Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga a ocho notarios públicos que han sido acusados de formar parte del llamado ‘cártel del despojo’, una asociación ilícita en la que intervienen abogados, jueces locales, grupos de choque y funcionarios municipales para despojar a las personas de sus inmuebles mediante falsificación de juicios y documentos, informó su titular, Arturo Peimbert Calvo.
En entrevista para Aristegui en Vivo, el Fiscal de Oaxaca agregó que en menos de dos años, esa dependencia ha iniciado 270 carpetas de investigación que abarcan 1,500 casos relacionados con el Cártel del Despojo, pero se negó a precisar el nombre de los notarios señalados, argumentando las reservas de ley para dar a conocer el contenido de una carpeta de investigación.
Agregó que existen ocho expedientes donde ya se cuentan con elementos que permiten pensar en la judicialización en contra de fedatarios públicos de Oaxaca, aunque este número podría ir creciendo conforme avancen las indagatorias en otros casos.
Dijo que aún cuando hay distintos modus operandi, los involucrados en esta trama criminal cuentan con “posiciones estratégicas” en cabildos y autoridades municipales para el despojo de inmuebles y predios de alta plusvalía en zonas como el Istmo de Tehuantepec, la zona costera y algunas regiones de Valles Centrales, en la que también intervienen esos grupos de choque.
Posteriormente, se dan las invasiones violentas de los citados predios ya sea mediante grupos de choque o diligencias legales amañadas; y más tarde se da fe pública de actos o resoluciones para tratar de apropiarse de tierras comunales o propiedad privada que este cerca de algún proyecto estratégico de gobierno o en algún punto que pueda significar una alta plusvalía.
Dijo que en estas acciones también participan grupos de choque que pueden estar vinculados con organizaciones criminales, por lo que se trata de entramados muy complejos que se están investigando a profundidad.
Cuestionado sobre la existencia de denuncias que señalen al presidente del Colegio de Notarios de Oaxaca, Noel Salvador Ramos López, como uno de los participantes en el Cártel del Despojo, el Fiscal Peimbert dijo que no podía revelar la identidad de los investigados.
Juez analizará prescripción del delito de uso de documento falso
En torno a la causa penal que se judicializó contra la notaria pública 83 de Oaxaca y candidata a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guadalupe Díaz Carranza, el fiscal Arturo Peimbert explicó que en las constancias del caso sí se acredita la existencia de un documento falso, es decir, de un acta de nacimiento falsificada de la fedataria.
Agregó que tras cotejar los documentos, el Ministerio Público consignó el expediente ante un juez de control y la audiencia se programó para el próximo 15 de noviembre, en la cual se va a imputar a Díaz Carranza el delito de uso indebido de documento falso.
En este marco, rechazó que se esté actuando con celeridad en este caso para afectar a la notaria Díaz Carranza.
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Añadió que el juez de la causa deberá analizar si se cometió un delito y si este prescribió, es decir, si se venció el plazo para ser sancionado, tal y como lo alega la propia imputada.
El fiscal de Oaxaca consideró que este alegato de Díaz Carranza equivale a reconocer su culpabilidad en el delito que se le imputa, destacando que la litis del caso se va a centrar en la prescripción del delito.
Peimbert agregó que para la Fiscalía, el delito de uso indebido de documento falso sigue vigente, ya que se trata de un ilícito que se comete de forma continua desde el momento en que se sigue utilizando este para amparar el desempeño como notaria de Guadalupe Díaz Carranza.
Por último, dijo que tras el cotejo de las dos actas falsas atribuidas a la notaria pública, los registros civiles de Oaxaca y Tlaxcala respondieron a la fiscalía, siendo Oaxaca la que respondió que el acta de 1968 no cumple con los requisitos para su emisión.
Además, la imputación concluye que Guadalupe Díaz Carranza no cumplió con los requisitos para ser designada notaria pública en el año 2004 y dijo que no existe ninguna norma que permita la dispensa de dicho requisito.
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