se descarriló en las faldas de la Sierra Gorda, al chocar con una Casa Blanca’’, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
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