Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. El pasado 27 de agosto, un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales llevó a la detención en Oaxaca de dirigentes e integrantes de una organización gremial. Las investigaciones los relacionan presuntamente con una célula delictiva y con prácticas como extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios. Además, han surgido señalamientos sobre posibles vínculos con estructuras de delincuencia organizada. Corresponderá a las autoridades competentes y a los tribunales determinar las responsabilidades individuales.
Pero reducir lo ocurrido a una nota policiaca sería quedarnos solamente con el último capítulo de una historia mucho más larga. La pregunta de fondo es cómo llegamos al punto en que estructuras surgidas bajo la figura de la representación sindical o gremial pudieron alejarse de la defensa de sus integrantes hasta convertirse, en algunos casos, en mecanismos de control sobre el trabajo y las actividades económicas.
Para entenderlo hay que mirar hacia atrás.
Durante buena parte de nuestra historia reciente, Oaxaca vivió bajo un sistema profundamente corporativo. CTM, CROC, CNC, CNOP y otras centrales organizaron a obreros, campesinos, transportistas, comerciantes y amplios sectores populares alrededor del partido hegemónico. En nuestro estado, ese corporativismo se entrelazó además con un caciquismo priista que sometió buena parte de la vida política, social y económica.
No se trataba únicamente de representar intereses o gestionar demandas. El sistema construía intermediarios entre las personas y el poder. Una concesión, una gestión, una oportunidad de trabajo o el acceso a determinado espacio podían depender de la pertenencia a una organización y, muchas veces, de una determinada lealtad política. El corporativismo administraba representación, pero también disciplina.
Romper esa hegemonía fue una de las grandes luchas por la democratización de Oaxaca.
Desde las regiones, las comunidades, las colonias y los sectores populares surgió un movimiento social amplio y diverso que disputó al viejo caciquismo el monopolio de la representación. CIPO, CODEP, UGOCP, FNIC, FIOB, MULT, UCP, FALP, CODEDI, CODECI, UCIZONI, UCD, FPR, UCO, COCEI y muchas otras expresiones indígenas, campesinas, urbanas, comunitarias y regionales formaron parte de ese largo proceso.
No se trata de idealizar a ninguna de ellas. Tuvieron diferencias, contradicciones, aciertos y errores. Pero tampoco podemos desconocer lo que representaron en su conjunto: abrieron espacios que habían permanecido cerrados y demostraron que campesinos, indígenas, comerciantes, transportistas, colonias y trabajadores no estaban condenados a depender siempre de las mismas estructuras del poder.
Aquella lucha tuvo un profundo contenido democratizador. La sociedad comenzó a tener más de una puerta, más de un interlocutor y mayor libertad frente a quienes durante años habían pretendido representarla de manera exclusiva.
Sin embargo, los procesos sociales cambian. Muchas de aquellas organizaciones conservaron presencia política y comunitaria, pero encontraron mayores dificultades para representar una realidad económica que se transformaba aceleradamente. Crecieron y se fragmentaron el transporte, el comercio popular, los servicios, las concesiones, la construcción y el acarreo de materiales. En algunos espacios quedó un vacío de representación y, en otros, las antiguas formas de organización ya no pudieron contener esas nuevas dinámicas.
Ese espacio comenzó a ser ocupado por estructuras de naturaleza distinta.
Durante los años de la alternancia con Gabino Cué y, posteriormente, con el retorno del PRI al gobierno estatal, se consolidaron organizaciones que ya no provenían necesariamente de aquellas luchas comunitarias o democratizadoras. Tampoco eran una simple reproducción de las antiguas centrales nacionales. Construyeron poder alrededor del control de actividades económicas, la concentración de concesionarios y trabajadores, la capacidad de movilización y una creciente intermediación frente a autoridades, empresas y particulares.
En algunos casos incorporaron, además, la violencia como método de presión e imposición: para disputar espacios, controlar actividades, inhibir a competidores o someter a quienes se resistían a formar parte de esas estructuras.
Así fueron tomando forma nuevos cacicazgos. Ya no necesariamente vinculados a una sola estructura partidista, sino poderes fragmentados, con capacidad económica y territorial, que podían ejercer control sobre sitios de taxis, rutas, grupos de camiones y pipas, acarreo de materiales, mercados, vía pública, comerciantes y determinadas actividades o servicios.
Se llegó a hablar de un “nuevo sindicalismo”. Sin embargo, una parte de ese modelo terminó reproduciendo, bajo otras siglas y liderazgos, prácticas que la democratización oaxaqueña había buscado superar. Pertenecer a una organización podía significar acceso al trabajo o protección; permanecer fuera, enfrentar obstáculos. La representación comenzó entonces a confundirse con control y dominación.
Ese fenómeno se incubó y consolidó particularmente durante las dos administraciones anteriores a la actual. Dejó confrontaciones por rutas, sitios, obras, contratos y espacios económicos; amenazas, bloqueos, agresiones y numerosas víctimas de la violencia entre organizaciones.
Durante la actual administración, y particularmente desde la Secretaría de Gobierno, nos ha tocado enfrentar esos resabios y recuperar espacios que durante años estuvieron sujetos a esas formas de presión e imposición. No es una tarea sencilla, porque se trata de estructuras que construyeron intereses, relaciones y poderes durante mucho tiempo.
