Oaxaca de Juárez, 19 de julio. Con 33 votos a favor, las y los diputados de la 65 Legislatura local aprobaron dos reformas de ley para mejorar la infraestructura y el desarrollo urbano de Oaxaca.
A la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, se agregó un párrafo cuarto al artículo 198 y se reformó el último párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado.
La primera de ellas, presentada por la diputada Leticia Socorro Collado Soto, del grupo parlamentario de Morena, obliga a los centros comerciales, supermercados y tiendas de autoservicio a generar las condiciones para establecer estacionamientos de bicicletas en sus edificios, sin costo alguno, para las y los usuarios.
Y es que la bicicleta es el transporte más sostenible, debido a que no consume combustible, no produce ruido y contribuye a reducir los niveles de contaminación. Además, según la Organización Mundial de la Salud, ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como andar en bicicleta, es el camino para fomentar el bienestar.
Para los sectores más pobres de la sociedad que no cuentan con vehículo propio, usar la bicicleta se puede convertir en su medio de transporte y al mismo tiempo reducen el riesgo de contraer alguna enfermedad crónica.
La segunda iniciativa autorizada fue impulsada por la legisladora Haydeé Irma Reyes Soto, del grupo parlamentario de Morena, que establece la obligación de notificar a las dependencias gubernamentales, entidades o ayuntamientos contratantes, cuando los trabajos de ejecución de obras públicas suspendidas, sean reanudados.
Establece también que la legislación estatal incorpore la actuación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como de los Órganos Internos de Control Municipales, en todos los casos de suspensión de las obras públicas, ya que, a través del ejercicio de las facultades de supervisión y vigilancia, se asegura el debido ejercicio de los recursos, la efectiva rendición de cuentas y se garantiza el derecho a la buena administración pública.
Los dictámenes aprobados fueron estudiados por la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
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