Proceso
Oaxaca de Juárez, 14 de julio. En menos de un año han sido asesinados cuatro comunicadores, lo que ha convertido a la entidad en un lugar peligroso para ejercer la libertad de expresión.
No obstante, el gremio periodístico ha permanecido impasible y se ha limitado a condenar los hechos a través de las redes sociales, mientras el gobierno del estado se ha dedicado a exhibir estadísticas.
El Comité para la Protección de Periodistas con sede en Washington, Estados Unidos, así como la red de Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y Periodistas de a Pie, han externado su preocupación por los crímenes.
El pasado jueves 2 fue ejecutado el locutor de radio La Favorita de Miahuatlán, Filadelfo Sánchez Sarmiento, quien recibió siete impactos de arma de fuego por parte de dos sujetos que lo interceptaron en la calle Margarita Maza de Juárez, de la colonia San Francisco, cuando salía del lugar donde trabajaba.
El locutor de 45 años también colaboraba en el periódico Tiempo.
Un mes antes, el 4 de mayo, el reportero de La Ke Buena 100.9 F.M y del diario Crónica de Tierra Blanca, Veracruz, Armando Saldaña Morales, fue asesinado de cuatro balazos en la cabeza.
Según los primeros informes, el cuerpo del comunicador se localizó alrededor de las 18:20 horas de ese día entre los ranchos Morelos y La Aurora, pertenecientes a Cosolapa, Oaxaca, y junto a él se encontraba una camioneta Ford modelo F150 blanca sin placas de circulación, que fue asegurada en la escena del crimen.
La Subprocuraduría de la Región Cuenca detalló que en la escena del crimen se localizaron gafetes a su nombre con los logotipos de la empresa radiofónica La Ke Buena, así como identificaciones personales que establecían su lugar de residencia en Tezonapa, Veracruz.
Trascendió que en septiembre de 2014 ambos reporteros fueron amenazados de muerte, luego de que denunciaron al hermano del entonces presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz como presunto responsable de las bravatas en su contra.
El 4 de abril pasado, el director de la radio comunitaria Sentimiento de la Voz del Pueblo, Abel Manuel Martínez Raymundo, fue acribillado en el Barrio San Pedro el Alto del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Según la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), los hechos ocurrieron alrededor de las 16:50 horas en el camino real de San Pedro el Alto de esa comunidad de la región mixteca.
El comunicador de 46 años, quien presentó dos impactos de arma de fuego, uno en la mano izquierda y otro en el pecho, fe atacado al salir de la estación radiofónica.
El 11 de agosto de 2014 fue asesinado en Cosolapa el periodista Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario El Buen Tono del estado de Veracruz y director de Comunicación Social del municipio oaxaqueño.
Según la PGJE, los hechos ocurrieron en la avenida El Nacimiento, frente al número 23 de la colonia Santa Fe, en la unidad habitacional Constancia. El corresponsal recibió cuatro disparos, dos en la cabeza, uno en el tórax y otro en el hombro derecho.
Trascendió que las últimas notas de Rojas Hernández estaban relacionadas con la captura de una banda de “ordeñadores” de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtepec.
Sobre la ejecución del excandidato del Partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de Santa María Huatulco, Edgar Hernández García, cometida el pasado jueves 9 en el parque central de la Crucecita, aún no se define si fue asesinado por su carrera política o por su labor como director del portal informativo Foro Político Noticias.
El excandidato del Panal se encontraba en un bar del centro de Huatulco cuando fue alcanzado por sus agresores, quienes lo atacaron con un arma de fuego.
Dos años antes, el 17 de julio de 2013, también fue asesinado Alberto López Bello, reportero de la sección policiaca del diario El Imparcial.
Tan sólo en 2013 y 2014, en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se iniciaron 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados con diversas agresiones y amenazas a periodistas.
Además, el organismo dictó medidas cautelares a favor de una decena de periodistas que han sufrido alguna agresión física o verbal por parte de autoridades o poderes fácticos.
Compartir
