Oaxaca de Juárez, 5 de mayo. Mario Maldonado, un columnista bastante bien informado de El Universal, ha estado sorprendido, alarmado y preocupado porque la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en su contra por haber sido la primera persona que difundió en redes sociales un video en YouTube de una comprometedora conversación entre el fiscal Alejandro Gertz Manero, y su segundo de a bordo, Juan Ramos, sobre el caso de su familia política que iba a votar la Suprema Corte. Y tiene razón. El fiscal quiere aplastarlo para que, a través de él, envíe el mensaje a todos de que es un capitán de tormentas que sabe cómo se usa el poder –por lo que hemos visto, por las buenas o por las malas.
Gertz Manero no está solo. Cuenta con el respaldo más sólido que puede tener, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien evadió referirse directamente al caso de Maldonado, subrayando su intención de no intervenir en los asuntos de la Fiscalía, salvo cuando fuera una cuestión grave. Cómo define el Presidente los parámetros de ‘gravedad’, es algo personal que no se sustenta en lo que dice la ley. En este caso, las violaciones al debido proceso en las que ha incurrido el fiscal no son graves, ni inventar delitos, como dijo la Suprema Corte sobre el tema de su familia política. En privado, sin embargo, es muy distinto.
López Obrador está completamente de acuerdo en que Gertz Manero vaya sobre Maldonado, lo persiga y lo procese. El tema le fue planteado poco después de que el fiscal especializado de Control Regional, Germán Castillo Banuet, dio a conocer la semana pasada en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que se había iniciado una investigación contra el periodista por el presunto delito contemplado en el artículo 211 bis del Código Penal Federal. Aunque en ese artículo no queda claro que haya violado la ley, debido a que no copió ni difundió el video de un sistema o equipos de seguridad del gobierno, sino de la plataforma pública YouTube, el Presidente estableció internamente lo que creía.
En una reunión con sus colaboradores, le pareció correcto lo que había hecho Gertz Manero en contra de Maldonado, como efecto de demostración a los medios y periodistas de que están ‘coludidos’ con sus enemigos, a quienes identifica como conservadores o neoliberales que están empeñados en atacar a quienes, como él, pretenden el cambio del país. Una vez más, el Presidente estaba fuera de foco, dentro del narcisismo de que todo lo que sucede negativamente para sus funcionarios no obedece a que quizás obran mal, sino a los enemigos de su administración. Al no dejar espacio para la discusión, en automático se convierte su radicalismo rudimentario en respaldo para quien está siendo criticado.
Un experto legal subrayó que la difusión de un audio como tal, no está contemplada como acción a perseguir, y menos sancionar en el Código Penal. Explicó que hay ausencia de delito, en los términos como lo planteó Castillo Banuet, pero existe un comportamiento “cívicamente reprochable” al ser la grabación una intromisión ilegítima. Por ello, agregó en un contexto general, cualquier conocimiento sin consentimiento sería un ilícito civil. A partir de lo público y hablado, hay muy pocas personas que consideran que lo que hizo Maldonado, colocar en sus redes sociales un audio público en YouTube, sea delito alguno, al plantearse implícitamente un principio ético en el periodismo, donde existe el espacio para difundir materiales de ese tipo si el contenido significa un bien mayor para la sociedad, como sucedió en este caso, al mostrar cómo el máximo responsable de proteger la justicia, la viola.
Con el aval de un Presidente que agita los pompones para respaldar a su fiscal, Gertz Manero va a proceder contra Maldonado, sin importarle nada. Al Presidente, totalmente refractario al cumplimiento de la ley, menos.
La organización internacional Artículo 19, que defiende la libertad de expresión en el mundo, condenó que se abriera la carpeta de investigación contra Maldonado y señaló que Castillo Banuet, al compartir información pública del periodista, lo criminalizó y estigmatizó. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó la investigación contra él como “contraria a la libertad de prensa”. Las condenas contra la Fiscalía van a continuar, y se profundizarán cuando permee el alcance de lo que quiere hacer contra Maldonado.
En la entrevista con Gómez Leyva, Castillo Banuet lo señaló como parte de una “operación concertada” para intervenir y publicar la llamada entre Gertz Manero y Ramos, lo que sí tendría cabida en el artículo 211 bis del Código Penal, pero no como difusión de una conversación ilegítimamente obtenida, sino por presunto responsable de espionaje, lo que lleva una pena de 12 años de cárcel. Entonces Maldonado, que como periodista recibió un tip o se topó con el video de YouTube mientras estaba pescando en las redes –como muchos de nosotros lo hacemos como método–, sería perseguido y eventualmente procesado por un delito de espionaje, lo que escala la dimensión de la carpeta de investigación.
Esta segunda parte de las imputaciones dadas a conocer por Castillo Banuet son nucleares. Gertz Manero no tendría que abrir carpetas de investigación a todas las personas, periodistas o no, ni a medios o instituciones que difundieron la conversación telefónica, como desde un punto de vista jurista, químicamente puro, tendría que ser, y llegar al choque en tribunales, donde el contraalegato encuentra sus raíces en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
Para la Fiscalía no se trata de la discusión sobre el derecho a estar informado a partir del bien común que empleó para ello una grabación ilegal, sino se va a fondo: Maldonado participó en el esquema de intervención de las comunicaciones de los fiscales, que lo convierte en espía, y se encargó de su difusión, que lo hace un conspirador. Tiene razón el periodista de estar preocupado por lo que se le viene encima. Pero todos debemos estar alertas, porque con el aval presidencial no existen controles ni límites.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter:@rivapa
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