Sistema penal caduco: Alberto Esteva

Oaxaca de Juárez, 26 de enero. En pasados días, la ciudadana francesa Florence Cassez obtuvo su libertad tras habérsele otorgado un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y delincuencia organizada por el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en 2008, abandono el país después de haber permanecido siete años en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. 

Después de los debates interminables sobre su culpabilidad, mas allá de los razonamientos expuestos por los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz y Olga Sánchez Cordero, tenemos que concluir que nuestro Sistema Penal es  inoperante y deficiente.

En México, el texto constitucional referente al derecho que tiene una persona a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, hoy día, esta caduco.

Los testimonios contradictorios, las declaraciones incongruentes, la fabricación de pruebas, la indebida integración de la averiguación previa, el montaje televiso, el conflicto Internacional solo prueban que urge acelerar el proceso de transición del sistema inquisitorio al  acusatorio.

Florence Cassez, representa un caso más de que nuestro sistema encargado de administrar justicia, hace todo excepto eso, justicia, su razón de existir.

Hoy muchos mexicanos, según encuestas realizadas, se sienten ofendidos, enojados, frustrados y desamparados.

La reflexión más importante no debe distraerse en el periodista que acepto ser partícipe del montaje, mucho menos en el policía que aprendió a Cassez, ni de los mandos policiacos que instruyeron la fabricación de pruebas, tampoco en el indebido actuar del ministerio público que llevo la averiguación, mucho menos en el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, ni en los ministros de la Suprema Corte de Justicia y, porque no, tampoco en la misma Florence Cassez.

Debe enfocarse en las tantas personas que están en nuestras cárceles purgando penas indebidas, otro tanto igual que están fuera cuando deberían estar sentenciadas y el doble o triple –si no es que más- de personas que han sido víctimas de algún delito y que no sienten ese resarcimiento de nuestro sistema penal.

Muchos recordamos la penosa y triste travesía de  José Antonio Zúñiga, protagonista del documental de Roberto Hernández y Layda Negrete, (Presunto Culpable) quien fue víctima del sistema penal caduco que tiene nuestro País y, aunque lejos de hacer una comparación con el caso Cassez (que además no tiene similitud), ambos casos representan ejemplos claros de la ineficiencia legal. 

Toño Zuñiga conto con el respaldo de la organización  “Abogados con Cámara”; la fortaleza de Florence Cassez estuvo en el hecho que Francia puso su liberación en la agenda bilateral, es un hecho indiscutible. Pero la pregunta más importante debería de ser: ¿ y a los demás quien los representa?

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversos artículos de nuestra Constitucion y,  con ello, se encamino al sistema penal mexicano hacia el procedimiento acusatorio y oral, cuyos principios básicos serian la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

El sistema acusatorio es pues un modelo diametralmente opuesto al inquisitivo, este último, basado en inquisición general del delito, donde el Juez tiene que confirmar, en primer lugar, la comisión del delito para poder dirigirse con posterioridad a su autor. Esta relación entre el hecho y la autoría, se salvaba a través de la confesión del inculpado o por testimonios de testigos.

Como lo define el Consejo de la Judicatura:  “En el sistema acusatorio, el juez inquisitivo debe encontrar al autor de los hechos. El juez de sentencia recibe al acusado ya identificado como tal por otro juez. La oralidad es el medio por el que se manejara el proceso penal, el cual estará presidido por la idea de debate, de controversia, de contradicción, de lucha de contrarios y será la síntesis dialéctica de la actividad de las partes encaminada a velar por los intereses que representan.”

La reforma impuso como fecha límite ocho años para que se hicieran las modificaciones necesarias en las Leyes Secundarias y se diera este tan importante paso, sin embargo, recientemente la Secretaría de Gobernación dio a conocer que la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal tiene un mínimo avance de 14.3%.

Y aunque para este 2013, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se solicitaron 562 millones 144,524 pesos para la Implementación de la Reforma, estados como Quintana Roo, Sinaloa, Coahuila y Nayarit no presentan ningún avance, por lo que sería hasta el 2016 cuando se tiene previsto que la reforma quede implementada en todos los estados.

Once entidades, como Baja California (Sur y Norte), Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México y DF, presentan planes de reorganización institucional y de capacitación. Apenas en doce estados se ha reformado su Constitución para armonizarla a la reforma federal y en Yucatán, Guanajuato e Hidalgo inició ya el sistema penal acusatorio.

Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas tienen en operación en su totalidad o en algunas de sus regiones el sistema acusatorio adversarial.

Como podemos advertir, es un rezago gigantesco, en 55 meses solo se tiene un avance del 14%, lo que se reproduce que por cada mes, se avanza un 0.25%. En 41 meses restantes y a este paso solo estaríamos llegando a un triste 24%.

Es urgente que el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, los Gobiernos locales, los Congresos de todas las entidades y todos  los involucrados asuman su responsabilidad, mas allá de cumplir con los plazos, es para cumplir con la ciudadanía a la que se deben.

@AlbertoEsteva