Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. Señalamientos de periodistas han colocado al portal Infodemia en el centro de la polémica, al acusarlo de desacreditar investigaciones sin sustento y operar como una herramienta de defensa gubernamental. El proyecto, impulsado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, también enfrenta cuestionamientos por el uso de recursos públicos en la producción de contenidos
El portal Infodemia, impulsado desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), se ha convertido en un foco de controversia al ser señalado por periodistas como una herramienta que desacredita sin pruebas investigaciones, mientras consume recursos públicos significativos.
Lejos de consolidarse como un ejercicio legítimo de verificación, su actuación ha sido cuestionada por contribuir al deterioro de la credibilidad del periodismo en el país.
De acuerdo con Emeequis, diversos testimonios apuntan a que este espacio opera bajo una lógica de descalificación sistemática de contenidos críticos hacia el gobierno, sin sustento documental suficiente, lo que ha encendido alertas sobre su uso político.
El funcionamiento de Infodemia también ha sido objeto de críticas por el uso de recursos públicos. Documentos obtenidos vía transparencia muestran que el SPR ha destinado cientos de miles de pesos a la producción de contenidos, guiones y servicios relacionados con este proyecto.
Tan solo en 2023 se reportaron pagos que superan los 700 mil pesos en servicios de coordinación, redacción y generación de contenido, incluidos materiales para plataformas como TikTok. En 2024 y 2025 los montos continuaron en aumento, con erogaciones que superan el medio millón de pesos en distintos rubros, lo que refuerza la percepción de un aparato financiado con recursos públicos para intervenir en la narrativa informativa.
Periodistas afectados señalan que Infodemia ha desacreditado investigaciones documentadas con evidencia sólida. Uno de los casos citados es el del reportero Alberto Valiente, quien tras publicar un trabajo sobre presuntos vínculos entre programas sociales y afiliaciones partidistas, fue desmentido por el portal oficial sin que se refutaran las pruebas presentadas.
El periodista advierte que este tipo de prácticas puede confundir a las audiencias, al simular un ejercicio de verificación similar al de plataformas independientes, cuando en realidad –afirma– se trata de un mecanismo para “blanquear” información favorable al gobierno.
En una línea similar, David Fuentes ha documentado cómo reportajes sustentados en datos oficiales han sido desestimados por Infodemia. Entre ellos, investigaciones sobre el desempeño de autoridades en la capital del país o la presencia de grupos criminales, que fueron rechazadas sin un análisis de fondo.
El caso más avanzado es el del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien promovió un amparo contra Infodemia tras considerar que las descalificaciones a su trabajo afectaron su reputación profesional. El comunicador ha documentado vulneraciones de ciberseguridad que, asegura, fueron inicialmente negadas por autoridades y por el propio portal, pese a que posteriormente el gobierno reconoció algunos de estos incidentes.
Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide a Infodemia emitir señalamientos sobre su trabajo sin sustento técnico, lo que abre un precedente sobre los límites de este tipo de plataformas oficiales.
Las críticas coinciden en un punto central: Infodemia se sustenta, en muchos casos, en información emitida por las propias dependencias gubernamentales para desmentir reportes periodísticos, lo que genera un conflicto de interés evidente. Para los periodistas, esto equivale a que el gobierno actúe como juez y parte en la validación de la información pública.
En este contexto, el proyecto es visto por sus detractores como un “engendro” que, lejos de combatir la desinformación, contribuye a erosionar la confianza en el periodismo y a profundizar la polarización informativa en México.
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