Institutos autónomos: Alberto Esteva

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de señalamientos hacia los integrantes de los organismos autónomos fundamentales del país, destacando los casos del Instituto Federal Electoral y el Instituto Federal de Acceso a la Información.

En el primer caso, por las poco más de 6 horas en las que se discutieron los dictámenes de los informes de gastos de campañas presidenciales a la Unidad de Fiscalización, el segundo caso, el bochornoso espectáculo que se dio en razón de la elección del comisionado presidente, Gerardo Laveaga.

Estos dos ejemplos, dieron material suficiente para que la ciudadanía – a la que deben su constitución y su razón de existencia – manifestara su desconcierto y confirmara la crisis de credibilidad por la que atraviesan no solo estos dos organismos, sino muchos más de naturaleza similar.

En un ejercicio rápido, además del IFE y el IFAI, la CNDH, Cofetel, Cofeco, Banco de México e INEGI, están en medio de vendavales de críticas tanto de la clase política, como por cámaras empresariales, de comercio y ciudadanía por su actuar.

Han surgido voces que manifiestan la prioridad de hacer un cambio de sus integrantes, sin excusa fundada no faltan los partidos, empresarios o políticos que quieren remover a funcionarios, algunos porque les son incómodos, otros por conveniencia.

Lo cierto es, que los últimos años, esos cargos se han convertido en posiciones de partidos políticos y grupos de poder que buscan defender sus intereses y con ello, se lacera la relación que debe existir entre la ciudadanía y el fin último de cada institución.

Es momento de hacer una reflexión y regresar a las raíces de cada organismo, buscando que se integren con los perfiles más idóneos que representen completamente a la sociedad y se cumpla el elemento de autonomía para que puedan cumplir cabalmente sus funciones.

La autonomía de estos institutos, es piedra angular para el desarrollo de sus funciones, ésta, no debe solamente agotarse en la disposición legal que los creo, sino debe regir cada acto de su existencia, incluida la selección de sus integrantes y funcionarios.