Oaxaca de Juárez, 8 de julio. Enrique Peña Nieto se convirtió hace dos semanas en el segundo expresidente que decide autoexiliarse ante el temor de represalias políticas o penales por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero fue Carlos Salinas, que partió del país antes que asumiera la Presidencia en diciembre pasado, y obtuvo recientemente la residencia en el Reino Unido. Peña Nieto partió a España con visa de turista, y no regresará sino hasta finales de año o, si puede, extenderá su ausencia por una temporada más larga. Salinas se fue sin esperar lo que podría venir sobre él en términos de hostigamiento, sabedor de que existe con López Obrador un diferendo insalvable desde hace muchos años. Peña Nieto escuchó los consejos de que sus frivolidades estaban generando un creciente malestar dentro de Palacio Nacional.
En el caso del autoexilio de Peña Nieto no debió haber sido fácil su convencimiento. Desde la transición, personas cercanas a él y a quienes les tiene gran confianza en sus consejos, le recomendaban que lo mejor sería, por la forma como se estaba construyendo el ecosistema político durante ese periodo, que se fuera una temporada de México, pero sin éxito. Peña Nieto decía que no veía razón alguna para irse, y que se mantendría viviendo entre Ixtapan de la Sal y la Ciudad de México. Las cosas cambiaron por dos momentos que sirvieron para mostrarle que la tranquilidad prometida por López Obrador estaba cambiando.
La primera llamada de atención vino días después de la boda de la hija del abogado Juan Collado, uno de sus íntimos amigos, a mediados de mayo, cuando circularon fotografías de la mesa de honor donde se encontraba el cantante español Julio Iglesias, pero, sobre todo, lo que motivó gran irritación en Palacio Nacional, quienes los acompañaban: los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora; el exprocurador interino Alberto Elías Beltrán, y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Varios medios identificaron a ese grupo como “la élite del poder”.
Días después de que apareció la fotografía en la prensa, se giró la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el gobierno de Peña Nieto. “Para que sigan tomándose fotos”, dijo un cercano colaborador de López Obrador, como si esa acción judicial hubiera sido consecuencia de la publicidad del evento. Tras el comentario, sin embargo, estaba la molestia de la falta de cuidado y pudor político, que se traducía como un mensaje de desafío al nuevo gobierno. Pocas semanas después se reveló que se había iniciado una investigación contra Beltrán. Hay una más sobre Romero Deschamps, y, de acuerdo con funcionarios federales, la más acabada es contra Rosario Robles, por el tema de la llamada “Estafa Maestra”.
Peña Nieto debió haber tenido noticias de que había empezado a montarse un cerco judicial contra varios miembros de su gabinete. Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano, le reclamó, en un momento donde estuvieron apartados en esa boda, que la estuviera dejando sola. Personas con conocimiento de primera mano de los generales de esa conversación, dijeron que en un momento le dijo molesta a Peña Nieto: “Eso no fue lo que habíamos quedado”. No está claro qué habían acordado, pero en el contexto, dos meses antes de la elección presidencial, hubo un entendimiento entre López Obrador y Peña Nieto –aparentemente a través de intermediarios–, de que el entonces candidato se comprometía a no perseguirlo penalmente, si no se entrometía en la elección. Nunca ha quedado claro si ese compromiso abarcaba a varios de sus colaboradores. Como lo ha dicho varias veces López Obrador, Peña Nieto no se metió en el proceso y, hasta ahora, tampoco hay ninguna instrucción para que se inicie una investigación directa sobre él.
Pero fotografías como aquella de la boda han generado crisis dentro de Palacio Nacional, ante los reclamos de los colaboradores del Presidente del porqué no actúa contra Peña Nieto, motivo de críticas en la opinión pública de que su promesa de combatir la corrupción no se está cumpliendo, pese a que sienten que ese tipo de actitudes públicas de eventos privados son un desafío con sorna. En esa presión creciente contra López Obrador, salieron a la luz otras imágenes de Peña Nieto. Fue hace poco más de 15 días, durante unos XV años, donde bailó con su actual pareja y con la novia de uno de sus colaboradores de sus tiempos de presidente.
Las reacciones dentro del gobierno a esta nueva afrenta de Peña Nieto, llegaron a oídos del expresidente. Uno de los argumentos que se le expusieron fue que López Obrador seguía manteniendo el compromiso de no actuar contra él, pero que se tenía la impresión de que cada vez se molestaba más por la imprudencia política de su predecesor, lo que podía llevar en el corto plazo a que autorizara que se le investigara. Haber cruzado la línea de la cautela y el bajo perfil, que había mantenido durante un largo tiempo, prendieron los faros amarillos.
Peña Nieto entendió lo que estaba sucediendo, en el contexto de lo que estaba pasando en Palacio Nacional, donde las presiones económicas y políticas podrían llevar a López Obrador a buscar un distractor enorme –nada más grande que abrir una investigación penal contra un expresidente. No se sabe si eso pudiera finalmente suceder, pero es un escenario que ya se concretó en 1995, cuando, ante la profunda crisis del sistema de pagos, se persiguió a Raúl Salinas, hermano del expresidente. Peña Nieto empacó y, discretamente, voló a Madrid.
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