Perturbadoras y contrastantes fueron las imágenes del operativo en el albergue La Gran Familia por el ostensible despliegue militar.
Perturbadoras porque se asocian al combate contra la narcodelincuencia, contrastantes porque fue una diligencia judicial en un inmueble repleto de… niños.
No se trataba de La Tuta, le comenté ayer al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
“Oiga usted: en Michoacán es el Ejército quien tiene a su cargo la seguridad pública. ¿O se le olvida lo que ha sido Michoacán? Y ni un solo soldado ingresó”, me respondió.
Pues… sí, pensé: inimaginable lo que habría sucedido con una estampida, una provocación criminal o con un menor que resultara lastimado. De no ser militares y policías federales para el acordonamiento del área, ni modo que la seguridad corriera a cargo de la policía municipal o de las autodefensas.
Y si, como bien puede ser, Mamá Rosa es ajena a los probables delitos atroces que se cometieron en el albergue, ni su internacional fama de santa debe frenar la procuración de justicia contra el abuso sexual de menores.
En el artículo esencial de la edición de julio de Letras Libres, centrada en los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, la historiadora Margaret MacMillan recupera una frase de Mark Twain dirigida a quienes piensan que el pasado es un tiempo muerto que deja de perseguirnos: “La historia nunca se repite, pero rima”.
La señora MacMillan publicó hace unos meses el libro 1914, de la paz a la guerra, evaluado rápidamente por la crítica como el mejor jamás escrito sobre los orígenes de la Gran Guerra. En el ensayo de Letras Libres, la catedrática de Oxford explica la aparente armonía entre las naciones europeas antes de aquel año fiero, cruel, inhumano. Y la entreteje con la aparente armonía de hoy.
“Estamos siendo testigos, en la misma medida que en 1914, de cambios en la estructura de poder internacional”, apunta mientras examina las promesas y los peligros de la globalización, la creciente oleada de nacionalismo y sectarismo, la complacencia de la paz, los sucesivos fracasos diplomáticos frente a prácticas comerciales infames y regímenes genocidas.
“Quizá sea necesario un momento de verdadero peligro para que las potencias importantes del nuevo orden mundial se unan en coaliciones capaces y dispuestas a actuar”, concluye con esta alerta. “En vez de ir tirando de una crisis a otra, es el momento de reflexionar sobre las terribles lecciones de hace un siglo”.
Margaret MacMillan escribió el ensayo antes de la anexión de Crimea a Rusia. Antes de que un misil tierra-aire derribara sobre la frontera ruso-ucraniana un avión comercial de Malaysia Airlines con 298 personas a bordo.
En muchas ocasiones pareciera que importan más las opiniones que los hechos, lo preconcebido que la realidad. Sucede con casi todo, desde los datos que certifican la necesidad de la Reforma Energética, hasta en temas tan evidentes como el albergue de Mamá Rosa, de esta mujer llamada Rosa Verduzco, que fue ocupado por la PGR esta semana.
Lo que sucedía en el albergue es contundente: los testimonios de las víctimas, la gran mayoría niños y niñas, no deja lugar a dudas sobre los abusos de todo tipo, incluyendo los sexuales, el hacinamiento, la explotación de los menores y de las personas ahí recluidas. Hay madres despojadas de sus hijos, se incentivaba la reproducción entre los recluidos, se ponía a mendigar a niños para obtener recursos. Las imágenes y los relatos sobre el hacinamiento, la suciedad, la convivencia con animales ahí están. No son parte de ningún complot: son proporcionados por las autoridades y por personajes de la sociedad civil que han participado en desmantelar toda esta operación en torno al albergue.
Y nadie debería sorprenderse: no hay un verdadero control público sobre este y otros tipos de albergues. He conocido albergues en el propio Michoacán, en Morelos y en Chihuahua que podían tener desde fuera una imagen con una apariencia religiosa y hasta comprometida con la sociedad y que eran en realidad, centros de operación y de reclutamiento para narcomenudistas y hasta sicarios.
Lo que me asombra es que personalidades como mi muy admirado Enrique Krauze o Jean Meyer, que el expresidente Fox o su esposa Marta, que el exgobernador Godoy, que ignoró las denuncias, salgan en defensa de Rosa Verduzco pasando por sobre los hechos y basándose en visitas que realizaron a zonas del propio albergues destinadas precisamente a ese fin: a recibir a quienes promovían el apoyo a esa institución.
