Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. Durante varias horas, la Administración Federal de Aviación, la FAA, prohibió los vuelos comerciales y civiles a menos de 18 mil pies de altura de El Paso, Texas, a Santa Teresa, Nuevo México, un pequeño corredor de seis kilómetros a lo largo de la frontera con México. La medida generó intensa especulación y rumores al advertir a las aerolíneas estadounidenses que volar en esa zona no era seguro. Poco después, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en X que la FAA y el Departamento de Defensa habían neutralizado drones de los cárteles mexicanos que habían violado el espacio aéreo, eliminando el peligro para el tráfico aéreo comercial. La fiscal general, Pam Bondi, lo reiteró durante una audiencia en la Cámara de Representantes.
¿Qué significaron las declaraciones de Duffy y Bondi, respaldadas por funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca? Que los cárteles mexicanos cometieron un acto de guerra en territorio estadounidense. Guardando toda comparación, una acción de esta naturaleza no se había visto desde el 11 de septiembre de 2001, cuando Al Qaeda realizó tres ataques terroristas –un cuarto se frustró camino al Capitolio– en las Torres Gemelas en Nueva York, y en el Pentágono, en los suburbios de Washington. Sin embargo, no está tan claro que así haya sido.
La acción causó confusión en la clase política estadounidense, reflejada en los medios, que mostraron versiones encontradas. La de Duffy fue refutada por el alcalde de El Paso, Renard Johnson, y la diputada de esa ciudad, Verónica Escobar, quienes aseguraron que no había tal amenaza, acompañados por versiones de aerolíneas recogidas por Reuters, de que la suspensión de sus actividades se originó en un ejercicio del Pentágono para probar tecnología para contrarrestar drones de los cárteles a lo largo de la frontera. ¿O acaso fue sólo un globo aerostático confundido con un dron, que derribaron en la frontera, lo que detonó la alarma? No se sabe con certeza si fue verdad la invasión del espacio aéreo por parte de drones operados por los cárteles mexicanos, o no.
Es verosímil, sin embargo, reforzada por la coincidencia de declaraciones de altos funcionarios de la administración Trump, que alimentaron las denuncias de que las organizaciones criminales controlan buena parte del territorio mexicano, particularmente la frontera norte, lo que les permite elevar la presión pública sobre el gobierno de México para que acepte operaciones conjuntas militares y de la CIA contra los cárteles.
Sellar el espacio en esa zona generó inquietud y ansiedad. En los suburbios de El Paso se encuentra Fort Bliss, la tercera base militar más grande de Estados Unidos, y ahí se encuentra el Centro de Inteligencia de El Paso, operado por la DEA, donde se recoge y analiza la información de 21 agencias policiales y de inteligencia sobre las posibles amenazas, en particular a lo largo de la frontera con México. El tema de los drones que se ven como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, no es nuevo, y se arrastra públicamente desde la primavera de 2024, cuando se reveló la preocupación del gobierno de Joe Biden por la expansión tecnológica de China en México.
Pero la preocupación por aquellos drones era por razones de espionaje, que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ignoró. Los utilizados por el narcotráfico hicieron su aparición en Tierra Caliente, en Michoacán, en 2017, con drones artesanales del Cártel Jalisco Nueva Generación. La atención sobre esta nueva forma de guerra surgió públicamente hasta julio del año pasado, cuando, en una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Steven Willoughby, director de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (drones) del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los cárteles mexicanos estaban realizando casi diariamente vigilancia “hostil” de los cuerpos de seguridad estadounidenses.
“En los últimos seis meses de 2024”, agregó, “se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur, operando casi 60 mil vuelos, la mayoría de ellos conducidos de noche o en altitudes restringidas”. Willoughby recordó que en Ucrania y en Medio Oriente se estaban utilizando los drones para realizar ataques cinéticos, que son aquellos que, con fuerza y violencia, dañan o destruyen objetivos y sistemas. “Es cuestión de tiempo para que (los cárteles mexicanos) ataquen a estadounidenses o a las fuerzas de seguridad”, agregó. El gobierno mexicano desestimó su declaración.
En agosto del año pasado, escasos cuatro meses después de esa audiencia, se reveló en este espacio que los vuelos de drones espías estadounidenses se habían intensificado desde poco antes de la declaración de Willoughby –en cooperación con las autoridades mexicanas, aunque oficialmente se negó–, porque detectaron que un colombiano y un venezolano habían llegado directamente desde Ucrania a la región de Tierra Caliente, en Michoacán, para capacitar a los cárteles en esa zona del país.
Los sudamericanos, cuyos nombres no fueron revelados, pelearon con la 76.ª División Aerotransportada de la Guardia de Rusia, que forma parte de las fuerzas de élite aerotransportadas rusas, conocidas por su capacidad de despliegue rápido y movilidad excepcional. Se sumaron a una fuerza criminal que cuenta con mexicanos y extranjeros que han estado en guerras en Europa y Asia, pero con una capacidad muy distinta: el manejo de drones sin necesidad de radiodifusión.
Si el uso de drones se convirtió en una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, el que se estuvieran capacitando grupos criminales en el manejo de naves no tripuladas sin radiodifusión escaló el conflicto de una manera vertiginosa. Los drones que operan sin radiodifusión son los autónomos programados (GPS/INS), que también se llaman “kamikaze”, que no emiten señales, por lo que son más difíciles de detectar y neutralizar. Una vez que son lanzados, buscan su objetivo mediante algoritmos de reconocimiento o preprogramación, sin tener que depender de ningún operador remoto.
La discusión desatada en Estados Unidos por la medida de la FAA tiene como fondo, cuando menos en la administración Trump, la amenaza que significa la nueva tecnología en manos del crimen organizado. Los drones modificaron el combate contra las organizaciones mexicanas, en especial con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que, de acuerdo con fuentes estadounidenses, es el más avanzado y sofisticado en tecnología. El combate contra ellos ya no es convencional, sino electrónico, como son las guerras hoy en el mundo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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