Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. En un decisión sin precedentes, que incluso no logró ni el GIEI en el caso Ayotzinapa, una Juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitir el acceso a “cualquier instalación militar” para la búsqueda de una víctima de desaparición forzada a manos de personal militar, en Pénjamo, Guanajuato.
“La Secretaría de la Defensa Nacional debe prestar las facilidades necesarias al fiscal federal a fin de que se investigue la desaparición de Juan Flores Solorio; por ejemplo, permitir la entrada a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad, para buscar al quejoso, o bien, sus restos mortales”, dijo.
La decisión fue tomada por Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato, al conceder una amparo a los familiares de Flores Solorio, en el que, además, se evidenció una mala actuación tanto de la PGR como del propio Ejército Mexicano.
El 25 de noviembre de 2015, militares adscritos a la Base de Operaciones en Pénjamo, perteneciente al Octavo Regimiento Militar, arribaron a una comunidad en Pénjamo, a bordo de camionetas oficiales, irrumpieron en un domicilio sin orden judicial y se llevaron a Flores Solorio.
Los elementos del Ejército pusieron a Flores Solorio a disposición de la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo, por la supuesta comisión de una falta administrativa consistente en vejar o maltratar a los militares, pues afirmaron que los insultó con groserías.
Luego de seis horas de estar detenido ilegalmente, pues no había un cargo en su contra, Flores Solorio fue puesto en libertad pero posteriormente fue detenido nuevamente por militares y desde entonces no se supo nada de él.
Así se acreditó con las grabaciones de las cámaras de seguridad pública y entrevistas de los propios militares, con lo que se comprobó la desaparición forzada del quejoso y la consecuente vulneración de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad, así como sus derechos a la integridad personal y personalidad jurídica.
El derecho a la integridad personal fue violado también a la esposa del desaparecido, debido al sufrimiento provocado por la incertidumbre sobre la situación de su marido.
Como parte del amparo, se obligó a las autoridades a reparar el daño y se estableció que el amparo no quedará cumplido hasta en tanto no aparezca Flores Solorio con vida, o en su caso se localicen sus restos, acreditando plenamente su identidad. Además, se ordenó fincar cargos a los responsables de este caso.
El Financiero
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