San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de febrero. En Sesión Ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de fiscalización ciudadana, garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y consolidar la participación social con perspectiva de igualdad de género en el ámbito municipal.
La reforma establece nuevas obligaciones para los ayuntamientos en materia de contraloría social, promoviendo la integración formal de los Comités de Contraloría Social como órganos ciudadanos encargados de supervisar, vigilar y dar seguimiento a la ejecución de obras y programas financiados con recursos federales, estatales y municipales, fortaleciendo así la rendición de cuentas desde el territorio.
Entre las adecuaciones aprobadas, se incorpora como atribución expresa de los ayuntamientos la promoción e instalación de los Comités de Contraloría Social y de la Contraloría Interna Municipal, garantizando además la capacitación de sus integrantes y la dotación de herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones.
Asimismo, se establece la obligación de las presidencias municipales de atender los requerimientos de información formulados por el Contralor Interno Municipal y por los propios Comités de Contraloría Social, los cuales deberán conformarse durante el primer trimestre del ejercicio fiscal correspondiente, asegurando su operación oportuna en la supervisión de las obras públicas.
El decreto también precisa que los Comités de Contraloría Social estarán integrados por tres personas ciudadanas del municipio, electas mediante asamblea democrática en sus comunidades, agencias, colonias o localidades beneficiadas, incorporando de manera obligatoria el principio de paridad de género. Además, se establecen requisitos específicos para evitar conflictos de interés, prohibiendo la participación de servidores públicos, dirigentes políticos o religiosos, contratistas, proveedores o familiares directos de integrantes del cabildo.
De igual manera, se fortalecen las atribuciones de estos órganos ciudadanos al facultarlos para integrar informes trimestrales derivados de la supervisión de obras, intervenir en los procesos de entrega-recepción y comunicar directamente a las personas beneficiarias los resultados del seguimiento realizado, promoviendo una vigilancia social efectiva y transparente.
Como parte de las medidas complementarias, los ayuntamientos deberán garantizar la difusión periódica de la información financiera y del avance físico de las obras públicas en los estrados municipales, asegurando el derecho de las comunidades al acceso a la información y fomentando la máxima publicidad en el manejo de los recursos públicos.
El dictamen deriva de la iniciativa presentada por la diputada Dulce Belén Uribe Mendoza, orientada a robustecer el marco jurídico de la contraloría social y asegurar que la integración de estos comités responda a procesos auténticamente democráticos, evitando designaciones discrecionales y fortaleciendo la vigilancia imparcial del gasto público.
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