San Raymundo Jalpan, Oax., 23 de octubre. Para fortalecer el marco de seguridad pública en beneficio de la población, el Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que implemente políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo, combatir y prevenir la comisión de delitos a través del uso de medios digitales, informáticos, electrónicos y telemáticos.
Esta acción busca generar un ecosistema digital más seguro, donde la tecnología sea un instrumento del progreso y no un medio de vulneración, asegurando que la actuación del Estado se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, centrándose en la prevención, la reducción de la incidencia delictiva y la protección anticipada de los derechos fundamentales de las y los oaxaqueños.
Asimismo, es una respuesta a la incidencia de delitos cometidos a través de medios digitales como el fraude en línea, el robo de identidad, la extorsión cibernética y la difusión de software malicioso (Malware y Ransomware), fenómenos que han afectado tanto a personas usuarias, empresas e instituciones.
La propuesta fue impulsada por la legisladora Elvia Gabriela Pérez López del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y respaldada por las diputadas que también lo conforman Eva Diego Cruz y Melina Hernández Sosa, quienes destacaron la necesidad de establecer estrategias que garanticen la protección de los datos personales, la privacidad y la integridad digital de las y los oaxaqueños.
De acuerdo con la promovente, la SSPC es la institución idónea para implementar políticas públicas orientadas a reducir estos factores de riesgo, pues es garante de la paz y el orden público, que combate la incidencia delictiva, pues tiene como misión garantizar y preservar la seguridad física y patrimonial de las y los oaxaqueños y de toda persona que transite por el territorio estatal, en coordinación con las demás instituciones de seguridad pública del gobierno federal y municipal.
Por su parte, la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil al emitir el dictamen consideró que la medida es jurídicamente viable, socialmente necesaria y técnicamente pertinente, y resulta impostergable atender una de las problemáticas más apremiantes de la era digital.
Además, subrayó que es responsabilidad del Estado tomar acciones de prevención, detección y atención oportuna de estos ilícitos, mediante acciones de capacitación, educación digital y fortalecimiento institucional.
La medida se alinea con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de México y el artículo 12 de la Constitución local; de igual forma con normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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