Alfredo Brena
Oaxaca de Juárez, 3 de junio.-La desgracia de Oaxaca se remonta al fraude electoral de 1988, donde se legalizó a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la república para el sexenio 1988-1994. Elección que le robaron a Cuauhtémoc Cárdenas.
Por el lado del PAN, Clouthier era firme en su lucha contra el fraude, pero Camacho Solís encontró más receptivo al presidente del blanquiazul, Luis H. Álvarez, y a su eminencia gris, Carlos Castillo Peraza. Con ellos se fraguó una alianza entre el salinismo y el PAN que resultaría determinante para el país en los años siguientes. A cambio del reconocimiento de Salinas como presidente y del apoyo en el Congreso a las reformas neoliberales, el nuevo gobierno iría cediendo gubernaturas al PAN; además, se decía, el acuerdo incluía la alternancia: la presidencia para el PAN en el año dos mil. Esto se conservó en la máxima reserva, pero Luis H. Álvarez lo dejó entrever al decir: “La política es el ámbito del avance gradual. Tenemos que ser capaces de negociar y aceptar fórmulas de transición, parciales y provisorias”.
El Colegio electoral, en la Cámara de Diputados, se constituyó a mediados de agosto de 1988. El Revolucionario Institucional no quería ceder en ningún caso para no perder la exigua mayoría. A su vez, la oposición (PAN y FDN unificados) no estaba dispuesta a que la grillaran. De nada servía mostrar evidencias, presentar testimonios del fraude electoral o invocar la Constitución, pues “la ley es la ley aunque sea anticonstitucional” respondían los priistas.
El 8 de septiembre el PRI presentó un dictamen, elaborado por Joseph-Marie Córdova, que declaraba presidente electo a Carlos Salinas de Gortari. Era un típico albazo y la oposición, indignada nuevamente, abandonó la sesión bajo una lluvia de insultos. Regresó al poco rato y tomó la tribuna. Quería evitar que se leyera el dictamen. Durante el día 9 más de 65 oradores peroraron hasta la madrugada y el 10 los priistas tuvieron que hacer una valla compacta para que José Murat pudiera leer el dictamen a toda velocidad. Finalmente el Frente abandonó definitivamente la sesión y el PRI volvió a mayoritear; y declaró válidas y legales las elecciones y a Carlos Salinas de Gortari, presidente electo.
De esta manera se consolidó la alianza entre el PAN y el gobierno, que surgió desde la mañana del 6 de julio de 1988 cuando Camacho Solís se presentó en el edificio del Acción Nacional para convenir con Luis H. Álvarez que ni el PRI ni el PAN adelantaran declaraciones de triunfo hasta no contar con datos confiables. Pero, en realidad lo que le interesaba a Camacho era establecer conversaciones sobre un “gobierno de transición” entre los dos partidos. Aunque la militancia anti priista de Manuel J. Clouthier pareció polarizar un tiempo al PAN y al PRI, pronto Álvarez mandó señales a Salinas de que le interesaban las conversaciones, así es que desde fines de noviembre, mientras Maquío vociferaba contra el gobierno, Camacho Solís se reunía con los panistas para detallar el proceso de legitimación de Salinas por parte del PAN a cambio de cogobernar y de obtener territorios gardualmente.
Ya que las elecciones federales de 1988 habían sido impugnadas severamente, desde su toma de posesión Salinas anunció que se llevaría a cabo una reforma electoral que dejaría atrás toda sospecha y, efectivamente, en el periodo legislativo de 1989 se iniciaron las discusiones. La reforma era esencial, pues si el gobierno dejaba de controlar, como siempre, el proceso electoral, si se modificaban los mecanismos para impedir los fraudes, si los comicios eran limpios, pues, se daba por descontado que en las elecciones de 1991 el PRI perdería la mayoría en el congreso y entonces sí podría darse una transición a la democracia. Para ello se requerían, por ejemplo, autoridades y tribunales electorales independientes, que se alzara un padrón electoral sin trampas, que se suprimiera la auto calificación de los congresistas y que se prohibiera el voto corporativo. Sin embargo, el gobierno, vía el PRI, ofreció ceder lo que quisieran pero se aferró a conservar a toda costa el control del proceso electoral.
Todo indicaba que el PAN estaba firme en su oposición a una reforma confeccionada por el PRI-gobierno y el bloque opositor presentó una resistencia que parecía infranqueable. Mucha gente, feliz, comentaba que al fin había algo semejante a una división de poderes en México. Las negociaciones se empantanaron y el congreso tuvo que ir a un periodo extraordinario, pero en ese tampoco se dio la reforma y todo parecía cerrado cuando el 15 de octubre de 1989 explotó la noticia de que el PAN votaría a favor de las propuestas del PRI. Ahí se perdió toda oportunidad de transitar a un México democrático. El martes 17 de octubre de 1989, el PAN consumó su felonía.
En la propuesta tricolor, aceptada por el PAN, el secretario de Gobernación, en representación del presidente seguiría encabezando el consejo del IFE y podría vetar los acuerdos de la Comisión Federal Electoral. El presidente de la República también nombraría a los magistrados presidentes del tribunal. Salinas propuso y Álvarez aceptó que se mantuviera la estructura de la Comisión Federal Electoral, que daba pie a la creación del consejo del IFE.
Como muestra de la parcialidad del nuevo árbitro electoral, en 1991 fue nombrado presidente del IFE Emilio Chuayffet, quien manipuló la elección de ese año a favor del PRI.
Está claro que no se puede conseguir unidad, estabilidad, desarrollo y crecimiento económico si no es a través de una verdadera reforma política. La última reforma electoral de México data de 2014, donde también el PAN desaprovechó la oportunidad de enderezar el rumbo democrático, y simplemente trocó la reforma electoral por la aprobación de la reforma energética con los priistas. Y lo que tenemos en la actualidad es una reforma electoral ligth, que no contempla, entre muchísimas carencias, una segunda vuelta, algo completamente impensable en un país que pretenda llamarse democrático.
El punto es que, aquí en Oaxaca, el padrón electoral es de 3 y medio millones de electores, que ya depurado nos da la lista nominal de 2 y medio millones de votantes. Suponiendo una participación en las urnas de 50 por ciento y que el ganador de la elección a Gobernador tuviera un 25 por ciento de los votos, resultaría ganador con 312 mil 500 votos… o sea que llegaría con un 12 por ciento de aceptación, algo impensable en un país que se pretende llamar democrático. Esta forma de acceder al poder lleva a la ingobernabilidad. Para ser objetivos no necesitamos emular democracias europeas, en Latinoamérica; Argentina, Chile, Uruguay, etc. cuentan con la democracia de la 2ª vuelta desde hace mucho tiempo.
La suerte está echada, gane el que gane, Oaxaca tendrá más corrupción, más impunidad, más saqueo, y lo que es peor, se nos avecina una ingobernabilidad terrible.
Estamos a 2 días de elegir Gobernador en Oaxaca.
¡Suerte! y hasta el próximo De Análisis Político.
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