Sarai Jiménez
Oaxaca de Juárez, 6 de mayo. Autoridades municipales de San Mateo del Mar, distrito de Tehuantepec, apoyados por sus agencias, denunciaron y responsabilizaron a Bernardino Ponce Hinojosa y a su asesor, Jorge Leoncio Arroyo Rodriguez, de la violencia que se registró el pasado fin de semana en comunidad.
A través de un comunicado firmado por la autoridad municipal y las agencias, denunciaron la serie de carencias y servicios básicos sin los que han tenido que vivir, aunados a una inestabilidad política y social por violaciones a sus derechos humanos indígenas ante el vacío de autoridad que viven y que les ha generado un ambiente de inseguridad y abandono.
Subrayaron que en los días de mayor riesgo de la pandemia, se implementaron medidas de sanidad ante el Covid-19, gestionaron cubrebocas, desinfectantes, y tinacos de agua para que la población pudiera lavarse las manos, así como la apertura de la clínica en la cabecera municipal, además de cancelar eventos importantes para el pueblo ikoots, cuidando las medidas entre todos los ciudadanos, sobre todo entre los foráneos.
Narraron que en las primeras horas del pasado 2 de mayo, ante la presencia de representantes de todas las comunidades, llegaron hasta este lugar personas que dijeron ser de la comunidad de Laguna Santa Cruz y la Reforma, en estado alcoholizado que insistían en ingresar con un grupo musical de manera violenta e insultando a la gente, por lo que después de vandalizar y agredir a los habitantes fueron trasladados a la cárcel de Huazantlán.
Por la tarde, un taxista llegó ante las autoridades para comentarles que policías municipales y gente armada habían retenido al suplente del agente municipal de la colonia Juárez y al tesorero, a quien se llevaron a la colonia Reforma donde despacha Bernardino Ponce Hinojosa.
A las 12 de la noche del mismo día, personas armadas y encapuchadas llegaron al retén de Huazantlán y comenzaron a disparar contra la ciudadanía gritándo: “sí hay un presidente municipal y les manda decir esto”, los agresores rompieron la cadena y por el ataque armado hirieron a varios ciudadanos, le prendieron fuego a dos vehículos que se encontraban en el lugar, otros se escondieron y huyeron como pudieron.
Denunciaron que como consecuencia de este ataque, este grupo armado de policías municipales se posicionó de la agencia, la quemaron y destruyeron recorriendo las principales calles de la comunidad y diciendo que a partir de ahora ellos eran la autoridad y ellos mandaban gritando: “el presidente municipal Bernardino Ponce es el presidente y a partir de ahora somos la autoridad aquí”, afirmando que querían la cabeza del agente municipal y el Cabildo.
Aseguraron que muchos desde sus casas vieron que llegaron a la casa de Rodrigo Villalobos, y lo quemaron y posteriormente se fueron a la casa del agente municipal, José Luis Chávez por lo que toda la madrugada del 3 de mayo estuvieron disparando.
Después, una comisión de ciudadanos verificó que la casa del señor Porfirio Martínez había sido quemada afectando a su esposa y sus tres menores hijos.
Indicaron que al trasladarse a la agencia encontraron a Rubén Hidalgo Abasolo, gravemente herido, junto con su esposa quien dijo que gente de Bernardino Ponce lo habían lastimado y robado su camioneta.
Confirmaron que el 3 de mayo llegaron elementos de la policía estatal, tomaron fotos, estuvieron en la comunidad de Huazantlán, se quedaron cuatro horas y se retiraron.
Ante este ambiente de vandalismo, asesinato y ataque armado por parte de la policía de Bernardino Ponce Hinojosa al pueblo de San Mateo del Mar, denunciaron y rechazaron este tipo de actos, al afirmar que son un pueblo pacífico y no manejan armas.
Por la grave situación que viven, demandaron al gobierno del Estado y a la Secretaría General de Gobierno, la integración urgente de una comisión para atender este tema con el fin de garantizar la seguridad y la vida de la ciudadanía del municipio de San Mateo del Mar.
En este mismo sentido, pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga en este caso, y se evite la violación a sus derechos humanos en lo individual y colectivo.
Dijeron que no tienen libre tránsito y no pueden salir del municipio, ya que la policía municipal encapuchada seguía controlando la carretera por lo que no podían como autoridad salir a interponer una denuncia por todo lo sucedido.
Demandaron la presencia de la Guardia Nacional para prevenir más ataques y garantizar el cese de las agresiones a todas las comunidades.
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