Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció a favor de que México avance hacia una regulación sobre las decisiones relacionadas con el final de la vida, bajo un marco que garantice la dignidad, autonomía y seguridad jurídica de las personas.
La discusión ocurre mientras la eutanasia continúa prohibida en México. La Ley General de Salud vigente contempla los cuidados paliativos para pacientes en situación terminal, pero mantiene restricciones expresas para provocar intencionalmente la muerte de una persona.
CNDH pide garantías para pacientes y médicos
La postura del organismo coloca nuevamente en la discusión pública la posibilidad de establecer reglas específicas para que las personas puedan tomar decisiones sobre el final de su vida.
La CNDH ha sostenido que el concepto de una muerte digna está relacionado con la protección de la dignidad de las personas, así como con el acceso a cuidados paliativos y el respeto a las decisiones del paciente dentro del marco jurídico.
De acuerdo con el planteamiento dado a conocer, cualquier eventual regulación tendría que contar con procedimientos claros, salvaguardas y mecanismos de supervisión, con el objetivo de evitar abusos y brindar certeza tanto a los pacientes como al personal médico involucrado.
Entre los elementos que estarían en el centro de la discusión se encuentran el consentimiento informado, la autonomía de los pacientes, la evaluación médica y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Eutanasia sigue prohibida en México
Actualmente, la legislación mexicana permite que las personas con enfermedades terminales accedan a cuidados paliativos y rechacen determinados tratamientos médicos para evitar la obstinación terapéutica, pero esto no equivale a autorizar la eutanasia.
La propia CNDH ha explicado anteriormente que México cuenta con mecanismos de voluntad anticipada, mediante los cuales una persona puede establecer que no desea recibir tratamientos destinados a prolongar artificialmente su vida bajo determinadas condiciones médicas. Sin embargo, estas disposiciones no permiten que un médico provoque de manera directa la muerte del paciente.
La distinción resulta clave: la ortotanasia permite que la muerte ocurra de manera natural, evitando tratamientos desproporcionados y procurando aliviar el sufrimiento, mientras que la eutanasia implica una intervención destinada directamente a provocar la muerte a petición del paciente.
Congreso analiza iniciativas para cambiar la ley
El tema ya forma parte de la agenda legislativa. En la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, con la intención de establecer condiciones específicas para permitir la eutanasia en determinados casos.
Una propuesta presentada en septiembre de 2025 planteó reconocer este derecho para pacientes oncológicos y personas con enfermedades terminales, además de establecer procedimientos y controles para su aplicación.
También se encuentra en la discusión la llamada Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana que busca modificar el marco sanitario para permitir la muerte médicamente asistida a personas con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles. En septiembre de 2026, organizaciones promotoras entregaron cerca de 190 mil firmas a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, quien se comprometió a revisar las propuestas legislativas.
Suprema Corte también revisa la prohibición
El debate no se limita al Congreso. En junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió analizar un caso relacionado con la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido.
El asunto plantea si una prohibición absoluta puede entrar en conflicto con derechos como la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, además de abordar cuestiones relacionadas con consentimiento informado, libertad de conciencia, cuidados paliativos y protección de personas vulnerables.
Hasta ahora, la eutanasia no está legalizada en México, por lo que cualquier cambio requeriría modificaciones al marco jurídico vigente o una resolución judicial que altere la interpretación de las normas actuales.
Publimetro/Foto: generada por IA
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