Jesús Romero
Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. Una elección no sólo pone a prueba a las instituciones electorales. También pone a prueba nuestra capacidad para procesar las diferencias políticas, prevenir conflictos, garantizar seguridad y hacer posible que la competencia democrática transcurra en libertad y en paz.
Ésa es una responsabilidad que desde la Secretaría de Gobierno asumimos con claridad rumbo al proceso electoral de 2027.
A las autoridades electorales les corresponde organizar la elección y garantizar la certeza de cada una de sus etapas. Al Gobierno del Estado nos corresponde una tarea distinta: construir y preservar las condiciones de gobernabilidad, seguridad y paz para que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho a decidir.
En Oaxaca sabemos lo que esto significa.
Somos un estado con 570 municipios, una enorme diversidad regional y comunitaria, distintas formas de organización política y una vida pública particularmente intensa. Esa pluralidad es parte de nuestra riqueza, pero también exige capacidad de interlocución, presencia institucional y conocimiento permanente de lo que ocurre en el territorio.
Por eso no podemos esperar a que un problema estalle para comenzar a atenderlo.
La gobernabilidad también consiste en anticiparse: conocer dónde existen inconformidades, escuchar antes de que una diferencia escale, mantener comunicación con todas las fuerzas políticas y construir acuerdos cuando todavía existen condiciones para hacerlo.
Y junto con la gobernabilidad, la seguridad será un componente esencial.
No para intervenir en la competencia política, sino para protegerla.
Cuidar que las candidatas y los candidatos puedan realizar sus actividades con libertad. Que las comunidades no sean intimidadas. Que la ciudadanía pueda participar sin miedo. Que las jornadas electorales puedan desarrollarse con tranquilidad y que cualquier situación de riesgo sea atendida oportunamente por las instituciones competentes.
La seguridad, en este contexto, debe entenderse como una garantía democrática.
Otro de los retos que debemos atender con especial cuidado es la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Oaxaca ha avanzado de manera importante en la participación política de las mujeres. Ese avance debe traducirse también en condiciones reales para que puedan competir, ejercer responsabilidades públicas y tomar decisiones sin amenazas, intimidaciones, descalificaciones o prácticas encaminadas a limitar sus derechos políticos.
No basta con hablar de paridad.
El reto es lograr que ninguna mujer tenga que enfrentar violencia por decidir participar en la vida pública y que las instituciones tengan capacidad para prevenir, acompañar y actuar cuando sus derechos sean vulnerados.
También tendremos que cuidar que ninguna forma de presión o intimidación pretenda sustituir la voluntad ciudadana.
Las elecciones deben resolverse en las urnas. Con organización, propuestas, debate, trabajo político y confianza de la gente.
Ésa debe ser una regla compartida por todos.
En Oaxaca existe además una realidad que conocemos bien: una disputa electoral puede coincidir con conflictos municipales, agrarios, comunitarios o sociales que tienen antecedentes mucho más profundos.
Por eso resulta fundamental identificar oportunamente los puntos de tensión.
Ahí está una de las principales responsabilidades de la Secretaría de Gobierno: dialogar, mediar, construir acuerdos y evitar que diferencias legítimas terminen convirtiéndose en confrontaciones que afecten a comunidades enteras.
Pero prevenir también significa estar preparados.
Cuando exista un riesgo real para la integridad de las personas, para una comunidad o para el desarrollo de una etapa del proceso electoral, el Estado deberá actuar con oportunidad, coordinación y apego a la ley.
El diálogo y la autoridad no son conceptos opuestos.
Dialogar implica escuchar y construir soluciones; ejercer autoridad significa garantizar que las reglas se respeten y proteger los derechos de todas y todos.
De ahí la importancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades electorales, instituciones de seguridad, procuración de justicia y las áreas responsables de la gobernabilidad, cada una dentro de sus atribuciones y con pleno respeto a la autonomía de los órganos electorales.
El Gobierno no está para decidir una elección.
Está para garantizar que existan las condiciones para que la ciudadanía pueda decidirla.
Ese principio debe orientar nuestro trabajo durante todo el proceso.
Que las mujeres puedan participar sin violencia. Que quienes aspiren a un cargo puedan hacer política con libertad y dentro de la ley. Que las comunidades puedan procesar sus diferencias sin romper su convivencia. Que nadie sea presionado para votar de determinada manera. Y que cada ciudadana y cada ciudadano pueda acudir a las urnas con tranquilidad.
Oaxaca llegará a 2027 con distintas posiciones, proyectos y fuerzas políticas en competencia. Así debe ser en una democracia.
Nuestra responsabilidad es cuidar que esas diferencias se desarrollen dentro de la legalidad, con seguridad y sin poner en riesgo la paz social.
Porque al final de todo este proceso debe existir una sola certeza: en Oaxaca, la decisión debe estar siempre en manos de la ciudadanía.
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