Algo similar ha sucedido con los hechos ocurridos el pasado 9 de julio, con motivo del bloqueo de la autopista Atlixcáyotl, en Puebla, donde se interrumpió la circulación por más de cinco horas y que derivó en acciones violentas que fueron emprendidas por los propios manifestantes. Ante ello, hemos visto declaraciones y escritos de todo tipo que llegan hasta invocaciones a Díaz Ordaz, en muchos casos fruto de evidente manipulación, pero para mi asombro algunos presentados por personajes absolutamente respetables.
El problema es que es parte de una falsedad cuando se denuncia la represión y la violación a los derechos humanos. Primero, el bloqueo de autopistas es un hecho ilegal, más allá de quién sea el que se manifieste. Segundo, en este caso el bloqueo se extendía por horas. Tercero, los manifestantes buscaron el enfrentamiento cuando fueron advertidos de que serían desalojados. E iban preparados para ello: llevaban y utilizaron bombas molotov, palos, tubos y piedras, cohetones que fueron arrojados con lanzaderas de aluminio y pvc. Fueron lanzados 200 cohetones con un poder tal que destrozaron cascos y escudos de los policías. El saldo fue de 46 policías lesionados y al menos dos civiles, algunos de ellos de gravedad. Hay un niño gravemente lesionado, Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, pero no fue agredido por balas de goma como se ha dicho, balas que no se utilizaron porque no las portaban los policías, sino por uno de los cohetes lanzados por los propios manifestantes, como lo certifica la parte médica luego de la intervención quirúrgica que le fue practicada esa misma noche. De todo lo ocurrido hay imágenes, fotos y testimonios.
¿Qué hicieron las fuerzas de seguridad? Utilizar gas lacrimógeno para dispersas a quienes los estaban agrediendo e incluso así el enfrentamiento se prolongó porque los manifestantes estaban preparados para esa reacción.
Nadie lo puede desear, pero ante los hechos de vandalismo y de agresiones tan violentas cualquier autoridad debe reaccionar para proteger a la ciudadanía. Nadie tiene derecho a la violencia indiscriminada. Esos son los hechos que van más allá de los discursos.
No vivimos de lo mismo
Escribe mi amigo, siempre así lo he considerado, Federico Arriola, que López Obrador vive de lo mismo que un servidor, de escribir. Pues no vivimos de lo mismo: un servidor hace una columna, un noticiero de radio y un programa de televisión diarios, además de libros, conferencias, presentaciones. Trabajo para dos grandes empresas de comunicación. Hago mi declaración de impuestos y los pago. Andrés Manuel ha escrito tres libros en los últimos cuatro años, ninguno, según las ventas reportadas, especialmente exitoso, cuyo precio al público oscila entre 69 y 104 pesos. Un autor recibe diez por ciento de regalías o sea entre siete y diez pesos por ejemplar vendido. ¿Cuánto pudo haber ganado?
Pero más allá de eso ¿qué le cuesta a un hombre que quiere ser Presidente decirnos de qué vive, cuáles son sus ingresos? No creo que Andrés Manuel sea un ladrón, pero no es verdad que los dirigentes de Morena vivan de escribir una vez a la semana en algún periódico.
La servicial postura progringa de la diplomacia y la gobernación mexicanas pretende encubrirse bajo retórica de nobleza y protección. Según eso, las autoridades de nuestro país están deseosas de impedir que los migrantes sigan padeciendo los horrores que ya son conocidos a nivel mundial. Altos funcionarios portando pancartas que digan ”Pare de sufrir”, cual piadosos predicadores de paraísos por venir, luego que ellos han sido altos responsables de que esos infiernos subsistan, impunes y redituables. Como es sabido, el rosario de abusos y horror que les es suministrado a esos migrantes a su paso por México tiene como causantes a cárteles del crimen organizado, policías de los diversos niveles, el instituto de migración y un aparato de poder federal que ha permitido durante años la sistemática agresión contra esos centroamericanos en tránsito. La determinación peñista de cerrar la frontera sur a ese flujo migratorio irregular es la culminación de una fase del proyecto estadunidense de control de esos linderos y de expreso sometimiento de las autoridades mexicanas muy predispuestas a convertirse en migra a trasmano.