Los acontecimientos recientes muestran además que, en determinados casos, esa degradación pudo llegar todavía más lejos. Cuando investigaciones relacionan a personas pertenecientes a estructuras gremiales con células delictivas y aparecen conductas como extorsión, cobro de piso, despojo o imposición mediante la violencia, se ha cruzado una frontera que nunca debió cruzarse.
Esas prácticas no son sindicalismo.
Por supuesto, debemos ser cuidadosos. No podemos criminalizar a miles de trabajadores honestos que legítimamente se organizan para defender sus derechos. La libertad de asociación es una conquista democrática y debe protegerse. Pero defender al verdadero sindicalismo también implica distinguirlo de quienes pudieran utilizar una estructura gremial como mecanismo de coerción o cobertura para actividades ilícitas.
Y esta discusión no se limita al transporte.
Estamos hablando de taxistas, camioneros y piperos, pero también de diableros, comerciantes establecidos, ambulantes, semifijos y fijos, prestadores de servicios, pequeños negocios y empresas. Todos deben poder desarrollar una actividad lícita sin necesitar que alguien les venda protección, les cobre por dejarlos trabajar o se asuma propietario de una actividad económica que no le pertenece.
Una organización puede servir para defender derechos, negociar mejores condiciones y representar intereses comunes. Lo que nunca debe hacer es apropiarse de la libertad de sus integrantes o condicionar la de quienes decidieron no pertenecer a ella.
La libertad de organizarse incluye también la libertad de no organizarse con nadie.
Un concesionario debe valer por su concesión y no por la calcomanía que lleve en su vehículo. Un comerciante debe sujetarse a las reglas de la autoridad, no a las condiciones impuestas por un dirigente. Una empresa debe poder ejecutar una obra conforme a la ley sin que nadie pretenda adjudicarse por la fuerza el transporte, los materiales o una parte de los trabajos. Y abandonar una agrupación nunca debe significar perder el derecho a ganarse la vida.
Lo mismo vale para la política. Haber combatido el viejo corporativismo priista para terminar reproduciéndolo con otros colores sería una contradicción histórica. Ningún trabajador, comerciante, transportista o concesionario debe pertenecer a partido alguno para conservar sus oportunidades. Las organizaciones gremiales no pueden convertirse en patrimonio electoral de nadie.
Tampoco corresponde a los gobiernos fabricar organizaciones, escoger dirigentes o decidir qué grupo sustituye a otro. Hacerlo solamente reemplazaría un corporativismo por uno nuevo. La responsabilidad del Estado es garantizar legalidad, reglas iguales y libertad para organizarse o permanecer independiente.
Los municipios tienen también una responsabilidad esencial. Mercados, calles, sitios y espacios públicos deben administrarse mediante reglas claras, padrones transparentes y una relación institucional directa con quienes legítimamente trabajan en ellos. Cuando una autoridad permite que un intermediario decida quién entra, quién trabaja o cuánto paga, deja espacio para la aparición de poderes de hecho.
Por eso Oaxaca necesita avanzar hacia una nueva etapa. Los sindicatos deben existir y ser fuertes cuando sus integrantes libremente así lo decidan, pero no son la única forma de organización. También existen cooperativas, asociaciones independientes, colectivos de trabajadores y modelos autogestivos y comunitarios donde las personas pueden elegir a sus representantes, conocer el destino de sus aportaciones y retirarse cuando lo determinen.
Oaxaca tiene una profunda tradición de organización colectiva. La asamblea, el tequio, la cooperación, la ayuda mutua y la responsabilidad comunitaria forman parte de nuestra vida social. No se trata de trasladar mecánicamente esas formas a una ciudad, un mercado o una empresa, sino de recuperar su principio esencial: organizarse para resolver juntos, con libertad y responsabilidad compartida, sin que el esfuerzo colectivo termine subordinado a quien temporalmente representa a los demás.
El movimiento social oaxaqueño luchó durante años para romper el caciquismo y los monopolios de representación. Esa lucha abrió nuestra vida pública y generó pluralidad. Después surgieron nuevas formas de concentración y control cuyos resabios hoy nos corresponde enfrentar.
Desde la responsabilidad pública que hoy desempeño tengo una convicción: la autoridad no puede ser indiferente cuando alguien intenta apropiarse del derecho de otro a trabajar. Debemos proteger a quien se organiza libremente, pero con la misma determinación garantizar la libertad de quien decide no hacerlo. Ningún interés político, sindical, económico o partidista puede estar por encima de ese principio.
La siguiente transformación democrática de Oaxaca debe consistir precisamente en pasar de la pluralidad de organizaciones a la libertad plena de las personas. Que nadie pueda asumirse dueño del taxista, del comerciante, del transportista, del trabajador o del pequeño empresario, y que quien decida asociarse lo haga porque encuentra solidaridad y fuerza colectiva, nunca porque tenga miedo de permanecer fuera.
La libertad de trabajar y la libertad de organizarse no son derechos opuestos. Son dos expresiones de una misma democracia. Oaxaca debe proteger ambas y recuperar el verdadero sentido de la organización colectiva: organizarnos para ser más fuertes y más libres, nunca para someter a los demás.
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