La Silla Rota
Oaxaca de Juárez, 18 de julio. Ocho gobiernos estatales simularon reintegrar recursos de fondos federales que habían desviado a otros rubros.
Por lo que la Auditoría Superior de la Federación los denunció penalmente ante la PGR.
El monto global de los recursos desviados suma 8 mil millones de pesos.
Veracruz suma 15 denuncias; Michoacán, 11; Guerrero, 8; Colima, 7; Oaxaca, 5; Chiapas, 4; Tabasco, 3, y Tlaxcala, 2.
Los recursos sobre los cuales se simularon los reintegros pertenecen a los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.
Fuentes de la ASF explicaron, el mecanismo de simulación utilizado, que consistió en que, una vez que la Auditoría había realizado observaciones sobre recursos utilizados sin la justificación correspondiente, los estados reintegraban a una cuenta la cantidad señalada por el órgano fiscalizador.
Después, le mostraban a éste un comprobante de dicho reintegro.
Una vez que la ASF daba por solventada la observación, los gobiernos estatales sacaban los recursos de esa cuenta para darles un uso distinto de aquel para el que estaban etiquetados sin que aun hoy se tenga conocimiento preciso sobre su destino final.
La Auditoría pudo darse cuenta de esta práctica al realizar un seguimiento de observaciones hechas en las revisiones de las cuentas 2008, 2009, 2010 y 2011 y requerir a los estados para que informaran sobre la utilización de los recursos que había reintegrado.
Las primeras denuncias fueron presentadas en agosto de 2013 en contra del gobierno de Tabasco, y las últimas, en noviembre pasado contra Veracruz, que es la entidad que acumula el mayor número de irregularidades.
Las fuentes indicaron que se trata de denuncias de hechos, las cuales están acompañadas por un dictamen técnico en el que se expone la irregularidad detectada.
Todas ellas, informaron, ya han sido ratificadas y corresponde ahora a la PGR, con base en su propia investigación, determinar qué tipo de delito es el que se configura y quiénes son los responsables de haberlo cometido.
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