El arrojo del gobierno mexicano hacia el sur no es sino lamentable silencio respecto de lo que sucede en el norte. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha cerrado los ojos y la boca ante el creciente golpeteo contra mexicanos que por necesidad económica han optado por adentrarse en el país que de manera hipócrita los rechaza formalmente, aunque en la informalidad los necesita y aprovecha. La administración Obama solamente utilizó el señuelo de la reforma migratoria para mantener expectativas electorales de segmentos ”latinos” y para sostener ciertos tintes ”progresistas” en su careta cromáticamente (pero sólo eso) distinta, pero con él hubo más deportaciones de mexicanos e hispanoparlantes que nunca.
La turbiedad institucional e incluso posicionamientos relevantes confrontados impiden a la sociedad apreciar el fondo del caso judicial que tiene como principal personaje a Rosa María Verduzco, conocida como Mamá Rosa, quien estaba al frente del albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán. La aplastante aportación gubernamental de datos que causan natural indignación, respecto a lo que presuntamente sucedía en esa entidad privada, y la acompasada difusión mediática de los mismos (periodismo selectivamente escandalizado), no terminan por convencer a todos los destinatarios de esa información tan teledirigida e incluso mueven a fundado escepticismo que no necesariamente invoca inocencias generalizadas, pero sí preferiría menos estridencia y más contexto.
Desde hace largo tiempo, y no solamente en los actuales tiempos del priísmo revivido, no es ni ha sido la procuraduría federal de justicia un ejemplo de pulcritud institucional ni su titular actual, el hidalguense Jesús Murillo Karam, ha dado muestra de criterio independiente de móviles políticos o grupales. Basta recordar el caso de la explosión en oficinas de Pemex en la capital del país el último día de enero de 2013 para ilustrar la capacidad de encubrimiento, hasta límites tragicómicos, de una autoridad dispuesta a convertir dictados de la superioridad en presunta verdad procesal.
A esa sospechosa conversión de procuradores y distintos funcionarios en súbitas encarnaciones justicieras, y a la defensa de Mamá Rosa y su albergue que han hecho Vicente Fox, Marta Sahagún, Enrique Krauze y el futbolista Rafael Márquez, además de manifestaciones populares en su favor, ha de agregarse el hecho de que el Estado mexicano se asusta de lo mismo que impropiamente ha permitido. Múltiples organizaciones privadas tratan de paliar problemas sociales que el aparato federal de gobierno no ha permitido atender o, aún peor, que ha permitido derivar hacia esos gestores particulares mediante la contradictoria entrega de partidas presupuestales que los políticos usan para lucimiento ”caritativo”.
El muy difundido escándalo del albergue mencionado y la mamá encarcelada ha quitado reflectores al proceso de aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética en el Senado para su posterior cierre de ciclo en la Cámara de Diputados. A pesar del esfuerzo de los distintos partícipes en esas sesiones por aparentar que hay cambios trascendentes y que se da un debate patriótico sobre los delicados temas en mención, lo cierto es que la aplanadora numérica está suficientemente aceitada, sin una sola sombra de disidencia que pudiera descarrilar los pactos energéticos.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez no hubo necesidad de contenciones policiacas, pues no hubo acciones de resistencia civil. La izquierda electoral, tanto PRD como Morena, decidió trasladar sus objeciones a las urnas de 2015, cuando esperan que junto a la efervescencia electoral se instale otra caja receptora en la que los ciudadanos puedan manifestar si están o no de acuerdo con la mencionada reforma energética, que para entonces ya llevará varios contratos trasnacionales firmados y una campaña mediática federal de impactante apoyo.
Aún no se define si la consulta energética sería respecto a la reforma constitucional o solamente respecto a las leyes secundarias, pero esa sería la única esperanza de revertir lo que en estos días se está procesando en el Congreso federal, entre una feria de discursos, ”reservas” de artículos y otras delicias procesales que a fin de cuentas terminarán en lo sabido, es decir, la autorización del gran negocio del siglo, ante una sociedad decepcionada de sus mecanismos de representación política y avenida a la fatalidad de las imposiciones en curso. ¡Hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
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