Excesos y vacíos de autoridad: Abel Santiago

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. La salvaje conducta magisterial de la semana pasada ha quedado sin castigo, a pesar de que todos los medios difundieron sus ilícitos, que lo menos que merecen es la reparación de los daños y la pena corporal de los autores, fotografiados en plena acción delictiva. La lucha social está muy alejada de esos actos gansteriles, que de ninguna manera pueden considerarse de presión para lograr la solución a sus descabelladas demandas. México es un país en el que sobran las leyes, y se siguen expidiendo más, pero sólo se aplican en contadas excepciones, que llegan a veces a ser excesivas, mientras en casos como estos se siente el vacío de poder, la falta de autoridad para juzgar a los hampones. En uno de mis artículos me referí a la necesidad de reglamentar las manifestaciones y plantones, con la aclaración de que no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de que simplemente se respete el derecho de terceros, o sea de la población en general, que siempre es la que resulta afectada con esas formas dizque de presión para la solución de las demandas.

En algunos estados de la República se ha pretendido legislar para acabar con las movilizaciones abusivas, pero en su aplicación se ha llegado a excesos, lo que ha motivado que no sólo resulten inoperantes, sino que se ha llegado a su abolición. El gobernador de Chiapas, por ejemplo, Manuel Velasco Coello, envió el pasado 19 de mayo una iniciativa para crear el Código que establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, bautizada como ley bala o ley garrote, que fue aprobada de inmediato por el Congreso local por 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El cuatro de junio el gobernador publicó su represivo Código en el Diario Oficial del Estado. Recientemente, debido a protestas ciudadanas y de organizaciones sociales, envió una iniciativa para abrogarlo, lo que ocurrió en seguida, poniéndose nuevamente de manifiesto la docilidad del Congreso local. El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, hizo aprobar en marzo pasado una Ley de Ordenamiento Social, con ánimo restrictivo de las manifestaciones de protesta, pero éste no ha ordenado su derogación, a pesar de que también ha habido protestas locales y nacionales en contra, tal vez porque no se ha aplicado en forma excesiva.

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, igualmente había promulgado una ley llamada de inmediato por la ciudadanía ley bala de corcho, que inclusive durante su vigencia y aplicación causó la muerte de un niño en una de las protestas sociales en contra, lo que motivó que el propio gobernador enviara al Congreso local otra iniciativa, ésta para derogarla, lo que hizo el citado Congreso tan pronto como recibió la nueva orden. Fue un error su uso exagerado, aun cuando la ley era considerada positiva para frenar las marchas frecuentes, que impiden el libre ejercicio de la actividad ciudadana. En el Distrito Federal la Asamblea Legislativa incluyó en la Ley de Movilidad un operativo de movilización policíaca en contra de las abundantes manifestaciones en el área metropolitana. Esta ley sigue vigente y se ha aplicado en algunos casos, sin que las movilizaciones en contra hayan surtido efecto, seguramente porque el Gobierno del DF se ostenta como de izquierda, lo que ha sido sólo de palabra, porque en los hechos actúa más como priísta, por lo que el Partido de la Revolución Democrática está en riesgo de perder esta posición en las próximas elecciones.

Otra ley semejante, pero en contra del trabajo periodístico, fue promulgada en el estado de Sinaloa, donde posteriormente los diputados presentaron una iniciativa para derogar esa ley mordaza, que dos días antes habían aprobado, mediante la creación del artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la que se limitaba el trabajo de los periodistas en el estado. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría priísta, anunció el viernes pasado que luego de las inconformidades de organizaciones ciudadanas y de periodistas contra la nueva disposición legal, aprobada dos días antes, se presentó la iniciativa para que sea abrogada por la diputación permanente el próximo 19 de este mes de agosto, por encontrarse actualmente de vacaciones. Después se convocaría al pleno a periodo extraordinario para discutir el dictamen. El decreto de reformas a la Ley Orgánica de la PGJE ya fue publicado en el Diario Oficial del Estado. La iniciativa fue enviada por el gobernador Mario López Valdés a mediados de julio, y el Congreso local la aprobó de inmediato. En síntesis, el decreto dice: “Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad de Acceso a la Información Pública, siempre que se cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.” En la ciudad de México el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que la ley mordaza que pretendió aplicarse en Sinaloa, representó un intento de limitar el trabajo periodístico sobre temas de violencia e inseguridad. Ello habría sido, dijo, un antecedente negativo para poner límites a los periodistas de manera oficial, para evitar que indagaran sobre temas que al gobierno le resultan incómodos.

La abundancia de las leyes en México es tanta como su falta de aplicación en casos de legalidad y justicia. Lo decimos al principio y lo repetimos, es urgente aplicar la ley en los casos brutales de su violación, como lo hace el magisterio oaxaqueño. Para someter a juicio a estos vándalos hace falta un principio de autoridad y de respeto a sí misma. Para evitar más daños al pueblo es necesaria la reglamentación de manifestaciones y plantones, no la expedición de leyes represivas. No a los excesos, pero tampoco tolerancia que exhiba los vacíos de poder y de autoridad.

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