Dario Nolasco
Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. Ante la grave y alarmante escalada de violencia que ha dejado decenas de familias desplazadas y la muerte de varios comuneros por un conflicto agrario con su vecinos de San Juan Petapa, comuneros de San Juan Mazatlán, Mixe exigen la intervención del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña.
Así lo denunciaron esta mañana, autoridades municipales y comunales de ese municipio enclavado en la región del bajo Mixe, quienes señalaron que el pasado 22 de febrero del presente año, un grupo de vecinos de Santa María Petapa fuertemente armados con armas de uso exclusivo del ejército ingresó con lujo de violencia a las comunidades de Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, San Antonio del Valle realizando disparos contra la población civil que se encontraba en sus casas y en sus parcelas.
En conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno, los afectados expresaron que esta agresión no fue un hecho aislado, existía antecedentes e información previa que advertía sobre la inminencia del ataque.
Manifestaron que desde el año 2023 al presente año 2026 se vienen perpetrando continuamente las incursiones armadas y violentas dentro del territorio comunal, “situación que genera mucha incertidumbre, zozobra en nuestras familias que viven en las localidades de Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valle”.
Los comuneros responsabilizaron a las autoridades municipales y comunales de Santo Domingo Petapa encabezados por el edil Aldo Enrique Cruz y Emmanuel Castillo Estudio, de haber contratado a estos grupos armados, quienes sirven como su brazo armado.
Denunciaron que desde el 20 de febrero el Gobierno del Estado de Oaxaca tenía conocimiento previo de la situación de riesgos porque a través de un escrito solicitaron el apoyo con Seguridad Pública y no implementaron acciones efectivas para prevenir la agresión ni para proteger a la comunidad.
Recordaron que desde el año 2023 han realizado denuncias públicas, sin embargo, su petición no ha sido atendida por el Gobierno, por ello responsabilizaron políticamente al secretario de Gobierno Jesús Romero López “por actuar siempre con parcialidad y en favor del municipio de Santo Domingo Petapa, así como por difundir información que desde espacios oficiales de comunicación descalifica y denigra a la comunidad indígena mixe de San Juan Mazatlán tergiversando los hechos y afectando gravemente nuestra dignidad como pueblo originario”.
“Advertimos con preocupación que estas actuaciones reflejan un trato discriminatorio que profundiza la conflictividad y vulnera el derecho a existir de nuestra comunidad agraria e indigna de San Juan Mazatlán y sus anexos de Lomas Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valle”.
Indicaron que las incursiones armadas, el desplazamiento forzado, los daños patrimoniales y la privación de servicios básicos que se vienen realizando sucesivamente desde el año 2023 al presente año 2026 constituyen conductas tipificadas en la legislación penal vigente y generan responsabilidad directa del estado por omisión y falta de debida diligencia a sus múltiples peticiones.
Como consecuencia de estos hechos violentos y a las incursiones armadas perpetradas el día 25 de febrero por autoridades municipales de Santo Domingo Petapa y su grupo armado, el comunero Israel Cabrera Andrés de San Juan Mazatlán fue agredido y torturado brutalmente provocando su muerte.
Refirieron que la falta de intervención inmediata y actuación efectiva tanto el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Gobierno Federal, ha permitido la repetición sistemática de los actos violentos dentro del territorio comunal y ancestral de estas comunidades pertenecientes a San Juan Mazatlán.
Aseguraron que la desinformación oficial por parte del Gobierno debilita la confianza pública y obstaculiza cualquier proceso serio de diálogo, así como la ausencia de investigaciones judiciales prontas y exhaustivas fomenta la impunidad ya que no se tiene ningún avance de investigación seria sobre la muerte del comunero Porfirio Bautista Domínguez por lo que esta situación sigue impune.
La omisión institucional, expresaron, puede derivar en responsabilidad política y administrativa de los servicios públicos involucrados, la paz no puede construirse sobre simulación, la exclusión y la tolerancia a la violencia.
Por lo que exigen intervención inmediata del gobierno federal para garantizar condiciones reales de seguridad neutralidad y protección de los derechos humanos de las familias de esta municipalidad
Así como despliegue urgente de medida de protección para las familias, niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores de la tercera edad que viven en las comunidades indígenas afectadas
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