Hermógenes Beltrán García
Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Juquila como cabecera municipal está impresa en la memoria histórica de Oaxaca desde que fue cabecera de parroquia foránea de Santa Catarina Juquila con sus cabeceras sufragáneas de Santa Lucia Teotepec y San Pedro Tututepec. Fue en el pasado lejano enclave colonial con una sociedad clasista y racista como Tlaxiaco o Villa Alta en Oaxaca o San Cristóbal de las Casas en Chiapas donde imperaban los hispanos y los franceses con sus descendientes los mestizos o, los catrines ya locales que ejercieron el poder total y absoluto imponiéndose a los nativos, a los originarios con toda clase de impuestos gabelas y despojo.
En dichas ciudades en el centro se ubicaban los dominadores, el o los sacerdotes, los representantes del estado nacional: jefes políticos, jueces, recaudadores de rentas y los “catrines” dueños de tiendas, almacenes y obvio de las tierras que requirieran al amparo del estado nacional y en todos los comercios o en la mayoría de las casas, se sabía que se arreglaban asuntos legales, eran los maestros rurales, que dominaban las leyes y sus implicaciones y jamás le sacaron los concurso, verdaderos maestros pero también estaban dueños de tiendas, “fábricas de gaseosas” refresco embotellado en la comunidad con agua de los manantiales, azúcar, colorantes y gas especial así como en peluquerías de catrines y hasta vendedores diversos eran leguleyos.
Al amparo de la herencia juarista muchas comunidades fueron despojadas de sus bienes comunales o por buena voluntad las “cedieron” entregaron sus tierras a caciques y sacerdotes.
Una sociedad nacional –federal, estatal y hasta municipal- siempre dominada por castas políticas al amparo de partidos pero al servicio de poderes supranacionales se impusieron; Oaxaca no podía ser excepción y eso no solo es del pasado sino de dolorosa actualidad.
Hoy la llamada tierra de fe, la cabecera municipal de Santa Catarina Juquila lleva más de tres semanas de estar sitiada por los habitantes del municipio conurbado de Santiago Yaitepec quienes alegan despojo de sus tierras comunales en El Pedimento. Hace falta decisión del estado y buena voluntad de las partes.
Los habitantes de Juquila sufren el sitio parcial y obvio los feligreses no llegan a visitar a la imagen de la virgen de Inmaculada Concepción que un chatino tuvo Amialtepec que soportó las llamas de un incendio del guamil y el párroco de Juquila se la llevó a esta ciudad, la de Juquila donde atrae miles de visitantes con limosnas de millones de pesos en efectivo y alhajas de oro y plata.
Esos millones de pesos, fuente permanente para apropiárselos, desde 1984 el arzobispado de Oaxaca trata de arrebatarle la administración del negocio al Comisariado de Bienes Comunales que administra y aduce que lo invierte en obras materiales ahora tercian en el litigio los comuneros de Santiago Yaitepec.
Éstos, alegan que el paraje El Pedimento es de sus bienes comunales y el cerdo tuerce el rabo. El extinto líder chatino Tomás Cruz Lorenzo en “Porque las Flores no se doblegan con el aguacero” narra; comuneros de Yaitepec cuando litigaban sus bienes comunales, en la ciudad de Oaxaca de Juárez fueron asaltados pero solo les arrebataron los documentos que amparaban sus bienes comunales.
Las autoridades del estado podrán llamar a “mesas de diálogo” y mil subterfugios más para salir del paso o para encubrir una realidad dolorosa y “del de atrás que arree” “después de mí el diluvio” dijo un rey francés pero no, esa no es la solución.
Urge que el estado mexicano no le saque al parche como dicen los chavos, inicie un proceso de solución real y permanente, se conforme una comisión paritaria con cinco representantes de la dos comunidades, uno del gobierno del estado no un burócrata “agrario” menos de fuera y, cinco académicos de Oaxaca no burócratas; el suscrito propone al sociólogo, historiador y oaxaqueño ciento por ciento Francisco José Ruiz Cervantes a darle seguimiento a la documentación que pruebe o compruebe la propiedad de las tierras y mientras;
Que se abra el paso a todos peregrinos y habitantes de las comunidades y fijar un término de seis meses para que la referida comisión entregue el producto de sus indagaciones y ponerle fin al litigio de El Pedimento y conocer realmente la situación jurídica de los bienes comunales. La comisión debe tener los recursos suficientes para todo su trabajo. Si el Estado mexicano subsidia con millones pesos de “proyectos productivos” de COCEI, MULT, MULTI, CIPO, FALP y demás lastres, le sobran recursos y, para esta comisión, sería una pellizcadita.
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