San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de septiembre. El Congreso del Estado aprobó la reforma el artículo 383 Bis del Código Penal de Oaxaca, con el objeto de tipificar de forma precisa la conducta del delito de extorsión y otras formas de coacción, sus múltiples agravantes con penalidades más severas como es el caso de las y los funcionarios públicos o exservidores públicos, y miembros de empresas de seguridad privada que hayan incurrido en este ilícito dentro del plazo de cinco años siguientes de haber finalizado sus funciones en el cargo o comisión pública.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, esta actividad tendrá una penalidad de 3 a 9 años de prisión y una multa de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), tomando como base lo establecido en los artículos 22 de la Constitución Mexicana y 24 del Código Penal local.
Las penas previstas por este delito aumentarán al doble dependiendo de las siguientes agravantes: uso de medios digitales; cuando se realice empleando imágenes, mensajes escritos audios o videos de contenido sexual íntimo sean reales o editadas; se cometa por persona que se ostente como integrante o miembro de un grupo u organización delictiva, aún, cuando no lo sea; se realice desde el interior de cualquier centro penitenciario o de reinserción social.
Asimismo, si se comete en contra de personas dedicadas al comercio; cuando se realice en contra de quienes se dediquen al transporte de personas o mercancías; si es en contra de menores de 18 o mayores de 60 años; si quien lo realiza tiene beneficio pretendido por la extorsión; cuando intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; se emplee violencia física; se realice para obtener el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito, principalmente.
El Proyecto de Decreto, que fue presentado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) diputado Benjamín Viveros Montalvo, establece la urgencia de combatir la extorsión, que afecta la paz social, el libre ejercicio de derechos, la economía local y seguridad personal “porque en Oaxaca, la ley se defiende con firmeza y el bienestar se construye con voluntad política”.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de 2025 se registraron 30 denuncias por este delito en la entidad. A esto se suman las 25 que reportó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en el mismo periodo, lo que indica un alza en la comisión de estos crímenes.
Por otro lado, el dictamen se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Iniciativa de Ley presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en materia de extorsión y con ello formular estrategias adecuadas en la prevención, sanción o disminución de la incidencia de esta actividad criminal.
Las y los diputados avalaron el dictamen correspondiente con 38 votos en la Sesión Extraordinaria Virtual del 12 de septiembre.
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